El Supremo condena a la Xunta a pagar tres millones de sobrecostes en la Cidade da Cultura: el proyecto “carecía de definición”

El Tribunal Supremo ha condenado a la Xunta de Galicia a pagar algo más de 3 millones de euros de sobrecostes a la constructora del Museo de la Cidade da Cultura. El Alto Tribunal ratifica y hace firme una sentencia previa de la Audiencia Provincial de A Coruña que en 2017 consideró que el proyecto del edificio tenía “errores”, “carecía de la necesaria definición” y “no estaba suficientemente desarrollado”, defectos que tuvo que asumir la constructora, FCC, cuantificadas por la Justicia en 2,5 millones más otro medio millón por los intereses de demora.

Aquella sentencia de 2017 fue recurrida por la Xunta ante el Tribunal Supremo, que ahora se pronuncia haciéndola firme, pero la propia auditora de la Cidade da Cultura ya consideraba en el análisis de las cuentas de aquel año como “probable” la “desestimación” del recurso del Gobierno gallego y daba por perdidos los algo más de 3 millones. Ahora, el Supremo no solo ratifica aquella sentencia previa sino que inadmite el recurso de la Xunta censurándole que lo formuló de manera incorrecta porque en vez de rebatir la argumentación que llevó a la Audiencia de A Coruña a condenarla intentó que se modificaran los hechos probados.

Si la Xunta ya daba por perdido el dinero antes de concluirse el recurso ante el Supremo, ahora el Alto Tribunal le añade también la condena a asumir los costes procesales. Un proceso que ratifica judicialmente algunos de los sobrecostes e indefiniciones que ya había detectado el Consejo de Cuentas cuando analizó el avance del proyecto del monte Gaiás en 2004, apenas tres años después de iniciarse las primeras obras. Un informe divulgado en 2007 en el que el ente fiscalizador censuró que el Gobierno de Fraga “había abdicado de sus responsabilidades en la gestión prudente y planificada de los fondos públicos”cuando proyectó un complejo cultural en el monte Gaiás por algo más de cien millones de euros en los que hoy la Xunta ya lleva gastados más de 300.

El Museo de Galicia, uno de los seis edificios proyectados por la Xunta de Fraga para la Cidade da Cultura, de los que dos quedaron a medio ejecutar, fue adjudicado en 2004 por 48 millones de euros a la constructora FCC, luego controlada por las Koplowitz y ahora por Carlos Slim. La obra la entregó en 2012, después de tres modificados, e inició una negociación con la Fundación Cidade da Cultura para la determinación de la liquidación final del contrato. Las discrepancias la llevaron a presentar un recurso y en mayo de 2016 un juzgado de primera instancia de Santiago estableció que la Xunta debía pagarle 1,8 millones como liquidación final de los trabajos, por ajustes en precios y conceptos variables, pero no atendió otra reclamación por sobrecostes. La empresa recurrió a la Audiencia de A Coruña y esta emitió sentencia en 2017, dándole la razón también en esa segunda cuestión, que ahora avala y hace firme el Supremo.

En concreto, la Fundación Cidade da Cultura, dependiente de la Xunta, deberá pagar a FCC sobrecostes por varios conceptos: 679.447,889 euros por una estructura metálica, 511.675 euros por el imafronte de vidrio o muro cortina del edificio, 885.999 euros por las “recontrataciones en las instalaciones”, 206.060,43 euros por la “recontratación de la colocación de piedra en imafrontes y cubierta” y 261.640 euros por “trabajos de desarrollo asumidos por el contratista”. Unos sobrecostes debidos, según la justicia, la “que el proyecto carecía de la necesaria definición, que no estaba suficientemente desarrollado y esta función la fue asumiendo FCC”. La Justicia también considera “evidentes” las “deficiencias y errores del proyecto de ejecución”.

En el caso del sobrecoste por la colocación de la piedra en el imafronte y en la cubierta, la Audiencia estableció en su momento que “se produjeron retrasos no imputables a la constructora, toda vez que su única causa fue la falta de suministro de piedra, siendo esa un deber que competía a la Fundación”. Esa falta de suministro se debió a la incapacidad de la cantera elegida por la Xunta de Galicia, propiedad del entonces alcalde del PP en Ortigueira, Antonio Campo Fernández, que en 2017 entró en concurso.

Los sobrecostes ahora sentenciados en firme por el Supremo en el caso del Museo de Galicia son solo una pequeña parte del progresivo incremento del coste total del complejo del monte Gaiás ideado por Fraga hace dos décadas y que ya lleva consumidos más de 300 millones de euros, el triple del previsto inicialmente, cifra que aún va a seguir aumentando.

En 2007 el Consejo de Cuentas, el ente independiente fiscalizador de las cuentas públicas, hacía público un duro informe referente a la situación del proyecto tres años antes, cuando solo llevaba tres años en obras. Para entonces ya había detectado desviaciones de plazos de más de media década y sobrecostes medios del 200%, que en algún área llegaban al 500%. Fue en ese informe en el que el Consejo de Cuentas consideró que la Administración de Fraga “había abdicado de sus responsabilidades en la gestión prudente y planificada de los fondos públicos”.