Rueda anuncia una oficina de asuntos constitucionales para sus batallas sobre competencias con el Gobierno central

Alfonso Rueda se ha presentado a su debate de investidura con una lista de deberes para el Gobierno central, anuncios concentrados en el terreno económico y varios cambios en la estructura de la Xunta. Uno de ellos afectará a la propia Presidencia, que va a incluir “una dirección [general] de asuntos constitucionales”. Es decir, un departamento específico que concentrará las batallas con el Gobierno central por cuestiones de competencias. El ahora presidente en funciones lo ha justificado para hacer “frente a los ataques y cuestionamiento del Estado constitucional” que asegura que se están viendo en España. “Galicia defenderá la legalidad de sus planteamientos”, afirmó.

El anuncio coincide con el inicio de las deliberaciones en el Tribunal Constitucional sobre la ley del litoral impulsada por la Xunta y recurrida por el Gobierno central. A esta normativa se refirió Rueda en su intervención ante el Parlamento de Galicia para presentar su programa de gobierno. Dijo que Galicia tiene “el derecho sagrado” a gestionar su territorio.

Gran parte del discurso giró en torno a cuestiones económicas y este terreno fue el único en el que propuso un pacto a los grupos de la oposición. En concreto, para establecer como guía el papel de la administración como “facilitadora” de proyectos industriales y limitar a un año el plazo de tiempo para tramitarlos cuando creen 25 o más empleos y tengan una inversión de 2 millones de euros. De lo contrario, propuso, la Xunta indemnizará a los empresarios. También habló del plan para crear un fondo público-privado con un capital inicial de 300 millones de euros para dar impulso a “las iniciativas más prometedoras” en cuanto a creación de puestos de trabajo.

Rueda defendió, sin dar el nombre, el proyecto de macrocelulosa que la portuguesa Altri y el propietario de la gallega Greenalia quieren instalar en Palas de Rei (Lugo) y que ha generado una ola de rechazo entre entidades ecologistas y vecinos de la comarca. Lo hizo en medio de un listado de reclamaciones al Gobierno central -nuevo modelo de financiación autonómica, gestión de los fondos europeos, estado de las autovías, ferrocarriles de pasajeros y de mercancías, retrasos en el AVE-, entre las que deslizó que “hay proyectos viables y solventes y que cumplen los requisitos en Galicia”. “No estoy dispuesto a perder oportunidades que tienen que hacer que seamos un país más próspero y con más empleo”, insistió y cargó contra la oposición al proyecto como “electoralismo mal entendido” y la “cofradía de la perpetua negativa”. Los planes que no cumplan con las normas medioambientales no saldrán adelante “bajo ningún concepto”, aseguró, pero su prioridad es que “las empresas que cumplan puedan tener futuro”.

Todavía en cuestiones de dinero, insistió en su enfoque neoliberal sobre la bajada de impuestos que ha beneficiado sobre todo a rentas y patrimonios altos en Galicia. En los últimos cinco años el Gobierno central subió los impuestos 69 veces, según las cuentas de Rueda. Entre estos incrementos están el impuesto especial a los beneficios de la banca. La Xunta, desde 2009 -año de la primera mayoría absoluta de Feijóo- los bajó 112 veces. Y va a continuar por esa senda, garantizó. La siguiente rebaja será para las herencias entre parientes colaterales (entre hermanos, tíos y sobrinos, suegros, cuñados).

Congelar óvulos en la sanidad pública

En una Galicia con tasas de natalidad a la baja, Rueda ha expuesto su plan para tratar de revertirlo con medidas de conciliación: mantener la gratuidad en la educación de cero a tres años (canalizada también a través de pagos a la privada) y dar ayudas públicas para sufragar las actividades extraescolares. Dentro de las políticas de natalidad, habló de una de las pocas medidas que afectan a la sanidad pública en su discurso: la Xunta estudia ofrecer de forma gratuita la congelación de óvulos y va a ampliar hasta los 45 años la edad máxima para acceder a técnicas de fecundación in vitro en los centros sanitarios públicos.

Durante esta legislatura, agregó, la previsión del Servizo Galego de Saúde (Sergas) es extender a toda Galicia los programas piloto de criabado de cáncer de pulmón y próstata e implantar estudios genéticos para detectar algunas enfermedades con componente hereditario, como algunos tipos de cáncer de mama. Insistió en que se pondrá en marcha un plan para que haya psicólogos clínicos en los centros de atención primaria, pero no ofreció más concreción al respecto. Pese a que las listas de espera no han recuperado los niveles previos a la pandemia y de que las demoras provocan que en algunos centros de salud haya que esperar más de una semana para ver al médico de familia o al pediatra, Rueda presumió de los datos de la sanidad pública gallega porque los tiempos que hay que aguardar son inferiores a la media de España.

Cambios en las consellerías

No ha adelantado nombres de su nuevo gobierno, pero sí cambios en la estructura. Además de crear la citada dirección general para asuntos constitucionales, que va a depender directamente del propio Rueda, ha deslizado que volverá a separar las competencias de cultura de las de educación: “La cultura gallega va a tener más peso en el gobierno”. En términos más concretos ha dicho que las responsabilidades sobre investigación científica van a depender del departamento de educación; que las de emigración se van a integrar en la consellería competente en empleo; y que las de suelo insdustrial se van a gestionar en la consellería que se ocupe de industria, en lugar de estar integradas en la de vivienda y territorio. Además, ha indicado que la tramitación de proyectos empresariales relacionados con energías verdes y afectados por cuestiones de cambio climático va a agruparse en un único departamento, que será el de medio ambiente.

Rueda no ha dejado pasar en su discurso las referencias a la crispación política: “Mientras en España galopa la discordia, nuestra tierra mantiene intactos los principios de la convivencia”. Y como ejemplo puso precisamente uno que ha generado discrepancias en el debate público: la política lingüística, en torno a la que había un consenso que se quebró con la llegada de Feijóo al Gobierno de la Xunta y cuya materialización más reciente fue que el PPdeG votase en contra del uso del gallego en el Congreso. Rueda, que acudió en 2009 a una manifestación convocada por Galicia Bilingüe, aseguró que “el gallego no es propiedad de ninguna ideología”: “Es nuestra lengua, de la que sentirnos orgullosos y también de un modelo de convivencia con el castellano que es un ejemplo en España”.