El sistema electoral gallego: una ley para la horma del PP que eleva el peso de las provincias que votan más conservador
En las elecciones autonómicas de 2020 en Galicia, cuando el PP obtuvo su cuarta mayoría absoluta consecutiva, logró el 56% de los escaños –42 de 75– del Parlamento con solo el 48% de los votos. No necesitó el mismo esfuerzo en cada circunscripción: en la provincia de A Coruña reunió 18.800 papeletas por cada asiento logrado; en Lugo la cifra cayó por debajo de las 10.000. La explicación a estas cuentas se encuentra algo más allá del sistema D'Hondt. La ley electoral gallega provoca que las dos provincias que tradicionalmente votan más conservador (Lugo y Ourense) tengan más peso y, además, fija un umbral mínimo de votos –el 5%– que excluye a formaciones pequeñas. La horma electoral se ajusta a la medida del PP.
Las reglas están recogidas en la ley de elecciones al Parlamento de Galicia, aprobada en 1985 con amplio consenso, pero que tuvo una modificación significativa posterior que sacó adelante el PP de Manuel Fraga en solitario. El funcionamiento básico es similar al español, pero tiene algunas particularidades. Se estableció que a cada provincia le corresponden un mínimo de 10 diputados con independencia de la población. Los 35 restantes sí se reparten en función de los habitantes. De este modo, el 53% de los puestos del Parlamento gallego está formado por estos escaños mínimos. En el Congreso ese porcentaje es del 29%.
En el siguiente gráfico se puede ver la diferencia entre el porcentaje de población y el porcentaje de escaños que reparte cada provincia. En rojo, las provincias que reparten menos escaños que los que les corresponden por número de habitantes, en azul, las que tienen más escaños que su porcentaje de población.
Ese mínimo de escaños por provincia es lo que hace que Lugo y Ourense, menos pobladas, tengan más peso del que les correspondería en un reparto que fuese directamente proporcional al número de personas censadas. Con el sistema gallego, tienen el 37% de los escaños con el 23% de la población, mientras que A Coruña y Pontevedra, con el 76% de la población, eligen el 63% de los asientos en la Cámara gallega.
La idea que subyace a esta norma es garantizar el peso político de las dos provincias menos pobladas. Uno de sus defensores, el profesor de Ciencia Politica de la Universidade de Santiago de Compostela Antón Losada, sostiene que es “la única manera de tener un territorio equilibrado”. Si no, añade, esos territorios “en 20 años no tienen nada”. Estas reglas se traducen en que en las elecciones del 18 de febrero Ourense y Lugo van a elegir 14 diputados cada una, mientras que Pontevedra va a escoger 22 y A Coruña, 25.
El sistema electoral gallego establece la barrera de entrada para que las formaciones tengan representación en el Parlamento en el 5% de los votos de la circunscripción. En las elecciones generales el nivel establecido es el del 3% y también lo es en la mitad de las comunidades autónomas. En el caso gallego, la ley recogía de inicio esa exigencia menor, pero a finales de 1992 se elevó en dos puntos porcentuales. Entonces, con Fraga Iribarne al frente, el PP aprobó en solitario ese cambio. La formación conservadora había ganado las elecciones de 1989, tras las que se sentaron en el hemiciclo cinco partidos distintos. En 1993 afrontaba de nuevo la prueba de las urnas en un escenario en el que se jugaba la consolidación, solo cuatro años después de su nacimiento.
El argumento del PP era que con el 5% se evitaría la fragmentación de la vida política gallega. Una crónica periodística del El País recogía un par de meses antes de los comicios declaraciones del entonces líder popular en defensa de la nueva norma: “Clarificará las opciones y asegurará una mayor representatividad del Parlamento”. Desde entonces, y hasta la irrupción en 2012 de Alternativa Galega de Esquerda (AGE, una coalición de la soberanista Anova y Esquerda Unida), al Parlamento gallego solo lograron entrar tres fuerzas: el PP, el PSdeG–PSOE y el BNG. Para Antón Losada la condición del 5% es antidemocrática y aboga por retirarla: “Es un obstáculo puesto, en este caso, por el partido más votado para impedir que le entren competidores”.
El sistema electoral gallego ha beneficiado en estos años sobre todo al PP. Se ha notado especialmente en las tres últimas citas, que dieron todas ellas mayorías absolutas al PP de Alberto Núñez Feijóo a pesar de que en ninguno de esos comicios la formación llegó a tener más del 50% de los votos –tampoco lo hizo en 2009, la primera absoluta de Feijóo–. Es la consecuencia de los efectos conjuntos de la sobrerrepresentación de Lugo y Ourense, que votaron más por esa opción política, y de la ley D'Hondt, que favorece que los partidos más votados tengan más escaños.
