La fábrica papelera de Ence seguirá en la ría de Pontevedra. El Tribunal Supremo ha decidido avalar el permiso que el Gobierno de Mariano Rajoy dio en 2016 a la empresa para mantener su fábrica en esta marisma durante seis décadas más. Los jueces estiman un recurso de la empresa y anulan la sentencia de la Audiencia Nacional que tumbó este permiso a instancias de Greenpeace y la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) al entender que esa fábrica no debía permanecer en un dominio público marítimo-terrestre ya que podía desarrollar su actividad en cualquier otra ubicación menos lesiva con el medio ambiente.
La sala, según informa en un comunicado, considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, como es el caso, siempre que consten informes medioambientales favorables. “En el asunto analizado, constaban informes favorables de la Administración en esa materia”, añade. Una de las magistradas de la sección, Ángeles Huet, ha anunciado un voto particular en contra.
La fábrica papelera de Ence llegó a la marisma pontevedresa de Lourizán en 1959 con una autorización de la administración franquista a través del Instituto Nacional de Industria. La prórroga para seguir allí hasta 2073, seis décadas más, fue firmada por el ejecutivo del pontevedrés Mariano Rajoy en 2016 y llevado ante la Audiencia Nacional por Greenpeace y la Asociación en Defensa de la Ría. Cuestionaban que la fábrica pudiera estar directamente en la ría cuando la Ley de Costas especifica que un dominio público marítimo-terrestre como este solo puede ocuparse si esa fábrica papelera necesita, obligatoriamente, estar allí enclavada.
La Audiencia Nacional dio la razón a ambos recurrentes y anuló la prórroga autorizada por el Gobierno del Partido Popular en 2016, después de que la propia Abogacía del Estado reconociera que era necesario sacar la fábrica de allí porque su ubicación al pie de la ría no estaba justificada. Los jueces de lo contencioso-administrativo reconocieron que el agua dulce era necesaria para sacar adelante la actividad papelera de Ence, pero que lo correcto sería ubicar la fábrica en las “proximidades”, no en plena ría.
El conflicto de fondo no es solo relativo a la afectación que la presencia de esta fábrica durante décadas tiene en la ría en Pontevedra. Tiene una importante vertiente social y laboral: más de 5.000 puestos de trabajo, según calculan los afectados, dependen del futuro de la fábrica.
Cuando el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de la empresa contra esta sentencia, estableció cuál iba a ser el debate: si es necesario acreditar que las instalaciones no pueden tener otra ubicación, pero también qué sucede si con el paso de los años el dominio público “no se encuentra en su estado natural y ha sido transformado como consecuencia de la intervención de la Administración del Estado”.
Greenpeace lamenta la decisión
La Asociación ecologista Greenpeace ha asegurado a esta redacción que lamenta la decisión del alto tribunal que “avala la prórroga de 60 años concedida a la papelera en 2016 por el Gobierno en Funciones de Mariano Rajoy”. En un comunicado remitido a los medios, Greenpeace asegura que “la presencia de Ence en la ría no está justificada pues impide recuperar la marisma de Lourizán para el patrimonio natural gallego y restaurar el desastre generado en los últimos 60 años”. “El medio ambiente hoy sale perdiendo”, ha declarado Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) han declinado realizar ningún tipo de valoración hasta conocer el contenido íntegro de la sentencia que estudiarán “en detalle” cuando se publique en unas semanas, al igual que el voto particular que la acompañará.
Ence celebra la sentencia y cifra sus efectos en 169 millones de beneficio
La empresa Ence celebra la decisión adoptada por el Supremo y asegura en un comunicado que “confirma la legalidad de la concesión” otorgada en su día por Mariano Rajoy. La compañía asegura que el fallo “despeja la incertidumbre sobre el futuro de la instalación y de las 5.100 vinculadas a su actividad”.
En ese documento, Ence asegura: “La reversión de los deterioros de activos y provisiones de gastos registrados en los estados financieros de 2021, como consecuencia de la sentencias de la Audiencia Nacional. tendrá un impacto positivo estimado de 169 millones de euros en el beneficio de la empresa de 2022”.
La empresa se ha disparado más de un 26% en Bolsa este martes tras conocerse la sentencia, fijando el precio de la acción en 3,84 euros a las 15:40 horas.