Los trabajadores de una residencia de ancianos de Salvaterra do Miño (Pontevedra) denuncian la situación dantesca en la que se encuentra un centro con capacidad para 108 ancianos y que tiene en la actualidad un total de 95 positivos por COVID, entre usuarios y trabajadores. El centro, según el escrito remitido a la Xunta de Galicia, carece de las mínimas medidas de higiene y presta un servicio que no garantiza el derecho a la dignidad de las personas que viven en su interior. Ancianos a los que se encierra bajo llave, que duermen en colchones rotos y cuyos goteros para recibir fármacos se cuelgan de las lámparas. El centro, intervenido por la Xunta hace dos semanas, carece de material de higiene y, según sus trabajadores, en él hay una palangana para cada 30 internos con la que se realizan las labores de aseo diario. El Gobierno de Feijóo asegura que estudiará la denuncia que firma la Asociación de Traballador@s de Residencias de Galicia (Trega).
En la denuncia, dirigida a la Secretaría Xeral Técnica y a la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, la asociación asegura que las dependencias del centro “no reúnen las mínimas condiciones de mantenimiento ni salubridad, no ya para atender a personas mayores, sino para cualquier tipo de alojamiento”. Trega explica que las camas camas de la residencia “no son clínicas” y que no pueden elevarse, algo “fundamental” para aquellos que padecen patologías respiratorias, como es el caso de la COVID-19, y para administrarles los alimentos, ya que “pueden atragantarse y sufrir una broncoaspiración grave con resultado de muerte”. Esto lleva a que los empleados tengan “como única opción colocar una almohada debajo”. Los colchones “no son viscoelásticos sino de muelles y están totalmente rotos y sucios”, mientras que tampoco hay ayudas técnicas como grúas para mover a los ancianos o elevarlos para cambiarles el pañal.
Las habitaciones también tienen “deficiencias” de material y un “nulo mantenimiento”. De hecho, ni siquiera tienen palos de gotero para colgar la medicación intravenosa, que tiene que colgarse “de las lámparas”. A esto se suma que los residentes “permanecen cerrados con llave en sus habitaciones”, una práctica contraria a la normativa de servicios sociales. “Una residencia no es una cárcel. Aunque se debe cumplir un aislamiento (por la COVID-19), los usuarios deben tener la posibilidad de pedir ayuda si la precisan”, asevera la asociación de trabajadores.
Instalaciones para el personal deficientes
En lo referente a las dependencias de la plantilla, Trega relata que “los platos de ducha están rotos y oxidados y su uso implica un riesgo para la salud”. “Además, todo el vestuario está revuelto, las taquillas no tienen llave y están permanentemente abiertas, hay ropa colgada fuera de ellas”, continúa la asociación en su escrito, en el que recuerda que el centro cuenta con decenas de empleados contagiados de COVID-19.
En este sentido, Trega reconoce que la Xunta envió refuerzos para la plantilla tras la intervención, pero explica que se les habilitó el gimnasio como vestuario, un sitio que emplean “como una especial de almacén para todo” y en el que “no hay ni taquillas, ni aseos, ni ducha”.
Tampoco hay “las mínimas existencias de material” para que los profesionales realicen su trabajo, por lo que, siempre según Trega, para aseos y cambios de pañal a personas encamadas “solamente disponen de una palangana para cada 30 usuarios”.
Desde la Consellería de Política Social, que desde finales de octubre se hace cargo del geriátrico han asegurado a Europa Press que “analizará con detenimiento” todo lo que relata la asociación Traballadores de Residencias de Galicia. “En caso de que se constate algún incumplimiento de la normativa, como es natural y como ocurre en todos los casos, se actuará en consecuencia”, ha añadido la Administración.
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