El Pazo de Meirás es escenario veraniego de la historia cultural, política y patrimonial de España desde hace unos 120 años. Concebido como refugio literario estival de una de las grandes de las letras españolas, Emilia Pardo Bazán, la singular fortaleza de tres torres rectangulares de finales del siglo XIX, enclavada en una parroquia de Sada (A Coruña), albergó entre sus muros a ilustres invitados de la condesa, entre ellos Alfonso XIII y el escritor Unamuno.
En plena Guerra Civil, en 1938, era también verano cuando entusiastas empresarios coruñeses del bando golpista, autodenominados “Junta Provincial Pro Pazo Caudillo”, se lanzaron en una enorme colecta forzosa entre todas las gentes e instituciones públicas y privadas de A Coruña para “la adquisición y reconstrucción de la finca Torres de Meirás” con el fin de regalársela a Francisco Franco en su calidad de “fundador del Nuevo Imperio, Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos y Caudillo de España”, según reza el pergamino de la “ofrenda-donación” entregado, a modo de título de la propiedad y en nombre “del pueblo de A Coruña”, en una ceremonia de finales de aquel año.
Y el pazo pasó a ser escenario estival de la dictadura durante casi cuatro décadas, llenando los boletines de agosto del No-Do, con imágenes familiares de Franco en medio de un gran desembarco de personal, agentes y autoridades, así como celebraciones de consejos de ministros. A la muerte de Franco, en 1975, fueron sus herederos, con su única hija Carmen al frente, quienes pasaron a disfrutar más de 20 veranos, en exclusiva y en rigurosa privacidad, en las emblemáticas Torres.
Hasta que llegó el caluroso mes de agosto de 2007. Y se destapó un expolio monumental del que nunca nadie hablaba, ni a nivel local, ni nacional. Alentada por el gobierno municipal de Sada, entonces en manos del BNG, la Xunta bipartita (socialistas y nacionalistas) se decidió aquel verano a emprender una inspección con el fin de declarar el monumento Bien de Interés Cultural (BIC) y obligar a sus dueños a abrirlo al público como mínimo cuatro días al mes. Pero los Franco, recelosos con una propiedad por la que no habían desembolsado un euro, dieron a la Administración gallega con la puerta en las narices y emprendieron 15 años de innumerables litigios judiciales para que la singular fortaleza ideada por Pardo Bazán siguiera siendo su búnker particular. Fueron perdiendo todas y cada una de las batallas en los tribunales.
Tardarían meses en dejar a los inspectores de la Xunta para examinar, en la primavera de 2018, el estado de un pazo, sus jardines, huertas, prados y bosques que suman 66.792 metros cuadrados. Y fueron necesarios otros tres años para que, al fin, con Alberto Núñez Feijóo (PP) al frente del Gobierno gallego, los herederos del dictador aceptaran visitas guiadas y gratuitas. Eso sí, los primeros años, era el erario público quien debía sufragar los gastos de seguridad y organización de unos recorridos por la propiedad en los que se hacía, sin remilgos, apología de la dictadura y su caudillo. Otra fuente de continuos conflictos entre los Franco y el Ejecutivo autonómico en estos últimos 15 años que desembocan en la histórica sentencia que ordena ahora a la familia del dictador a devolver al pueblo las Torres. Un fallo judicial que decreta fuera de toda duda que debe ser pública una fortaleza pagada por todos.
Un 'Saludo a Franco: ¡Arriba España!' encabezaba todos los recibos de los donativos forzosos de la denominada 'suscripción popular' para pagar el pazo 'dedicado al caudillo'
“Si se supiese la cifra gastada en el Pazo de Meirás causaría asombro”, criticaba un alto mando del Ejército franquista en un informe oficial de noviembre de 1939. El documento, conservado el archivo de Alcalá de Henares, desvela cómo se fraguó la gran operación para comprar, ampliar, reformar y entregar al dictador la propiedad. Fue adquirida por los empresarios franquistas, con Barrié de la Maza al frente, dueño del Banco Pastor y Fenosa, a los herederos de Pardo Bazán por 406.346 pesetas. La compra incluía el pazo con todo el mobiliario y el legado de la escritora, entre ellos una privilegiada biblioteca de 17.000 libros, así como tres hectáreas de terreno. Ni siquiera la nuera de la escritora pudo recuperar sus pertenencias personales cuando, tras firmar la venta, acudió a Meirás, contaba los descendientes de la condesa. Y los promotores del “obsequio” se esmeraron en “reconstruir” y ampliar la propiedad así como la carretera de acceso, a costa de expropiaciones forzosas, y no siempre pagadas, a numerosos vecinos.
