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Rueda asegura que la TVG trabaja “sin instrucciones” de su gobierno pese a las protestas profesionales por manipulación

Una concentración de Defende a Galega en la sede de la CRTVG durante uno de los más de 300 'venres negros'

Daniel Salgado

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Ni más de seis años de protestas semanales de una importante parte de sus trabajadores, ni la imputación de nueve directivos por presunto acoso a una trabajadora, ni la situación interina y contraria a la ley de su director general han logrado que el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, emitiese la más mínima autocrítica sobre el estado de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG). Tampoco lo va a conseguir la iniciativa legislativa popular (ILP) que promueven los partidos de la oposición, los principales sindicatos y decenas de asociaciones gremiales de los más variados ámbitos contra lo que denominan “secuestro de los medios públicos” por parte del Gobierno gallego. Según Rueda, no ha lugar: “Actúan con independencia y ninguna instrucción de este gobierno”.

Así lo aseguró al término de la reunión semanal de su gabinete este lunes. Preguntado por el movimiento impulsado por el comité intercentros de la compañía pública, el presidente gallego se limitó a constatar que “se ha denunciado varias veces”. Recordó que algunas formaciones políticas hicieron de ello leit motiv durante la última campaña electoral y, a su juicio, no les funcionó. Durante las semanas previas al 18 de febrero, fecha de los comicios que resultaron en la primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda, la línea de los informativos de la Televisión de Galicia se fusionó con los intereses estratégicos del PP.

Superado el trance con holgura -el PP obtuvo 40 de los 75 escaños de la Cámara autonómica-, el Gobierno gallego ha iniciado los trámites para modificar la ley que obliga a elegir al director general de la CRTVG con el apoyo de, al menos, dos tercios de los diputados. El actual, el cuestionado Alfonso Sánchez Izquierdo, tiene 75 años y su mandato caducó hace ya más de nueve. Las organizaciones que se han adherido a la ILP antes mencionada se hacen eco de esta y otras reivindicaciones históricas al respecto, algunas basadas en el simple cumplimiento de la norma aún vigente. No parece que Alfonso Rueda, tras las declaraciones de este lunes, esté por la labor.

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