El Gobierno quiere evitar que la mudanza que ultiman los herederos de Franco en su salida del Pazo de Meirás suponga un nuevo expolio al patrimonio público. Los nietos del dictador tienen que dejar la propiedad el próximo 10 de diciembre. Un retén de la Guardia Civil ya ha sido enviado a la zona para vigilar las entradas y salidas del emblemático dominio de más de nueve hectáreas enclavado en Sada (A Coruña).
La Abogacía del Estado, según ha podido confirmar elDiario.es, demandará este lunes ante el juzgado medidas cautelares para proteger el contenido del singular castillo en el que los Franco albergan innumerables piezas históricas y obras de arte de alto valor con las que se hicieron durante la dictadura. El Gobierno quiere entrar en el epicentro del franquismo, tomar nota de lo que hay y evitar nuevos robos por parte de los herederos del dictador.
Allí están, entre otras, las estatuas de los profetas Abraham e Isaac que formaron parte del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Arranca así el enésimo episodio judicial de la batalla de los poderes públicos y civiles para recuperar el conjunto monumental ideado a finales del siglo XIX como refugio literario de Emilia Pardo Bazán y reconvertido luego en escenario estival de casi cuatro décadas de dictadura.
La familia Franco reconoce que está ultimando la mudanza del interior de las Torres de Meirás, con la contratación de hasta medio centenar de camiones. Sostiene que la histórica sentencia judicial que les obliga a devolver al Estado la propiedad que ocupa desde hace 82 años solo se refiere al continente, esto es el pazo y sus fincas. Pero en ningún caso, subraya, lo que atesora en su interior. Solo acepta la entrega “provisional” de la mansión como le ordena la juez, a la espera de que se resuelva su recurso contra la pérdida de la propiedad que recibió el dictador en plena Guerra Civil.
En su nueva demanda de medidas cautelares, la Abogacía del Estado reclama poder hacer un inventario del interior del monumento antes de recibir sus llaves el próximo mes. Solo una parte se puede apreciar en las visitas al público que, por obligación legal, se organizan de la mano de la Fundación Francisco Franco cuatro días al mes. Los siete nietos del dictador, declarados legítimos dueños de dos estatuas del conjunto de la basílica compostelana por una sentencia ahora recurrida de nuevo por el Ayuntamiento de Santiago, dicen haber fletado un transporte especial para trasladar estas y otras piezas de “muchísimo valor”. Citan, entre otros, además de las dos figuras esculpidas por el maestro Mateo hace más de siete siglos, cuadros de Álvarez Sotomayor y Zuloaga.
Hay mucho más. Así lo testifica un inventario “inicial” realizado en abril de 2008 por expertos en Patrimonio de la Xunta de Galicia cuando esta intentaba tramitar el abultado expediente que finalmente, y tras salvar innumerables obstáculos de la familia del dictador, logró cerrar año y medio después y declarar las Torres de Meirás bien de interés cultural (BIC), en la categoría de monumento histórico. Una declaración que permitió devolver un mínimo uso público –visitas cuatro días al mes– y reforzar la protección de una propiedad pagada con dinero público y aportaciones forzosas del pueblo para regalársela en 1938 al autoproclamado “Jefe del Estado y caudillo de España”.
En aquella inspección sin precedentes en los dominios de los Franco, los técnicos de la Consellería de Cultura pudieron comprobar que al legado de la autora de Los Pazos de Ulloa se añadieron piezas de valor histórico-artístico procedentes de toda Galicia. La Xunta también acaba de mover ficha ante la inminente mudanza anunciada por los Franco. Las dos estatuas de la Catedral de Santiago también son, desde hace un año, BIC y sus dueños tienen “obligaciones legales” como la de pedir autorización para trasladarlas.
En la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural “no consta en este momento” petición alguna para retirar del Pazo de Meirás las ancestrales figuras, según un comunicado emitido este domingo. En cuanto al resto de bienes que detiene allí la familia del dictador, la Xunta se limita a ponerse “a disposición de lo que la autoridad judicial determine”.