La sanidad pública, un agujero en la gestión del PP en 15 años al frente de la Xunta de Galicia

Las esperas de una semana o más para conseguir una cita con el médico de atención primaria o con el pediatra son habituales en los centros de salud gallegos, cuando hasta hace pocos años era infrecuente que superasen los dos días. Las urgencias hospitalarias afrontan colapsos recurrentes. Las demoras para operarse siguen sin volver a los niveles previos a la pandemia y hay pacientes que tienen que aguardar hasta 15 meses por una prueba que les permita recibir tratamiento. Los propios profesionales se quejan de la saturación en varios de los eslabones del sistema y de los problemas acumulados en áreas sanitarias como la de Santiago, dirigida por Eloína Núñez, prima de Alberto Núñez Feijóo. La sanidad pública es uno de los ámbitos de la gestión del PP al frente de la Xunta de Galicia que más contestación ha acarreado. Y, de hecho, el equipo de Alfonso Rueda se va a enfrentar en los primeros compases de la campaña electoral para el 18 de febrero a una manifestación en la capital gallega contra el “desmantelamiento” de los servicios.

El domingo, 4 de febrero, una movilización en defensa de la sanidad pública va a recorrer Santiago de Compostela. Ya estaba anunciada antes de que Rueda le pusiese fecha a los comicios, pero el PP insiste en sugerir que responde a intereses de las formaciones políticas de la oposición, que apoyan a la plataforma convocante, SOS Sanidade Pública, y han dado su respaldo a la protesta. Las movilizaciones por el deterioro del sistema no han cesado en estos años e incrementaron la intensidad con la salida de la pandemia. Manuel Martín, portavoz de la plataforma y médico de atención primaria, señala que “la situación se puede catalogar de desastre” y que en los últimos años, lejos de reconducirse, ha empeorado. Acusa a la Xunta de no tener “voluntad de resolver el problema”, con unos prespuestos que crecen por debajo de la media.

Hace un año, la misma plataforma organizó otra manifestación por los mismos motivos que desbordó la zona vieja de la ciudad. Desde semanas antes, la posibilidad de que se masificase generó inquietud en la Xunta. Ya entonces, Rueda se esforzó por tratar de desacreditar las movilizaciones, que eran contra sus decisiones políticas, por ser, a su vez, políticas. La estrategia se ha repetido este año y la lectura que traslada el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, es que las protestas por el deterioro del servicio buscan en realidad “desprestigiar la sanidad pública”.

El nudo central de las quejas es la situación de los centros de salud, cuya saturación provoca una reacción en cadena que va repercutiendo en el resto de los niveles sanitarios. “Hay una enorme dificultad para acceder a la atención primaria, en los centros de salud y en los PAC [los puntos de atención continuada, el servicio de urgencias extrahospitalarias]. Se deriva de los recortes de personal de las administraciones del PP al calor de la necesidad de reducir el gasto público”, dice Martín, en alusión a los efectos en los presupuestos gallegos de la crisis financiera mundial que se desató a partir de 2008. Ahora los recursos “están diezmados” y el sistema gallego no atrae a los médicos en formación, dice. El portavoz de la plataforma, al igual que han hecho en varias ocasiones asociaciones profesionales de sanitarios, lo atribuye a que las condiciones económicas y laborales en la Atención Primaria no son atractivas: “Están trabajando muy agobiados, con una enorme presión asistencial y con hasta 60 consultas diarias”, señala. En la huelga de 2023, el sindicato médico CESM reclamaba agendas de, como mucho, 30 pacientes por jornada.

Los datos muestran que la plantilla de médicos en atención primaria ha permanecido congelada a lo largo de los 15 años de gobiernos del PP: cuando Feijóo llegó a la Xunta en 2009 eran 2.478 -una cifra que iba en ascenso: 76 más que un año antes-; al cierre de 2021, el último año con datos disponibles en el Instituto Galego de Estatística (IGE), eran apenas 28 más, es decir, 2.506. Los pediatras en atención primaria pasaron de 328 en 2010 a 321 en 2022. La Xunta fue clara en su postura sobre la cobertura. La gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Estrella López-Pardo, dijo en 2022, en una entrevista en La Voz de Galicia, que “la población tiene que entender que seguramente no podrá haber un pediatra en cada centro de salud”.

En los hospitales, según el análisis de Manuel Martín, la situación es también “dramática” por la “enorme bolsa” de personas que están en espera. “Y las urgencias están perpetuamente colapsadas”, añade. Esto último lo explica por la dificultad para que los pacientes reciban atención en los centros de salud, de modo que o recurren directamente a esta vía o su situación se deteriora hasta que se convierte en una emergencia. Los médicos de este servicio protestaron el lunes 29 de enero para reclamar la revisión del acuerdo firmado en 2007 y que se actualicen tanto sus condiciones retributivas como asuntos que afectan a la salud laboral. Sindicatos y Xunta han pactado una reunión inmediatamente después de las elecciones.

