La retirada sin dimisión protagonizada por Mariano Rajoy que condiciona desde el pasado viernes el proceso hacia la formación del nuevo Gobierno de España ha dado lugar a toda clase de interpretaciones sobre el carácter y la posible estrategia del presidente en funciones. Sea cual sea la intención de la parada técnica realizada ahora por Rajoy, no es la primera ocasión en la que el veterano líder del PP echa mano del amago de retirada dentro de su caja de herramientas políticas. Quien lo ha sido prácticamente todo en la política española ya lo ha hecho, al menos, una vez, cuando durante uno de los episodios más convulsos de la política gallega anunció su más que probable marcha de la política activa. Y de esto hace casi tres décadas.
El inicio de este episodio hay que buscarlo en el otoño de 1986. El líder de la oposición en el Congreso y presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, parecía dispuesto a avalar los movimientos del vicepresidente de la Xunta y hombre fuerte del Gobierno gallego, Xosé Luís Barreiro, relevar al entonces presidente, Gerardo Fernández Albor, como cabeza de cartel en los siguientes comicios, previstos para 1989. No obstante, Barreiro quiso acelerar los tiempos y alimentó una operación de derribo de Albor que se concretó con su dimisión y la de cinco conselleiros. Además, otros tres miembros del gobierno ponían en duda su continuidad en el joven gobierno autónomo.
El intento de desbancar a Albor fue respondido por Fraga con un aval a su continuidad y a la reconstrucción del Ejecutivo con nuevos miembros. Una de las incorporaciones fue quien ya había sido secretario de Relaciones Parlamentarias, Mariano Rajoy, que el 5 de noviembre tomaba posesión en uno de los excepcionales actos públicos en los que se le recuerda pronunciando palabras en gallego. Pocos Barreiro Rivas, que se había mantenido en los escaños de AP, la abandonaba para fundar Unión Democrática Galega y, acto seguido, integrarse con sus afines en el grupo de Coalición Galega, partido que a su vez era tentado por el vicepresidente Rajoy, dispuesto a integrarlo en el minoritario gobierno de Albor.
Pero los coagas no accedieron. Al contrario. Contribuyeron a forjar la moción de censura que, junto al Partido Nacionalista Galego y al grupo de Barreiro se disponía en convertir en presidente al socialista Fernando González Laxe. En el debate de aquella moción de censura el Gobierno Albor estuvo representado por Rajoy, que subió a la tribuna de la Cámara para preguntarse retóricamente si de aquel pacto con tantos y tan dispares socios podría salir “un Gobierno estable”.
Barreiro, advertía Rajoy, no era de fiar, y por eso se permitía dirigirse “cariñosamente” a González Laxe para revelarle “una cosa”. “Acuérdese usted de las palabras desinteresadas que le dice, desde esta Cámara, quien posiblemente dentro de poco tenga que abandonar la actividad política”, dijo Rajoy en referencia a sí mismo, tal y como acredita el Diario de Sesiones del Parlamento. “Señor Laxe, ándese con mucho cuidado”, recomendó. Él, como el resto de AP, dijo, sabía que incorporar al grupo de Barreiro era gobernar “con el veneno dentro”. El Grupo Popular pasaría a la oposición “y nos juzgará la historia, no nos juzgarán ustedes”, señaló. Mientras, el resto de grupos se disponía a darle “una enorme bofetada a la democracia”.
La censura estaba a punto de triunfar pero, justo antes de la votación, el gabinete de Albor y Rajoy amagaba con pulsar su particular botón nuclear. Si la moción triunfaba, AP demandaría a Barreiro por presunta prevaricación en la concesión de la que iba a ser la lotería gallega, llamada Tres en Raia, que el exvicepresidente había adjudicado a una empresa, Sociedad General de Juegos de Galicia, que todavía no se había constituído.
Coalición Galega siguió adelante con la censura y los populares cumplieron su amenaza. El día previo a la votación presentaron la demanda en un juzgado de Santiago y, aunque la concesión de la lotería nunca había llegado a ser efectiva porque la propia Xunta de AP la había anulado, Barreiro fue procesado en 1988 tras un proceso en el que el propio Rajoy fue llamado a declarar. La Audiencia Provincial absolvió a Barreiro, pero la Fiscalia recurrió y el Tribunal Supremo acabó condenándole a seis años de inhabilitación en 1990, lo que Barreiro consideró como “una maniobra perfectamente instrumentada para eliminar a un señor de la vida política”.