Rueda defiende el enésimo cambio en la ley eólica que da facilidades a empresas con permisos suspendidos por un juez

La ley de medidas fiscales y administrativas, es decir, la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Xunta de Galicia, introduce un año más decenas de cambios en varias normas y, en concreto, en las que afectan al sector eólico. En medio de un goteo constante de parques paralizados por la Justicia por sus posibles daños ambientales irreversibles, la Xunta ha decidido cambiar un punto de sus propias normas para favorecer a los promotores que ven sus parques encallados en los juzgados: cuando un juez suspenda de forma cautelar la autorización previa y de construcción, el Gobierno gallego dejará también en suspenso el plazo -fijado en tres años- que tienen esas empresas para pedir el permiso de explotación del parque, es decir, la autorización para ponerlo a funcionar. Alfonso Rueda, el presidente gallego, defiende estos cambios que se introducen cada año con las cuentas de la comunidad: “El eólico es un sector muy cambiante”.

Según Rueda, adaptarse a esos cambios es la intención de la Xunta cuando introduce estas modificaciones normativas en la ley de acompañamiento, en lugar de revisar la propia norma que regula el sector. Considera que esto no pone en entredicho la seguridad jurídica en la comunidad: “La seguridad jurídica viene de que estos cambios se hacen siguiendo el procedimiento, que es de modificación de esta ley de acompañamiento, que va modificando leyes siempre en el mismo plazo, a finales de año”.

No es la única novedad que afecta a los parques de aerogeneradores en el proyecto de ley de acompañamiento para 2025. La Xunta cambiará el canon eólico -un impuesto que se recauda entre los promotores- para que dependa de la potencia instalada y no del número de molinillos, en un contexto en el que el Gobierno gallego impulsa las repotenciaciones, es decir, actualizar los aparatos para que tengan cada uno más potencia y se pueda reducir su número.

Además, el Gobierno gallego va a implantar la figura de las zonas de aceleración de energía renovable eólica. Estas herramientas van a permitir a la Xunta elegir zonas del territorio en las que “no se prevea que el despliegue de energía eólica vaya a tener un impacto ambiental significativo”. Entre los criterios para la evaluación está la exclusión de áreas incluidas en la Red Natura. Galicia está a la cola en el Estado en esta figura de protección (un 12% frente a un 27% en España).