Los temas elegidos por BNG y Partido Socialista para interrogar al presidente de la Xunta de Galicia en la sesión de control parlamentario no auguraban un territorio cómodo para Alfonso Rueda. Las desmayadas políticas públicas de vivienda en la comunidad las resume un dato aireado en las últimas semanas: entre 2014 y 2018, el Gobierno gallego construyó únicamente una vivienda de promoción pública para alquiler. El índice de producción industrial cayó un 1,5% durante 2022, mientras la media estatal creció un 2,4%. Pero Rueda no se arredró y respondió por elevación. Presumió de acciones en ambas materias y, como es habitual, acusó a la oposición de falsear las cifras. En realidad esta se limita a utilizar números disponibles en los organismos oficiales y a menudo publicados en la prensa.
Fue Luis Álvarez, portavoz parlamentario del PSdeG, quien se interesó por lo que llamó “nefasta política de vivienda” de los sucesivos ejecutivos del Partido Popular. Recordó como el bipartito, pacto de socialistas y nacionalistas que gobernó la comunidad entre 2005 y 2009, llegó a construir 9.000 viviendas públicas de protección y las comparó con “600 en cinco años” de los gobiernos gallegos del PP. Mencionó además la reiterada baja ejecución presupuestaria de las partidas dedicadas al asunto: 470 millones de euros sin ejecutar desde 2010. “Su única política al respecto es culpar a los ayuntamientos y al Gobierno del Estado. Y ustedes felices en el medio, como el queso en un sándwich”, ironizó.
El presidente se ciño a su guion de cada quince días. Lo anunciado por el Ejecutivo de Sánchez y Unidas Podemos, de la ley de vivienda a la construcción pública, es “electoralismo descarado”. Y al diputado socialista en la Cámara gallega, igual que después a la nacionalista Ana Pontón, le achacó “manipular las cifras” y la imposibilidad, dijo, de “hablar en serio”. Pasó entonces a ofrecer las suyas, que hacían referencia a otra periodización: 4.690 viviendas protegidas desde 2009, 2.359 en primera adjudicación y el resto en segunda -es decir, personas que ya no la necesitan y así las casas vuelven a salir al mercado.
Rueda se extendió se extendió en las actuaciones de la consellería del ramo para ilustrar que su “hoja de ruta es más amplia”. Y ahí ya cabe todo: enumeró pisos para víctimas de violencia de género, ayudas al alquiler a unos 4.000 jóvenes, 2,1 millones para rehabilitar a través de los municipios o las desgravaciones fiscales -no evitó su dogma favorito: “Nosotros bajamos impuestos, ustedes los suben”. Pero Luis Álvarez le había preguntado por el acceso a la vivienda como derecho esencial. También Ana Pontón, líder del BNG, le había preguntado, además de por los excesos al volante de Baltar, por las propuestas gubernamentales “para frenar la sangría industrial de este país”. No obtuvo mayor concreción. Pese a las evidencias estadísticas -desde 2014 hay 20.700 empleos industriales menos y la industria es el 15,5% del PIB cuando el PP había prometido alcanzar el 20%-, el presidente de la Xunta se revolvió con un “siempre se apoya en cifras manipuladas”.
Si al portavoz socialista le afeó las políticas del Gobierno central, a Pontón las del bipartito. Estableció comparaciones absolutas con datos de hace 14 o más años y le recriminó que “nunca hable en positivo”. Le arrojó los presuntos 5.000 puestos de trabajo de la pastera ENCE -a cuya ubicación en la ría de Pontevedra se opone el BNG y respalda el PP- y se vanaglorió de la recuperación del PIB de Galicia. Pero lo hizo con una torsión argumentativa que aguó el debate. “Nosotros ya recuperamos el PIB”, afirmó. Se refería al de 2019, justo antes la pandemia. Y aunque la portavoz nacionalista le replicó con un “la sangría industrial de Galicia no se va a solucionar haciendo oposición al bipartito” y puso un último ejemplo con la venta de Nueva Pescanova a una firma canadiense, todo fue en vano. “Ustedes incrementaron el desempleo industrial”, insistió Rueda en referencia a hace 14 años.