Las listas de espera no estructurales y las operaciones sin garantías de demora máxima

La gestión de la Xunta no la logrado revertir el efecto de la paralización de la actividad ordinaria en los hospitales por el covid-19. Cuatro años después, el sistema sanitario gallego no ha recuperado los tiempos para que los pacientes se puedan someter a una operación o ir a una consulta especializada que había en 2019. Los últimos datos publicados, correspondientes al cierre del segundo semestre de 2023, indican que la media de la demora para ver a un especialista en el Sergas es de 63 días, lejos de los 41,5 que registraban justo antes de la pandemia. Para someterse a una cirugía, la espera actual está en 66 días, frente a los 54 que se registraban al cierre de 2009.

Estos datos se refieren únicamente a la lista de espera estructural, pero hay otra, la no estructural, sobre la que no se informa y que concentra denuncias de profesionales y pacientes. Después de que la Xunta presumiese, con los últimos datos publicados, de que la demora media de Galicia era la segunda más baja -solo Madrid presentaba datos mejores-, sindicatos médicos la acusaron de “blanquear y manipular”, en alusión precisamente a esos pacientes que, por cuestiones como rechazar ser operados en un centro privado, desaparecen de la lista estructural.

Hay más guías a tener en cuenta para leer las cifras publicadas: tras un real decreto aprobado en el último mandato de José María Aznar en el Gobierno de España, se considera que la fecha de entrada en el registro es aquella “de indicación de la consulta o prueba por el médico peticionario”. Esto es lo que ocurre cuando el médico le dice a un paciente que debe pasar por una operación y que lo llamarán para darle fecha. En ese momento entra en una contabilidad que no es la pública y solo figura en la oficial cuando ya tiene agendada su cita, expone Manuel Martín, que dice que “posiblemente hay el doble de personas en espera que las recogidas oficialmente”. Las demoras son fuente habitual de quejas ante la Valedora do Pobo e incluso de demandas judiciales que han derivado en condenas al Sergas.

En el sistema sanitario gallego, además, desde 2017 solo un grupo de enfermedades tienen garantías sobre los tiempos máximos de espera -en concreto, dos meses-. Antes de eso, el compromiso general era que la demora para una cirugía no superase en ningún caso los seis meses. Pero el Gobierno entonces dirigido por Alberto Núñez Feijóo decidió dar una garantía de 60 días para varios casos de cáncer, patologías cardíacas y vasculares, desprendimiento de retina e hidrocefalia y dejar el resto de dolencias sin ninguna.

La agenda neoliberal también se extiende en sanidad

Los principios neoliberales y el estrechamiento de lazos entre iniciativa pública y privada guiaron los mandatos de Feijóo en la Xunta. Y su sucesor, ahora candidato del PP a la Xunta, Alfonso Rueda, ha profundizado en esa senda. La sanidad no se ha mantenido al margen: además de los conciertos con hospitales privados, Feijóo llevó a la práctica la colaboración público-privada para construir el hospital de Vigo, inaugurado en 2015 y por el que el Gobierno gallego desembolsa cada año -y lo hará hasta mediados de la década que viene- un canon millonario. La financiación y los servicios no sanitarios, como cafetería o lavandería, quedaron en manos de un grupo de empresas privadas -ahora está en manos del fondo francés Meridiam- en virtud de aquel acuerdo.

Al igual que su predecesor, Rueda también dirige la mirada al sector privado en materia sanitaria: en 2023 la Consellería de Sanidade se declaró incapaz de asumir en la pública 800 abortos al año y abrió un concurso para que el servicio se prestase en clínicas privadas. Quedó desierto, pero esto no quiere decir que todas las interrupciones voluntarias del embarazo vayan a ser atendidas con recursos propios del Sergas. La Xunta anunció poco después que volvería a licitar el contrato. En cualquier caso, buena parte de las mujeres que acuden a la pública para un aborto ya venían siendo derivadas a clínicas privadas, a las que la administración gallega paga por cada intervención. Los datos del Ministerio de Sanidad para 2021 muestran que el 78% de las interrupciones voluntarias de embarazo de Galicia fueron en la privada.

El presidente de la Xunta defiende también que máquinas punteras del sistema público para tratar el cáncer estén instaladas en un centro privado -el Centro Oncolóxico de A Coruña, dependiente de una fundación en cuyo patronato están la Xunta y el Ayuntamiento de la ciudad-, a donde son derivados los pacientes del Sergas que las necesitan, pero al que también llegan enfermos a través de sus seguros privados. Entre los aparatos de alta tecnología están algunos donados por el empresario Amancio Ortega. El Consello de Contas, órgano que fiscaliza a las administraciones públicas gallegas, ha cuestionado en varias ocasiones la situación. Pero para Rueda la decisión está justificada. La razón que da es que los centros de la red pública no se prepararon para estas máquinas y no hay espacio para ubicarlas allí. “Sería imperdonable tenerlas paradas mientras no terminen las obras”, razonó cuando se le preguntó al respecto.