“Transparencia”. Cuando, en el año 2006, el Gobierno de la Xunta comenzó a tramitar la Ley de Transparencia, fue objeto de numerosas chanzas desde los bancos del PP. “Ley de la página web de la Xunta” o ley “ridícula” fueron algunos de los calificativos que los conservadores le dedicaron a un texto que consideraban innecesario por no aportar nada nuevo, si bien finalmente acabaron por votar a favor. Más de ocho años después de la puesta en marcha de la norma que abrió la puerta por primera vez a la publicación de sueldos y contratos públicos o que vetó los regalos a los dirigentes gubernamentales, el Gobierno gallego incumple reiteradamente uno de sus artículos más sensibles, el 17, que obliga a la publicación “nominal” de todos los salarios del personal eventual y de gabinete, los conocidos popularmente como “asesores”.
Ante estos incumplimientos, el PSdeG introdujo en los Presupuestos de 2013 y 2014 sendas enmiendas para forzar al Ejecutivo a ofrecer esta información. Las enmiendas fueron aprobadas pero, cuando ya se está tramitando el proyecto presupuestario de 2015, los datos siguen sin ser públicos. Así, en los Presupuestos Generales para el próximo ejercicio el Gobierno gallego destina un montante global de 5,8 millones de euros para pagar los salarios del personal eventual de gabinete –un 2,2% más que en 2014– ,pero no detalla de cuántas personas se trata. De este modo, en los anexos de personal de los proyectos de cuentas públicas es posible conocer, por ejemplo, el número de funcionarios y funcionarias que trabajan al servicio de cada consellería pero los recuadros destinados a explicitar el número de asesores están, simplemente, en blanco.
Los Presupuestos no informan de cuánto personal asesor sufraga el erario autonómico en los diferentes departamentos gubernamentales y tampoco lo hacen las propias consellerías a través de sus respectivos sitios web, como manda la ley de transparencia. Así, por ejemplo, la Presidencia de la Xunta informa en internet de los nombres y remuneraciones concretas de seis asesores y asesoras cuyos salarios suman algo más de 200.000 euros al año. No obstante, solo la Secretaría General de la Presidencia tiene presupuestados para 2015 más de 800.000 euros para pagar los sueldos de un número desconocido de asesores. De idéntica manera, la Vicepresidencia publica en su web los sueldos de personal asesor por importe de algo más de 80.000 euros, pero –contando solo las partidas de su Secretaría General Técnica para este fin– de un total que supera los 350.000 euros.
En este contexto, y menos de dos meses después de que el PP se negara abiertamente en el Parlamento a revelar estos datos porque, según su diputada Paula Prado, la Xunta ya está “cumpliendo la ley de transparencia”, los socialistas presentan de nuevo una enmienda a este respecto para las cuentas públicas del año que viene. Se trata, señala su portavoz en materia económica, Juan Carlos González Santín, de que la Xunta publique la “identificación, funciones y remuneraciones” de cada uno de los asesores y asesoras para que la ciudadanía pueda tener esta información “de forma directa”.
Los desconocidos sueldos del consejo de la CRTVG
Durante la tramitación de los nuevos Presupuestos salió de nuevo a la palestra otro agujero negro en lo que a la transparencia de los sueldos públicos se refiere: el consejo de administración de la CRTVG, el órgano de 12 miembros concebido para velar por el buen funcionamiento de los medios públicos y que, sobre el papel, está formado por personas de “acreditado prestigio profesional” en el mundo de la comunicación, si bien suelen acabar en él personas elegidas con un criterio únicamente partidario, caso por ejemplo del dirigente del PP de Lugo, José Luis Iravedra, entre otros. Como en el caso de los asesores de las consellerías, la información contenida en los presupuestos del ente público, incluidos en las cuentas de la Xunta, hace imposible saber las remuneraciones concretas de cada uno de estos directivos. El último dato del que dispone el Comité Interempresas data del año 2012, cuando se destinaron a estas remuneraciones un total de 941.610 euros, según ha podido saber este diario.
La reclamación por esta falta de información ha llegado también al Parlamento, en este caso a través de AGE, que por medio de su viceportavoz, Yolanda Díaz, y del diputado Ramón Vázquez, exige que “la Xunta deje de ocultar los datos” que ese grupo viene solicitando reiteradamente. Dado que no existe información pública concreta, Alternativa señala que, según sus propios cálculos, “se están escondiendo de manera consciente cantidades obscenas” que el Gobierno oculta mientras “hace declaraciones grandilocuentes en defensa de la transparencia”. Si estos datos no son públicos “antes del final de la tramitación de los presupuestos”, advierten, la coalición se verá “obligada” a “acudir a los tribunales para conseguir dicha información”.