El aumento de problemas de salud mental, en concreto de la depresión y de la ansiedad, es uno de los devenires de las sociedades neoliberales, agravado por la falta de inversión social ante el incremento de las desigualdades. En apenas tres años, en el período 2011-2014, la incidencia de la enfermedad mental en Galicia creció casi un 11%. Hoy es la primera comunidad en consumo de ansiolíticos y la segunda, después de Asturias, en consumo de antidepresivos (Encuesta Nacional de Salud). Galicia y Asturias sufren también el mayor número de suicidios, siempre superiores a los trescientos cada año, desde el inicio de la crisis económica.
Uno de cada cinco gallegos y gallegas experimentará algún problema de salud mental al largo de su vida, pero solo uno de cada tres recibirá atención médica. El 43,6 % de las personas con un trastorno mental de intensidad grave o moderada no acude la ningún servicio sanitario.
El Movemento Galego de Saúde Mental, integrado por más de veinte colectivos sociales, colegios profesionales, sindicatos, y organizaciones científicas y apoyado por cuatrocientos profesionales, denuncia “la situación alarmante” en que se encuentra la atención a la salud mental.
Rosa Cerqueiro es psicóloga clínica en el Servicio de Psiquiatría del área sanitaria de Pontevedra y portavoz del movimiento. Reclama un nuevo enfoque basado en la prevención y en los derechos y señala al actual gobierno de la Xunta como responsable de una “desplanificación”. “Tenemos la mitad de los recursos recomendados hace veinte años”, sostiene, “mientras se produce un incremento excepcional del consumo de psicofármacos, falta presupuesto y personal y se vulneran los derechos de las personas ingresadas”.
Los datos indican que los problemas de salud mental en Galicia son más complejos y acuciantes que en el resto del Estado, por la magnitud de la prevalencia y la saturación o inaccesibilidad en los servicios de atención. Los gallegos y las gallegas están a la cabeza en consumo de ansiolíticos y antidepresivos y en muertes por suicidio.
El consumo de ansiolíticos aumentó entre los años 2000 y 2012-2013 un 57% y el de antidepresivos un 200%, según datos de la Agencia Española del Medicamento. Se sigue un modelo biologicista, basado en la medicalización. Hubo una escandalosa negación del número de suicidios en Galicia por parte de la Consellería de Sanidad.
¿Y el Plan de prevención?
Se ha quedado en mero papel.
En 2009, al llegar a la Xunta, el Partido Popular eliminó el Plan estratégico en salud mental 2006-2011 y no ha elaborado uno alternativo al largo de estos diez años. ¿Ha tenido consecuencias en la atención sanitaria?
Se ha producido una auténtica desplanificación de la atención. Tenemos la mitad de los recursos recomendados hace dos décadas. El Plan estratégico 2006-2011 era importante porque hacía análisis de necesidades y asignaba recursos. Se desmanteló el sistema de atención e incluso negaron durante años la necesidad de un plan, hasta que anunciaron que saldría en 2017, luego en 2018, en 2019, y aún estamos esperando. En 2009 se elimina también parte de la estructura organizativa del Sergas, se elimina la Dirección General y se pasa a jefatura de servicio, todo enfocado a paralizar la acción. Como, por ejemplo, después de más de seis años de pleitos, Víctor Pedreira pudo recuperar en 2019 la jefatura de psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (Chop) porque la Justicia determinó que hubo parcialidad y desvío de poder en la designación de su substituto.
¿La salud mental ha empeorado en Galicia en la última década?
Sí, la evidencia es que aumenta el problema. Galicia ya iba despacio en la aplicación de la Reforma psiquiátrica de la Ley General de Sanidad del 1986 y se han dado pasos atrás.
De los más de 1.500 profesionales que se recomendaban hace más de veintidós años en el informe Propuestas de desarrollo de la atención a la salud mental en Galicia hoy se cuentan sólo algo más de 950.Propuestas de desarrollo de la atención a la salud mental en Galicia
Es peor, porque aquellos del 1997 son datos conservadores, ya que la prevalencia de trastornos mentales era entonces menor. Siguiendo aquellos datos, hoy haría falta aumentar un tercio el cuadro de personal de psiquiatras y un 50% la dotación de psicología clínica y enfermería. Y la dotación en terapia ocupacional y trabajo social abarca apenas un 33% y un 27% del recomendado hace veinte años.
El personal está colapsado. Hay más de 8.000 pacientes en lista de espera de psiquiatría, una de las especialidades con mayor lista de espera. En el 2014 intentaron cerrar una unidad de hospitalización psiquiátrica. En el 2015 intentaron cerrar quince camas, falseando datos de ocupación. Se frenó gracias a la oposición de usuarios y personal.
Invertir en salud mental solo da beneficios. Desde el punto de vista estrictamente económico, se calcula que genera un retorno de tres veces el coste del tratamiento.
¿Hay una relación causa efecto entre la situación de exclusión social y los problemas de salud mental cuando no se le da solución política a la desigualdad y lo segundo se asume cómo una cuestión estrictamente médica?
La OMS advirtió de que los países con un sistema de protección social sólido podrían mitigar mucho mejor el impacto de la crisis económica en la salud mental. La política de austeridad de la Xunta y la mercantilización de la sanidad derivaron en una involución de las políticas sanitarias, en una peor atención de los pacientes, lejos de los estándares recomendados, y de las condiciones laborales de los profesionales
Esto se ve mucho en los trastornos infantiles y juveniles. Las unidades de consultas externas están saturadas, hay una sola unidad de hospitalización psiquiátrica con siete camas. La Ley de enjuiciamiento civil dice que los menores tienen que ingresar en unidades específicas y hay menores ingresados en adultos, lo cual es muy grave.
