San Caetano, la sede central del Gobierno gallego, en Santiago de Compostela, amaneció este jueves con una celulosa de cartón piedra a las puertas y varios activistas bloqueando la entrada de vehículos. Se trataba de una de las características acciones de desobediencia civil de Greenpeace, con la que, además de recordar a la ciudadanía su oposición al proyecto de macrocelulosa que Altri planea para Palas de Rei (A Ulloa, Lugo), lamentaban el silencio del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ante su petición de reunión. Ni siquiera les ha contestado. La agrupación ecologista aprovechó el viaje a San Caetano para, minutos antes de la acción, entregar en el registro autonómico 570.000 firmas contrarias al plan de la multinacional portuguesa. El domingo, 15 de diciembre, las plataformas Ulloa Viva y en Defensa da Ría han convocado una manifestación en la capital gallega con el lema “Altri non!”. Las protestas ciudadanas, que alertan de los efectos sobre el medio natural y social que acarrearía la planta, se recrudecen. Mientras, el gabinete Rueda ultima la declaración de impacto ambiental de la planta y sus miembros emiten gestos favorables a la misma.
Hace un año que la empresa solicitó la concesión de aguas. Es uno de los puntos más polémicos: piden captar 46 millones de litros diarios del río Ulla –a no muchos kilómetros de su nacimiento– de los que verterán de vuelta 30 millones. Durante 75 años. Al ser el Ulla una cuenca interna de la comunidad, las competencias dependen de la Xunta, en concreto de Augas de Galicia, un organismo de la Consellería de Medio Ambiente. Todavía no ha resuelto sobre la petición. Fuentes ecologistas señalan además la contradicción existente entre la concesión de explotación del embalse de Portodemouros, pocos kilómetros río abajo de la posible ubicación de la factoría, y la captación de agua que busca Altri. La primera, que caduca en 2037 y la detenta Naturgy, chocaría con la segunda. La compañía eléctrica se ha interesado por que la Xunta aclare la compatibilidad de usos.
Además del permiso de captación de aguas, el Gobierno gallego debe también aclarar el impacto ambiental de la factoría. Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente aseguran que no hay una fecha concreta, pero que no tardará mucho. Alfonso Rueda, al que el BNG suele calificar de “comercial de Altri” por su apoyo a la instalación de la celulosa, afirmaba en agosto que resolverían la autorización ambiental antes de fin de año. La Consellería de Medio Ambiente lleva meses, asegura, recabando “informes sectoriales” para argumentar la declaración de impacto ambiental. Alguna prensa ha publicado el resultado de algunos y la conselleira, Ángeles Vázquez, se ha ufanado de que, en septiembre, todos de los que disponían eran favorables. No los ha hecho públicos de forma oficial. Y serán en total 26, la mayoría redactados por departamentos de la propia Xunta de Galicia.
Serias dudas en el Gobierno central
El informe que sí es de dominio público es el que redactaron 10 científicos y expertos para el Consello da Cultura Galega, institución con rango estatutario que asesora al Ejecutivo en materia cultural. Sus 180 páginas concluyen que “la decisión de implantar una fábrica de fibras textiles no responde ni a un plan territorial ni a un plan industrial que fuesen evaluados ambientalmente” y alerta de que, si Altri hace efectivos sus planes, causaría una “grave fractura en el territorio”. El Gobierno de Alfonso Rueda no dudó en cargar con dureza contra el documento. Lo hizo el propio Rueda al tiempo que admitía que no lo había leído, mientras recriminaba a sus redactores una supuesta proximidad al BNG.
La Plataforma Ulloa Viva, que en mayo ya organizó en Palas de Rei una multitudinaria manifestación contraria al proyecto, canalizó, junto a la Plataforma en Defensa da Ría, la presentación de más de 23.000 alegaciones al estudio de impacto ambiental y a la autorización ambiental integrada, en exposición pública desde marzo. La Xunta debe estudiarlas antes de dictar su declaración de impacto ambiental. Si esta es negativa, la iniciativa decae. Si es positiva, la compañía comenzará a solicitar las autorizaciones para construir la planta. Para ello quiere hacerse con 250 millones de euros de los Fondos Next Generation. De obtener el plácet ambiental de la Xunta, será el Ministerio de Industria el que deba decidir si envía a Europa la solicitud de Altri.
La empresa portuguesa busca encajar en el PERTE de descarbonización. Dentro de este, la propuesta solo tendría sentido en atención a la línea cuatro del mismo, la referida al “desarrollo de instalaciones manufactureras altamente eficientes y descarbonizadas”. Sucede que está dotada con un total de 150 millones de euros en subvención y otros 100 millones en préstamos. Es decir, la pretensión de Altri sería que su plan se hiciese él solo con toda la financiación disponible. Fuentes del Gobierno central, a la espera de conocer la decisión de la Xunta, albergan serias dudas sobre la viabilidad medioambiental y económica de los planes de la compañía portuguesa. Toda medida vinculada a los PERTE debe cumplir el denominado principio DNSH, “no causar un perjuicio significativo”, además de la legislación medioambiental comunitaria.
Oposición social y política
La Plataforma Ulloa Viva, una de las convocantes de la manifestación del 15 de diciembre, aglutina la oposición social, ecologista o sindical al proyecto. La Plataforma en Defensa da Ría se ha sumado desde el principio a las protestas. Sus integrantes temen las consecuencias de la instalación sobre la ría de Arousa, en la que desemboca el Ulla. Pero no son, ni mucho menos, los únicos agentes implicados. Hace dos semanas, 52 organizaciones ambientalistas de los cinco continentes remitieron una carta al Gobierno gallego para pedir la paralización “de una vez por todas” del plan de Altri. Entre las agrupaciones firmantes, adheridas a Enviromental Paper Network –una red internacional “muy influyente” en sostenibilidad de la pulpa y el papel–, se encontraba Canopy. Esta consultora se encarga de acreditar la sostenibilidad de los productores de fibra para grandes grupos como Inditex. También este miércoles la organización ecologista Adega, próxima a la izquierda nacionalista gallega, presentaba un informe, elaborado por el biólogo Ramón Varela, en el que asegura que el proyecto oculta emisiones y parte de una concepción obsoleta de lo que es una celulosa.
La polémica se ha instalado además en la política de partidos. El Partido Popular respalda sin fisuras el plan de la multinacional portuguesa, alcalde de Palas de Rei incluido, que en mayo del pasado año revalidó su mayoría absoluta. El BNG y el Partido Socialista no comparten su entusiasmo. Denuncian que la Xunta vendió, de entrada, un proyecto vanguardista de fibra vegetal sostenible pero que en realidad es una celulosa. Los nacionalistas han llamado a secundar la protesta del 15 de diciembre desde el emblemático castillo de Pambre, una valiosa fortaleza medieval situada en Palas de Rei y cercana al río Ulla. Ana Pontón, líder del Bloque, asistirá a la movilización. No lo hará José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG, pese a sus declaraciones sobre lo poco que le gusta el proyecto. “Pero un político no se puede quedar solo en el sí o en el no”, aduce. Sí estará su número dos en el Parlamento gallego, Lara Méndez, además de las Xuventudes Socialistas.
Actores célebres como Luís Zahera o Luís Tosar han grabado y difundido vídeos de apoyo a la marcha de Santiago de Compostela. El músico Manu Chao ha secundado a la Plataforma Ulloa Viva en su cuenta de X, que tiene 1,2 millones de seguidores.