La rebelión se extiende. El Ayuntamiento de Silleda también hace frente a los bancos, tal y como relata su alcaldesa, la socialista Paula Fernández, que explica que el consistorio lleva ya semanas tomando medidas contra el drama de los desahucios, lo que ha provocado que se paralizase el desalojo de una familia de la localidad de su casa. A las iniciativas de esta villa pontevedresa se unió este fin de semana el Concello de Ares que a través de su regidor anunció que cancelaría las cuentas de la administración local en aquellos bancos que llevaran a cabo desahucios de alguno de sus vecinos.
Este mismo lunes, Vigo anunció también que incluirá el desahucio como causa de nulidad de contratos con los bancos y su alcalde, Abel Caballero, advirtió de que no va “a cooperar en ningún desalojo de ninguna institución, mucho menos de la Xunta”. Por su parte, Pontevedra, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD) aclaró que si La Caixa “no para los desalojos que tenga pendientes o ejecuta algún más”, retirará los 1,2 millones de euros que tiene allí depositados.
Porque ya el pasado mes de septiembre, el pleno de el Ayuntamiento de Silleda aprobó una moción en la que se les exigía al Gobierno central y a la Xunta de Galicia una moratoria parcial o total de las deudas hipotecarias en caso de vivienda habitual de los afectados, así como la dación en pago. Pero hubo mucho más. Desde hace varias semanas, el consistorio pontevedrés ha exigido a las entidades bancarias que operan en la localidad la paralización de los desahucios y la cancelación de las “deudas ilegítimas” que le atribuyen a varios vecinos bajo la advertencia de que cancelará todas sus cuentas en esas sucursales si llevan a cabo el desalojo de algún vecino de su vivienda. “Lo que hicimos con la moción fue prever esa necesidad”, advierte la alcaldesa.
“No hizo falta llegar a suspender cuenta alguna”, explica a Plaza la regidora Paula Fernández, que explica también como la colaboración de los servicios jurídicos del Ayuntamiento con algún vecino afectado ha posibilitado la marcha atrás en algún desahucio previsto. “Acordamos que el consistorio proporcionaría asistencia jurídica a los afectados de manera gratuita como una manera de intentar arreglar el problema”, cuenta.
Y claro que lo consiguieron. No hace mucho, y ante la amenaza de desahucio que un banco ya había ejercido por escrito a una familia, los asesores jurídicos del Ayuntamiento se reunieron con la entidad bancaria para reclamarle que aplicase una carencia de un año en la hipoteca pendiente y a la vista de la letra pequeña del contrato. “El banco atendió la reclamación y firmó esa carencia”, explica la alcaldesa, que se siente “orgullosa” del trabajo hecho y que advierte a otros ayuntamientos de las “posibilidades” que las medidas que adopten los consistorios y su “presión” ofrecen ante estos dramas sociales. “Tenemos que ir aún a más porque lo que tenemos que conseguir es tener argumentos para cuando ocurran casos semejantes o peores”, explica.
No fue esta la única medida. El Ayuntamiento de Silleda pidió también que se eliminase el impuesto municipal de plusvalía que se cobraba en alguna hipoteca y advirtió que no pondría ningún policía local a disposición de las entidades bancarias para proceder al desahucio de los vecinos. Además, la administración local puso en marcha un banco de empleo municipal en el que los vecinos ofrecen su currículo. El consistorio se pone en contacto con empresas y colabora en la búsqueda de empleo. Uno de los vecinos amenazado con un desahucio ante la imposibilidad de hacer frente a la hipoteca está ahora trabajando gracias a la colaboración institucional.
“Los ayuntamientos también tenemos que trabajar para que esta gente tenga salida, no llega con paralizar los desahucios”, explica Paula Fernández, que insiste en las posibilidades que desde pequeños ayuntamientos hay para evitar dramas sociales como la pérdida de una casa y de los resultados que la “presión” institucional puede provocar en las entidades bancarias.
Las iniciativas del Ayuntamiento de Silleda cobran más relevancia aún después de que el alcalde de Ares, Julio Iglesias, anunciara este domingo que cancelará su cuenta con aquellas entidades bancarias que “decidan practicar un desahucio a un vecino” de este municipio coruñés. “El Ayuntamiento quiere ayudar, en la medida de sus posibilidades, a evitar los cada vez más frecuentes desahucios que están practicando las entidades bancarias a familias que, por la crisis económica, se ven en la calle por no poder pagar la vivienda en la que residen”, remarcó, a través de un comunicado.
Además, el regidor socialista adelantó también que iba a remitir una carta a las entidades financieras en las que el Consistorio tiene cuentas para advertirles de su decisión y de las posibles consecuencias. Al tiempo, Julio Iglesias hace un llamamiento al resto de alcaldes para que lo imiten y hagan “lo mismo” para conseguir así que los bancos “no lleven a cabo estos desahucios”.
La decisión del alcalde de Ares llegó tras el suicidio de una vecina de Barakaldo justo antes de que fuese expulsada de su casa por una entidad bancaria y después también de que el alcalde de Tenerife consiguiera parar el desahucio de una vecina tras amenazar a Bankia de anular las cuentas que el Ayuntamiento tenía en la entidad madrileña.