La Justicia paraliza los polémicos proyectos de explotación minera en la Terra Chá y el pueblo “gana una guerra” contra una de esas macroiniciativas mineras que amenazan al país. Los tribunales acaban de rechazar el último de los cinco recursos contencioso-administrativos que la empresa noruega Erimsa presentó contra los ayuntamientos de Castro de Rei, A Pastoriza y Cospeito por entender que le habían sido concedidas por silencio administrativo las licencias administrativas para la explotación del cuarzo de la zona. Este dictamen, unido al veto de la Xunta a los permisos, permite ganar una primera batalla. Puede que no sea la última.
Las licencias recurridas por la empresa desde el año 2009 fueron las de Karles y Alicia (Castro de Rei), Karles (Cospeito), Alicia (Cospeito), Alicia (A Pastoriza) y Pastoriza (A Pastoriza) y en todos los recursos se personó la Comisión contra las Minas en la Terra Chá, comunidades de regantes, organizaciones como el Sindicato Labrego Galego o Adega, así como numerosos particulares. Todos los contenciosos se fueron resolviendo de manera negativa para la compañía Erimsa durante los años 2011 y 2012, al igual que la última sentencia, de enero de este mismo año, que volvió a denegar la licencia y que fue conocida esta misma semana.
No obstante, y paralelamente a todos estos procesos judiciales, sí siguieron su curso las tramitaciones de otras solicitudes de explotación minera presentadas en diciembre de 2008. Tras la exposición pública de los proyectos y de los alegatos, los ayuntamientos afectados solicitaron sendos informes a las consejerías de Medio Rural, Economía y Medio Ambiente, así como a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y a la Diputación de Lugo. La mayoría de estos documentos resultaron desfavorables para la empresa minera y, tal y como aclara la Comisión de Asociaciones contra las Minas en la Terra Chá en un comunicado, “tuvieron un peso decisivo” para que el pasado 28 de enero la Consejería de Medio Ambiente denegara las licencias a Erimsa.
Así, la Comisión habla ya de “guerra ganada”, pero advierte de que “aún queda el peligro de que nuevos cambios legislativos hagan posible que Erimsa pueda explotar el cuerzo en la Terra Chá, aún a costa de destruir el contorno y el medio de vida de una de las comarcas ganaderas más importantes de Galicia”. Por eso, el colectivo pedirá que se declare la “caducidad de las concesiones por inactividad”.
La Comisión contra las Minas en la Terra Chá convocará en los próximos días a todo el vecindario afectado por los proyectos de Erimsa para “informarle de los dictámenes judiciales y resoluciones administrativas” y “consensuar las acciones a emprender para que la amenaza minera no se vuelva a repetir”. “Agradecemos su firme apoyo y coherencia al mantenerse contraria a unos proyectos empresariales que hipotecaban el futuro de una comarca entera”, insisten.
El conflicto de las minas de la Terra Chá comenzó a finales del año 2006, al aprobarse tres concesiones mineras (Alicia, Karles y Pastoriza) que afectaban a más de 5.700 hectáreas de los ayuntamientos de la Pastoriza, Cospeito y Castro de Rei y, en menor medida, a Abadín y Vilalba. Desde aquel momento, la empresa presentó licencia urbanística para iniciar la actividad en el año 2008 en los ayuntamientos de Castro de Rei, A Pastoriza y Cospeito.
Desde la presentación, hubo dos períodos de exposición pública de los proyectos donde la Comisión de Asociaciones contra las Minas en la Terra Chá, junto con cientos de vecinos y vecinas, presentaron alegatos oponiéndose a estos proyectos. Al mismo tiempo, la Comisión contra las Minas realizó una intensa labor informativa y reivindicativa, participando en varias manifestaciones, y organizando dos festivales y docenas de charlas informativas, como la que corrió a cargo del investigador responsable del Instituto Universitario de Geología Isidro Parga Pondal, Juan Ramón Vidal Romaní.