La promesa de Sánchez para elegir la dirección de las televisiones públicas lleva ocho años vigente en Galicia y aún no se cumple
En el transcurso del debate electoral televisivo del pasado lunes, el presidente del Gobierno de España en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, incluyó en sus propuestas sobre Catalunya una medida que, de aplicarse, afectaría al conjunto del Estado. “Vamos a modificar la ley general audiovisual para que los consejos de administración de todos los entes públicos de comunicación, también los autonómicos, sean aprobados con un apoyo de dos tercios de sus parlamentos”, prometió el líder socialista.
Según Sánchez, esta medida tendría como finalidad evitar el control partidario de los medios de comunicación públicos. Más allá de que, en caso de aplicarse, supondría un nuevo precepto estatal en un campo íntimamente ligado al autogobierno autonómico, lo cierto es que en el caso gallego no cambiaría nada sobre el papel. No en vano, la propuesta es ley en Galicia desde hace case ocho años, si bien es cierto que todavía no se cumple en uno de sus aspectos esenciales.
En otoño de 2011 el pleno del Parlamento gallego aprobó la nueva ley de los medios públicos, que sustituyó a la ley de creación de la Compañía de Radio Televisión de Galicia del año 1984. Entre los preceptos de aquella norma figura la elección por dos tercios de los miembros del Parlamento -50 escaños- tanto del director o directora general de los medios públicos de comunicación como de su Consejo de Administración.
Cuando fue aprobada la ley, la dirección general llevaba dos años en manos de Alfonso Sánchez Izquierdo, cargo designado tras el retorno del PP a la Xunta en 2009 -Alberto Núñez Feijóo había asegurado que había pactado el nombre con el PSOE, algo que los socialistas habían negado-. Según la letra de la nueva norma, el relevo de Sánchez Izquierdo por mayoría reforzada llegaría seis meses después, a mediados de 2012, pero no se produjo.
Aunque con un notable retraso sobre lo previsto en la propia ley, en verano de 2015 el Parlamento sí eligió a los nuevos miembros del Consejo de Administración de la ahora Corporación Radio Televisión de Galicia mediante un pacto entre PP y PSdeG del que se había desmarcado el resto de la oposición. Sólo faltaba, de este modo, elegir también una nueva persona para la dirección general.
Fue en este punto en el que la Xunta decidió cambiar las reglas del juego. En octubre de aquel 2015, aprovechando la tramitación de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2016, el gobierno de Alberto Núñez Feijóo introdujo una modificación puntual en una de las disposiciones transitorias de la ley de los medios públicos, la que indicaba que tanto el consejo como el director general cesarían en sus funciones cuando fueran elegidos los “órganos de dirección de la Corporación RTVG”, lo que acababa de suceder.
En la nueva redacción de la ley, que el PP aprobó en solitario, se indica que si en la puesta en marcha de la nueva Corporación todavía “no estuviera elegida la persona titular de su dirección general”, el “ejercicio de las funciones” de ese puesto “corresponderá transitoriamente a la persona que fuera titular de la dirección general de la Compañía”. Los populares abrían así la puerta a que Sánchez Izquierdo permaneciera por tiempo indefinido en su puesto, en el que continúa cuatro años después. Lo hicieron, argumentaron, por falta de “consenso” para encontrar relevo.
De este modo, en caso de que Pedro Sánchez vuelva a gobernar en España y aplique la prometida reforma de la legislación audiovisual del Estado, lo haría cuando en Galicia esté a punto de expirar el mandato de cinco años del consejo de administración de la CRTVG, plazo que se cumplirá en verano de 2020. Para entonces, excepto sorpresa, Sánchez Izquierdo acumulará casi once años como director general, nueve de ellos en situación formalmente transitoria.