En el otro lado, las formaciones que obtuvieron un porcentaje de escaños por debajo de su porcentaje de votos fueron habitualmente el BNG y fuerzas como Esquerda Unida, AGE, En Marea, Ciudadanos o la alianza de Esquerda Unida y Unidade Galega (una desaparecida formación nacionalista liderada por Camilo Nogueira) que concurrió en la autonómicas de 1993.
Con estas reglas, en cada cita electoral hay miles de votos que se quedan sin representación en el Parlamento de Galicia. El caso más paradigmático fue el de Galicia en Común –la coalición liderada por Podemos para esos comicios– en las autonómicas de 2020. Reunió 51.630 sufragios, pero no obtuvo ningún escaño y el espacio en el que había nacido, que con la marca En Marea había logrado 14 diputados en 2016, se quedó fuera del hemiciclo.
Aunque las mayores pérdidas de votos se produjeron durante las primeras elecciones gallegas, cuando había muchas más formaciones con fuerza electoral que se presentaban a las elecciones, con el final del bipartidismo y la llegada de los nuevos partidos –como Podemos y Ciudadanos– la pérdida de papeletas ha vuelto a subir.
En las últimas elecciones de 2020, cuando Galicia en Común se quedó sin escaño al situarse por debajo de la barrera electoral, se perdieron un 8% de los votos emitidos.
¿Por qué sale beneficiado el PP?
El sistema muestra su mejor cara para el PP por sus principales caladeros de votos. La formación logra sus mejores resultados en las zonas rurales y en las más envejecidas. En las autonómicas de 2020, más de la mitad de las papeletas válidas en los pueblos de menos de 10.000 habitantes fueron para los populares. La formación conservadora también arrastra más de la mitad de los sufragios en barrios y municipios donde vive, de media, más población mayor. En las secciones censales donde la edad media de los residentes es de más de 51 años, el PP obtuvo ese mismo año un 58% de las papeletas.
El análisis de las variables demográficas revela también que el PP obtuvo mejores resultados en las zonas con menos renta, baja en los tramos intermedios y en las franjas de renta media-alta y vuelve a dispararse entre el 10% más rico.
El electorado gallego se abstiene más en las autonómicas
En Galicia opera lo que se conoce como voto dual. Las mayorías absolutas que el PP encadenó en las últimas cuatro elecciones autonómicas no se han proyectado en las mismas proporciones ni en el terreno municipal ni en el de las generales. El pasado 23 de julio, el bloque de la izquierda sumó más votos que los populares y Vox. Ya había ocurrido cuatro años antes, cuando el PSOE incluso superó al partido de Feijóo en Galicia. Y en las municipales del 28 de mayo de 2023 la formación conservadora también se anotó un tropiezo. Aunque logró recuperar el gobierno de una de las siete principales ciudades (Ferrol), sigue fuera del poder en las otras seis. También volvió a la presidencia de la Diputación de Pontevedra, pero A Coruña y Lugo siguen en manos de la izquierda y Ourense dependió una vez más de un pacto con Democracia Ourensana. En paralelo, el dato que se repite en Galicia es el de una mayor abstención en las autonómicas que en las generales.
La brecha se ensancha especialmente en las ciudades con más población. Cuando lo que se elige son los representantes en el Congreso de los Diputados, el electorado de los municipios más grandes tiene una participación superior a la de los municipios pequeños. El dato se invierte cuando se trata de elegir a los representantes en el Parlamento de Galicia: las ciudades se abstienen más.
En Vigo o A Coruña, las dos ciudades más pobladas de Galicia, la media de la abstención en las elecciones autonómicas celebradas desde 2016 supera en más de 12 puntos a la media de abstención de las generales convocadas en el mismo periodo.
Estas diferencias de participación son clave en el resultado electoral. El voto urbano se desplaza más hacia la izquierda: desde 2016, en todos los comicios tanto autonómicos como generales, las candidaturas de izquierdas han superado el 50% en las poblaciones de más de 60.000 habitantes. No ha ocurrido lo mismo en los municipios de menos de 10.000 habitantes, en donde en cada cita los apoyos a las derechas han rondado o superado el 50%.
Para el politólogo Antón Losada la abstención se concentra en el votante socialista, que “se activa en municipales y generales”, pero no siempre en la misma medida en las autonómicas, mientras que “históricamente en el PP no parece que haya ese fenómeno y tampoco en el BNG”. Las razones, según su análisis, son que el PSOE “es fuerte” en el nivel municipal y tiene “líderes y organizaciones potentes” tanto en el escenario local como en el estatal, así que su votante ve una candidatura “con posibilidades de ganar”. En las autonómicas, sostiene, no ha sido así, con la excepción de la época en la que estuvo dirigido por Emilio Pérez Touriño. En las elecciones de 2005, con él como cabeza de lista, socialistas y BNG desbancaron a Manuel Fraga y establecieron un gobierno bipartito en la Xunta.
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