Cuentan que cada mañana de aquel verano 1938 salían a averiguar si sus fincas estaban o no entre las afectadas por “la rumbosa oferta de la provincia al Generalísimo”, como escribían en las crónicas de prensa de la época. Con indemnización o sin ella, todos los expropiados por la fuerza eran llevados en vehículos militares hasta una notaria de Betanzos para formalizar el cambio de propiedad. Carmen Franco, la esposa de Franco, viajaría varias veces hasta Sada para supervisar unas obras que tardaron meses en realizarse.
El coste total de la operación ascendió a un 1,2 millones de pesetas, según el mencionado informe del alto mando franquista que criticaba tanto el montante como la operación de los empresarios coruñeses para agasajar, cuando aún arreciaba la Guerra Civil, al autoproclamado jefe del Estado. Más de un millón, bien lejos de las 85.000 pesetas que, según esgrimieron los abogados de los Franco en el juicio ahora fallado, pagó supuestamente el dictador en una dudosa escritura pública de 1941.
Un “Saludo a Franco: ¡Arriba España!” encabezaba todos los recibos de los donativos forzosos de la denominada “suscripción popular” para pagar el pazo “dedicado al caudillo”. Pero esa cuestación fue un fracaso, y entonces se decidió sustraer cantidades más o menos importantes a los magros salarios de los funcionarios de A Coruña así como a los empleados de empresarios fervientes de demostrar su adhesión al franquismo. Y, como tampoco llegaba para reunir la suma colosal que suponía tamaño regalo, se obligó a todos los ayuntamientos de la provincia de A Coruña a aportar, como mínimo, un 5% de la recaudación del impuesto de la contribución. Escasos archivos municipales conservaban documentos de esos donativos forzosos a la Junta del Pro-Pazo del Caudillo en aquel 1938, “II año triunfal”, según la denominación franquista. Aunque ayuntamientos del entorno de A Coruña consiguieron hace unos años, cuando se destapó el “caso Meirás”, recuperar pruebas de aquellas dádivas: 819 familias de ocho parroquias de Carral entregaron 4.585 pesetas. En el vecino municipio de Oleiros, fueron recolectadas 9.000 pesetas.
La sentencia que ahora ordena devolver el Pazo de Meirás al pueblo da por probados multitud de documentos, testimonios y hechos que demuestran que la emblemática fortaleza fue donada a Franco, no a título privado, sino en su calidad de jefe de Estado. Lo estipulaba específicamente el pergamino que, en medio de una pomposa ceremonia, fue entregado al dictador como título de propiedad. Un documento de diciembre de 1938 cuyo original desapareció misteriosamente de los archivos de la Diputación de A Coruña hace 15 años, cuando la Xunta empezó a tramitar la declaración patrimonial con el fin de dar un mínimo uso público al castillo ideado por Pardo Bazán.
La autora de Los Pazos de Ulloa sentía especial devoción por esa fortaleza que hizo construir para convertirse en su santuario literario
La autora de Los Pazos de Ulloa sentía especial devoción por esa fortaleza que hizo construir para convertirse en su santuario literario. A una de las torres, la única de las tres que mira hacia el mar de Sada, la llamó 'La Quimera' e hizo que su balcón fuese adornado de nueve musas. Fue allí, donde guardaba una importante biblioteca que, en parte, fue pasto de las llamas de aquel misterioso incendio nocturno que devoró una parte del interior de la propiedad, pocos días antes de aprobarse la Constitución española de 1978. Vecinos del lugar recuerdan cómo a la mañana siguiente, no dejaban de entrar y salir de la propiedad camiones militares. Poco después, Carmen Polo donó unos 8.000 libros al Ministerio de Cultura, que acabaría por entregarlos a la Real Academia Galega. Pero de aquel valioso legado de la escritora aún quedan unos 4.000 volúmenes que ahora reclama la Xunta a los Franco. Sin visos de conseguirlo, de momento.
De la época de Pardo Bazán, al margen de la construcción, no queda mucho más. Aunque sí, intacta, está la gran vidriera con el escudo de la condesa que preside la escalera principal, a la entrada del pazo. El incendio de 1978 dejó sus huellas en el interior del inmueble, y en la inspección que realizaron los técnicos del Gobierno gallego 20 años después apreciaron el deterioro y gran humedad que reinaba en el interior. Detectaron también valioso patrimonio gallego entre la decoración de dudoso gusto que los Franco impusieron en la propiedad, cuyos muros están plagados de cabezas de ciervos y otras piezas de caza, incluido la de un toro. Y es que la gran afición de la esposa del dictador por las antigüedades hizo que reuniese en Meirás, entre otros elementos valiosos del patrimonio gallego, dos esculturas del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago o pilas medievales usurpadas de una iglesia de Muxía. Unas piezas históricas todas ellas cuya devolución sigue en litigio en los tribunales y cuya recuperación sigue en el alero, pese al fallo judicial que ahora ordenar restituir la propiedad. Una victoria también para la presión social que en los últimos años no dejó de crecer para devolver el pazo al pueblo. Roto también está el silencio que permitió a los Franco su uso y disfrute personal durante más de ocho décadas.