El avance de la segunda ola en las residencias gallegas supera el drama de muertes de los primeros meses

A finales de julio, cuando los casos de COVID-19 diagnosticados en Galicia empezaron a crecer de nuevo, el coronavirus volvió a entrar en las residencias de mayores igual que lo había hecho en los primeros meses de la pandemia. Basta un repaso a las actualizaciones diarias de fallecidos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para verificarlo. En cada parte aparecen personas que vivían en algún geriátrico gallego. Son tantos que ya constan más muertes en la segunda ola que en la primera: entre marzo y agosto se comunicaron oficialmente 274 y desde entonces se han sumado otras 283. En total son 557.

Esta cifra quiere decir que, de cada 100 personas cuya muerte se ha atribuido a la COVID-19 en Galicia, 42 eran ancianos residentes en centros geriátricos. De la comparación de este porcentaje con la media estatal echa mano el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para defender su gestión en este campo. “Sí se ha protegido a los mayores”, respondió en una entrevista con Faro de Vigo publicada el pasado domingo, cuando se le preguntó sobre si las residencias han estado poco protegidas en la segunda ola. “Nuestra mortalidad está muy por debajo de la media de comunidades, siendo una de las autonomías más envejecidas de España”, argumentó y señaló que en todo el Estado la cifra es del 56%. Un documento de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales publicó a principios de noviembre una estimación oficial hasta el 23 de junio que calculaba que entre un 47% y un 50% de las muertes en la primera ola habían sido de usuarios de residencias de mayores.

La situación en estos centros en plena pandemia ha despertado preocupación e indignación y ha generado constantes protestas de asociaciones de familiares de ancianos ingresados en geriátricos en Galicia, pero no fue hasta el 10 de septiembre que la Xunta decidió hacer cribados quincenales al personal de las residencias. Pese a ello, los brotes no solo siguieron apareciendo, sino que lo hicieron, en muchos casos, cuando los afectados se contaban ya por decenas.

A mediados de noviembre, con las cifras totales de casos activos cerca del máximo de la pandemia en Galicia, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, admitió que las autoridades sanitarias detectaban brotes ya extendidos en los geriátricos. Diez días después fue el propio Feijóo el que anunció, tras un Consello de la Xunta, que se harían pruebas a los trabajadores cada semana. “Las residencias son una de nuestras mayores preocupaciones y vamos a seguir apostando por la detección precoz”, dijo entonces. En la entrevista del domingo avanzó, antes de que el Gobierno central diese fechas concretas, que la vacunación contra el coronavirus empezará la segunda semana de enero en la comunidad y lo hará por los residentes en geriátricos.

Fuentes de la Consellería de Política Social apuntan a factores como que la segunda ola está siendo “más larga y con más incidencia” y a que se han adoptado medidas “diferentes” -se ha esquivado el confinamiento domiciliario- para explicar la evolución de los datos. La repercusión, argumentan, se ha notado “en toda España” y la gallega es “la tercera comunidad con menor incidencia de la COVID-19 en las residencias”. El porcentaje de fallecimientos vinculados a estos centros es inferior en la segunda ola que en la primera, añaden. Frente al 42,45% registrado desde agosto -entre el 10 de junio y el 7 de agosto en Galicia no se registraron muertes por coronavirus-, en los primeros meses de la pandemia el porcentaje fue del 44,26%.

Detrás de la extensión de la enfermedad en las residencias estuvo también la lentitud en dar los resultados de las PCR: la prueba realizada a un empleado del centro “Os Gozos”, en Pereiro de Aguiar (Ourense), dio positivo, pero él siguió acudiendo durante cinco días a su trabajo porque el Sergas se demoró 120 horas en comunicárselo. Los contagios superaron de largo el centenar. Desde que se detectó el foco y el hasta el 10 de noviembre se comunicó el fallecimiento de 35 personas.

La residencia de Os Gozos fue una de las 11 en manos privadas intervenidas por el Gobierno gallego desde que empezó la pandemia. En la primera ola, la Xunta tomó el control de cuatro centros. En la segunda ha entrado ya en siete tras dispararse los contagios. Una de las últimas fue la de Salvaterra (Pontevedra). Las condiciones en las que vivían los mayores en este centro llevaron a las trabajadoras a protestar públicamente. Las imágenes muestran colchones rotos y sucios y goteros colgados de lámparas y sus relatos hablan de ancianos encerrados.

El Gobierno gallego se ha encontrado también con un problema de falta de personal formado para cubrir las necesidades de los centros con decenas de ancianos y de trabajadores infectados. Llegó a prescindir de una PCR previa y a llamar a trabajadoras sin capacitación sanitaria para que se hiciesen cargo de plantas enteras de residencias. La Xunta argumenta que, en casos urgentes, se hace un test rápido antes de que el empleado se incorpore a su puesto y se le da formación allí mismo.

En la actualidad, hay 253 mayores y 162 trabajadores de geriátricos contagiados con el coronavirus. El peor brote es ahora mismo el de la residencia Vila do Conde de Gondomar (Pontevedra), con 66 ancianos afectados. Se trata, una vez más, de un centro privado. Le sigue el del centro Soremay, en Pontevedra, también en manos de una sociedad con ánimo de lucro. Feijóo y el PP no cuestionan este modelo. El presidente gallego señaló en la citada entrevista que no va a decir que “las residencias gestionadas por entidades sociales no tienen seguridad y profesionalidad”. Lo que hace falta, a su juicio, es que los protocolos funcionen en todas ellas y que las ratios de persona sean iguales, también en las públicas.