“Garantizaremos la asistencia sanitaria pública de todos los residentes en Galicia, que serán manejados en las condiciones que marca el nuevo Programa de Tuberculosis”. El pasado septiembre la Consellería de Sanidad presentaba en Compostela la actualización del programa de prevención y control de la tuberculosis, una “reestructuración de los recursos y procesos” con los que, señalaba la Xunta, se ofrecerían “consultas sin demora” y se evitarían “ingresos innecesarios” al tiempo que se procuraba un “ahorro potencial de un millón de euros por año”. En aquella presentación se hizo especial hincapié también en la importancia de las siete unidades de tuberculosis que existen en Galicia, que pasarían a convertirse en “referencia” para los tratamientos. En ningún caso la información facilitada por Sanidad dejaba entrever que en estos procesos fueran a actuar empresas privadas. Pero así será.
El Servizo Galego de Saúde (Sergas) acaba de iniciar el procedimiento para contratar un “servicio de intervención para garantizar el cumplimiento de los tratamientos antituberculosos” enmarcados en este programa. Así, no será directamente el personal de la sanidad pública, sino el de la empresa que resulte ganadora del concurso que ahora se inicia, quien “realice todas las intervenciones dirigidas a garantizar el cumplimiento” de estos tratamientos, según figura en el pliego de condiciones del contrato.
En concreto, la empresa adjudicataria se encargará de buena parte de la supervisión y control de los tratamientos, algo que por lo tanto no le corresponderá a las Unidades de Tuberculosis, que sólo “supervisarán” estos procesos. De este modo, será la compañía privada la que, por ejemplo, se encargue de la “elaboración de informes técnicos sobre las necesidades asistenciales y sociales de cada paciente con tuberculosis”. A partir de ahí tendrá que “diseñar las estrategias de búsqueda de información más útiles en cada caso” y “completar la información en un cuestionario predeterminado para la correcta descripción socio sanitaria de los casos”.
En este contexto, los datos que obran en poder del Sergas serán gestionados por manos privadas para gestionar bases de datos sobre la enfermedad o elaborar “protocolos de actuación personalizados para la supervisión del tratamiento (...) en cada caso”. Además, a la empresa le corresponderá la “realización de las actividades necesarias para llevar a cabo (...) el plan de actuación por la Unidad de Tuberculosis correspondiente”, elaborar “informes periódicos de la evaluación de la actividad realizada y de los resultados” de cada enfermo e “informar a la Unidad de Tuberculosis” de la “detección de problemas en la cumplimentación del tratamiento”. La labor de la empresa que logre la adjudicación se completará con el envío de sus informes al Servicio de Control de Enfermedades Transmisibles, dependiente de la Consellería de Sanidad, que será, en última instancia, la propietaria de la documentación.
Según consta en la propia documentación este servicio será contratado por un plazo de un año que es posible prorrogar. Para privatizar estas funciones de supervisión y control el Sergas reserva 294.343,60 euros que, una vez aplicado el correspondiente 21% de IVA, llegan a los 356.155 euros. De esta cantidad 29.679,64 euros saldrán de los presupuestos de 2012 y los restantes 326.476,11, de los de 2013.
SOS Sanidade alerta de que las empresas privadas “tendrán acceso a la historia clínica de los pacientes”
La privatización de la supervisión de los tratamientos de tuberculosis hizo ya prender las alarmas de nuevo en los colectivos en defensa de los servicios sanitarios como SOS Sanidade Pública. Uno de sus portavoces, Manuel Martín, explica en conversación con Praza Pública que esta contratación es una nueva muestra de la apuesta del Sergas por “privatizar” cada vez más la “actividad de servicios” de la sanidad pública gallega. “Los procedimientos de gestión, de selección de personal, de planificación... todos estos asuntos se están externalizando”, censura, ya que esto implica “gastar un dineral” mientras se mantienen “ociosos la parte de los trabajadores”. “Lo que pretenderán es echarlos”, advierte.
Para Martín la entrada de empresas privadas en estos ámbitos trae también consigo un problema en cuanto a la “confidencialidad de los datos”. Las compañías adjudicatarias tendrán acceso “a las historias clínicas” y, por lo tanto, a los “problemas de salud” de los enfermos, lo cual les podría traer “consecuencias en el empleo y cosas por el estilo”. Todo esto, dice, acontece mientras el Sergas incurre en “sobrecostes” causados por las privatizaciones mientras, al tiempo, “rebajan sueldos y echan gente”. “Este es un problema de no utilización de recursos, de ineficiencia y mala gestión” que deriva en “problemas para los pacientes, falta de seguridad de sus datos y de gestión de los recursos”. “Probablemente el objetivo es cargarse la Administración sanitaria y dársela la empresas que se van a forrar” concluye.