Primero, el caso de las multas y ahora, el de Castro de Rei. Apenas cuatro meses después de que la Audiencia Provincial de Lugo anulara el caso de una supuesta trama de retirada irregular de multas por un defecto formal de la investigación, el mismo órgano judicial acaba de tomar una decisión prácticamente idéntica sobre otro caso instruido por la jueza Estela San José, también responsable de otras investigaciones de gran eco mediático, como la Campeón. En esta ocasión el caso que se archiva por “nulidad de las actuaciones” desde su “inicio” es el vinculado a presuntas adjudicaciones irregulares y supuestos enchufes en el Ayuntamiento de Castro de Rei, en la comarca de A Terra Chá.
A pocos días de entrar en la fase de juicio oral a Audiencia decide frenar en seco un caso que se remonta al año 2008, época en la que San José consideró que el equipo de gobierno municipal, entonces dirigido por el socialista Juan José Díaz Valiño, había urdido una trama para repartir favores en forma de contratos y puestos de trabajo. Sobre la mesa estaban presuntos delitos como la prevaricación administrativa, el cohecho, el tráfico de influencias y la falsedad documental y en el banquillo de los acusados se iba a sentar un total de 16 personas. Pero nada de esto va a ser juzgado porque, dice la Audiencia, la jueza no actuó como debería.
Para anular la investigación entera, dice el auto emitido este martes en Lugo, los magistrados tienen en cuenta que las indagaciones comienzan en una causa “completamente inconexa”, la de un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores. En esa investigación se ordenaron intervenir diversos teléfonos, en los que se detectan “conversaciones entre personas que ahí estaban siendo investigadas y que se referían a temas ajenos y distintos”, entre los que figuraban las gestiones de Castro. “La instructora, que es consciente de la inexistencia de conexidad” entre ambas causas, “opta por abrir nuevas diligencias” y “continúa investigando, atribuyéndose la competencia” sobre el nuevo caso.
En este escenario, la Audiencia tiene claro que la jueza San José actuó “de manera arbitraria”, asumiendo un caso que le tendría que ser adjudicado al juez o jueza que correspondiera por turno. No evitar que esto suceda supondría “dejar que el juez que lo considere procedemente asuma de manera arbitraria las causas que sean de su interés y derive” al “reparto” que marca la ley “lo que no considere” interesante investigar. “Tiene que ponerse coto a tal práctica”, continúan los magistrados, porque, de lo contrario, sería semejante a permitir que un ciudadano “presente una denuncia ante un juzgado concreto” porque el juez o jueza es de su gusto, “violando” así el “derecho de los denunciados” a que cada causa sea “vista por el juez al que corresponde, y no por voluntad de ninguna persona”.
En síntesis, los magistrados lucenses ven claro que San José asumió el caso de Castro de Rei a pesar de saber que los presuntos delitos no tenían nada que ver con lo que ella estaba investigando. Por este motivo, dictaminan la “nulidad de las actuaciones” y, por lo tanto, también “de las pruebas obtenidas”, ya que “la obtención de las mismas adolece de vicio de nulidad a partir del descubrimiento o hallazgo casual de la existencia de los presuntos delitos”. “Todas la pruebas” fueron recopiladas “de modo procesalmente irregular, con infracción del derecho del juez predeterminado por la ley”. Lo mismo sucede con las “intervenciones telefónicas, mantenidas de forma irregular”. Por lo tanto, y con independencia del fondo de la cuestión, los errores de procedimiento mandan el caso al cajón.