Un grito común de referentes de la ciencia que en escasísimas ocasiones saltan a los titulares, menos aún para fijar postura de rechazo frontal ante una medida del Gobierno. Referentes de diversos campos de la investigación científica en Galicia y una cuarentena de colegios profesionales se acaban de dirigir por carta al presidente de la Xunta para trasladar formalmente, junto a miembros del colectivo directamente afectado, una exigencia que hasta el momento solo había surgido en el ámbito sindical: Alberto Núñez Feijóo, como máximo responsable del Ejecutivo, debe “paralizar” el decreto con el que prevé regular la contratación del personal investigador.
Nombres que en más de una ocasión han figurado en discursos del propio presidente como modelos a seguir -caso del catedrático y especialista en genética Ángel Carracedo, las farmacólogas Mabel Loza y María José Alonso o el químico José Luis Mascareñas- se unen en esta misiva a personal de entidades como el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago o el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur para advertir de que la Xunta está a punto de “frenar la capacidad de Galicia para avanzar, innovar y revertir” a la sociedad los “beneficios” de la investigación científica que la propia Xunta contribuye a financiar.
La protesta que adelantó GCiencia llega después de unos años en que el personal investigador público se ha reducido hasta un 20% en Galicia y tras fracasar los intentos del mundo de la ciencia por modificar las intenciones del gabinete de Feijóo sobre la nueva norma. “Queremos mostrar nuestra preocupación por la repercusión que puede tener para el futuro de la investigación en Galicia”, concretamente en áreas tan sensibles como “sanidad, alimentación, ganadería, computación, mar y tecnologías de la información y de la comunicación”, concretan.
La norma que la Xunta prevé impulsar, todavía en fase de anteproyecto, “excluye la posibilidad de que haya investigadores estables en Galicia”, dicen las personas firmantes de la carta, para quienes esto equivale a “introducir una discriminación negativa contra esta profesión”. Además, aseguran, vendría a contradecir una de las líneas más publicitadas por el propio Ejecutivo, ya que “dificulta la capacidad de atracción y retención de talento en todas las áreas de investigación fuera del marco de la Universidad”. Además, aseguran, “obstaculiza captar recursos y personal, imprescindibles para el trabajo de los investigadores”.
Personal investigador de programas como el Miguel Servet, científicos y científicas del Servizo Galego de Saúde que actualmente trabajan como personal estatutario temporal, personal contratado en fundaciones científicas o decanos como Juan Gestal -Medicina de la Universidad de Santiago-, Moisés Canle -Ciencias de la Universidad de A Coruña-, Antonio Segura -Biología de la USC- y Luis Miguel Varela -Física de la USC- se unen también a la reclamación de paralizar la norma. Mientras, para la Xunta, su plan pasa por convertir a Galicia en “pionera”, ya que se crea “por primera vez la figura del personal investigador”, incluyéndola “en el catálogo de puestos de trabajo de la Administración autonómica” con el “objetivo de favorecer la retención de talento científico”.
Así, el Ejecutivo asegura responder a una vieja demanda del personal investigador con una norma sobre la que ya había alertado el sindicato CIG el pasado marzo. Como informó Praza.gal, al hilo del paso de este texto por la Mesa de la Función Pública esta central sindical advirtió de que el Gobierno de Feijóo se disponía a dificultar “la continuidad de proyectos de investigación sanitaria que están en marcha y benefician al conjunto de la sociedad”, estableciendo una especie de “temporalidad indefinida” para parte del personal mientras se “abusa de la figura del investigador distinguido” y se impide que el personal “pueda adquirir estabilidad laboral y el derecho a la continuidad en su puesto de trabajo”.