Tampoco se toman medidas preventivas. Hay enfermedades que debutan en la adolescencia y que es necesario atender precozmente y más allá de lo farmacológico para que no se cronifiquen. Pero consultas externas de infantil tiene una larga lista de espera, la consulta puede durar un máximo de media hora y el tiempo entre una consulta y otra son meses.
¿Se favorece la privatización de la atención a la salud mental?
Se privatiza mediante convenios. Se están externalizando cuestiones de peso a través de fundaciones y asociaciones, muchas de las cuales pueden tener proyectos interesantes, pero ejercen funciones que le corresponden al Sergas.
Por otra parte, acudir a la sanidad privada es un derecho de libre elección, pero al privar a muchos adultos y a muchos niños y jóvenes de la atención necesaria, de lo que debería ser una consulta cada semana o cada quince días, o lo que requiera el caso, se deja el derecho de recibir una atención idónea solo la quien tiene recursos económicos.
¿El enfoque en cuestiones de salud mental debería estar alineado con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional/discapacidad, que el Estado español ratificó en el 2007?
Sí, y hay una falta total de liderazgo para adaptar la planificación a las exigencias de la OMS, de la ONU y del Consejo Europeo. Los organismos internacionales exigen que se adopte un enfoque basado en derechos y no se hace.
Uno de los casos más extremos es el Hospital Psiquiátrico de Conxo, que nunca ha realizado por completo la reforma psiquiátrica. Hay sobre la mesa un informe demoledor de los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (que en España recae en el Defensor del pueblo, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura del año 1984) después de una visita sin previo aviso en 2017. Habla de instalaciones obsoletas, excesos en los tratamientos, infradotación de personal o uso abusivo y sin registros de la contención mecánica para inmovilizar pacientes, a quienes no se les informa de sus derechos.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura habla en ese informe de una clara vulneración de derechos y alerta de la gravedad del estado de la contención mecánica en ese centro. En septiembre de 2009 le da un mes a la Administración Autonómica para que responda y recuerda las competencias que le otorga la legislación. La Xunta aun no ha dado ninguna respuesta. En un primer momento incluso negaron la veracidad del informe en el Pleno del Parlamento de Galicia.
En Galicia, en salud mental, se están produciendo prácticas coercitivas que vulneran los derechos humanos. No hay registros del número de contenciones, de por qué sucedieron, ni un plan de eliminación paulatina de la contención, como se ha hecho en otros países. La situación es alarmante.
¿Ese uso alarmante de la contención mecánica tiene también que ver con plantillas de personal sanitario insuficientes?
Tiene que ver con carencias de recursos asistenciales, de personal, materiales, espaciales o de actividades terapéuticas y ocupacionales. Hay una orientación incorrecta de la actividad asistencial, de guardia y contención más que de potenciar las acciones psicoterapéuticas que luego tengan continuidad cuando el paciente es dado de alta, y carencias de formación específica sobre procedimientos no coercitivos.
¿Cómo se cuida el libre ejercicio de determinados derechos, como el recién restituido derecho al voto de las personas incapacitadas judicialmente, cuando se encuentran en ingresos de larga duración?
A las personas ingresadas que manifiestan su voluntad de ejercer el derecho al voto se les facilita. Es necesario ser más proactivos en la transmisión de los derechos, ya que ademáis de ser un deber, son medidas efectivas para la recuperación. Participar plenamente en la sociedad es la verdadera inclusión social.
Uno de los mandatos de los organismos internacionales citados es trabajar por la desestigmatización. ¿Se está haciendo?
Sobre desestigmaticación la Xunta no ha hecho gran cosa. Han hecho más el Colegio de Periodistas y el Colegio de Piscología. Como primer paso, no hay nada más desestigmatizador que aplicar la política de contención cero, que rompa con aquello de que hay que atarlos porque son violentos.
El sufrimiento psíquico afecta más a mujeres. Experimentan mayor estigma y más barreras. Se calcula, además, que un 80% de quienes padecen una enfermedad mental grave y tienen pareja han sufrido algún tipo de violencia. Y viceversa, sufrir violencia conlleva un deterioro de la salud mental. ¿Las autoridades sanitarias tienen en cuenta esta cuestión a la hora de planificar?
No. De hecho, desde el Movemento Galego de Saúde Mental insistimos en la necesidad de la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la atención a la salud mental, para reducir las desigualdades y la discriminación de género, que con frecuencia trae consigo a re-victimización de la mujer.
Casi tres de cada diez gallegos y gallegas viven en ayuntamientos pequeños. ¿Que sucede con la atención a la salud mental de la población del rural gallego?
La atención sanitaria está demasiado centralizada en los núcleos urbanos. Suponen un atranco en la accesibilidad real porque deben recorrer distancias muy elevadas para tener consultas ambulatorias de atención especializada. Además, no siempre cuentan con los medios de transporte o económicos para hacer trayectos de hasta 50-60 kilómetros.
Esta dificultad se convierte en imposibilidad si la persona necesita tratamientos más intensivos, como los de los hospitales de día psiquiátricos. Hay uno por cada área sanitaria y ubicados en las ciudades.
En cuanto a los equipos de continuidad de cuidados que prestan atención domiciliaria, fundamentales para personas que necesitan mayor atención, están limitados geográficamente por la insuficiencia de personal, que a veces trabaja a tiempo parcial. El resultado: quienes más atención necesitan, menos tienen, si viven en núcleos rurales.