Rueda se resiste a declarar el nivel de alerta que permitiría la ayuda del Ministerio contra la marea de pellets

La Xunta de Galicia no elevará el nivel de emergencia por el vertido de pellets que está afectando a la costa gallega en los últimos días. Ese paso aclararía la participación de los ministerios en la gestión del vertido y en la limpieza de playas. Pero inmerso en la precampaña -hay elecciones en la comunidad el 18 de febrero-, el presidente gallego Alfonso Rueda se resiste. “El que quiera ayudar, que ayude. El que no, que siga haciendo campaña con la oposición en Galicia”, declaró este lunes en un desayuno informativo en Madrid, antes de descargar responsabilidades en ayuntamientos y Gobierno central.

El Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina establece, en su artículo 7, que en situación de emergencia 2, el Gobierno autonómico “podrá solicitar del Ministerio de Fomento el apoyo de medios marítimos […] y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la movilización de medios de medios del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar”. El nivel 2 de emergencia se refiere a sucesos en los que, según explica el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de la comunidad, la polución “afecta o puede afectar al al ámbito de dos o más planes locales o interiores marítimos”, los medios disponibles son insuficientes y haya zonas de especial vulnerabilidad.

La Xunta ha declarado, de momento, la situación de emergencia 1. Y en esta circunstancia -un episodio de contaminación de magnitud o peligrosidad media según la normativa estatal, episodio de pequeña gravedad o extensión según la autonómica- se aplicarán los planes interiores marítimos y el del Gobierno gallego “y, en su caso, el Plan Marítimo Nacional”. Este es operativo para la contaminación en el agua, algo que, de momento, el Ejecutivo central no ha localizado. Los pellets han alcanzado puntos del litoral gallego que van de las Rías Baixas a la Mariña lucense, en el mar Cantábrico. A decir de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, “no son tóxicos ni peligrosos, pero son plásticos y hay que quitarlos de los arenales”.

El principal esfuerzo de Rueda y su gabinete es, sin embargo, la descarga de responsabilidades políticas. Hacia abajo y hacia arriba. “El Gobierno central acaba de aparecer. Ayer [por el 7 de enero] me llamó para ponerse a disposición. Le pedí información. No la tenemos, la tienen ellos: cuántos contenedores, qué llevaban, que podemos esperar”, dijo, “si la solución es esperar en las playas a ver qué llega, lo haremos”. Un buque con bandera de Liberia, el Toconao, perdió parte de su carga frente a la costa gallega el pasado 8 de diciembre, según pudo saber elDiario.es. Uno de ellos contenía pellets, los que ahora están llegando a la costa gallega. Los primeros se detectaron en Corrubedo (Ribeira, A Coruña) el 13 de diciembre.

El presidente de la Xunta, que además opta a la reelección dentro de un mes y diez días, considera que la limpieza “es una competencia municipal”. “Pondremos los medios necesarios”, se ha comprometido. Hasta ahora fueron sobre todo las brigadas de los ayuntamientos las que se han encargado de la recogida de los pequeños plásticos. Alfonso Rueda, en todo caso, no acepta ninguna crítica a la reacción de su gobierno. “Se han puesto en modo campaña”, aseguró en referencia la oposición de BNG y Partido Socialista, “se están aprovechando descaradamente. La gente no es tonta, sabe quién está trabajando y quién se aprovecha para sacar rédito político”. Curiosamente el Gobierno gallego reclama, desde el pasado año, la transferencia de la gestión del litoral, tras 13 años sin abrir ningún nuevo traspaso.

Alberto Núñez Feijóo, quien fue el superior de Rueda en la Xunta durante 13 años, ha respaldado la respuesta de la Administración autonómica por boca de su portavoz, Borja Sémper: “Compartimos todas sus decisiones”. Sémper ha afirmado además que “el Gobierno de España es absolutamente competente” sin necesidad de elevar el nivel de alerta, lo que contradice la textualidad de las normativas.