Los trabajadores de Alcoa en Lugo acuden divididos a votar un nuevo acuerdo que retrasa la recuperación de la actividad

Los trabajadores de la planta de Alcoa en San Cibrao (Cervo, Lugo) están llamados a participar esta semana en una votación para decidir si acuerdan con la empresa un cambio en el acuerdo al que llegaron a finales de 2021 para parar las cubas en la fábrica de aluminio primario con la condición de recuperar la actividad en 2024 y de no hacer despidos ni aplicar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta que termine 2025. En una asamblea organizada este lunes se ha hecho evidente que CCOO y UGT -que suman mayoría en el comité de empresa, con nueve y cinco delegados, respectivamente- optan por apoyar la modificación del acuerdo, mientras que la CIG, con nueve delegados, se muestra contraria.

El acuerdo alcanzado al término de 2021, tras votar los trabajadores en reféndum, puso fin a una huelga y a meses de conflictividad por la intención de la multinacional de origen estadounidense de cerrar la planta de aluminio primario que, argumentaba, le daba pérdidas millonarias. La Justicia había anulado el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado para más de medio centenar de empleados y le había impedido parar las cubas, que son el corazón de la fábrica de aluminio primario. El pacto aceptado hace poco más de un año suponía parar esas cubas y reiniciarlas en 2024 para tenerlas de nuevo a pleno rendimiento a mediados de ese año. Para procurar que fuesen rentables, la empresa estaba negociando PPA (acuerdos de compra de energía a largo plazo) para rebajar su factura eléctrica. También prometía mantener a todos los trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2025, con una redacción genérica en la que se daban por incluidos también los empleados de la parte de la alúmina -esta unidad no ha dejado de trabajar y no se ha visto afectada por la parada de las cubas-.

La situación cambió hace unos días. El 24 de enero Alcoa presentó un nuevo documento que definió como su “oferta final”. En esta propuesta cambia los términos acordados en 2021: el proceso para volver a arrancar las cubas empezaría el 1 de enero de 2024, pero no funcionarían al cien por cien hasta el mes de octubre de 2025. A partir de ese momento, el compromiso no sería tenerlas activas todas, sino al menos el 75%. Antes de eso, la empresa garantizaría que estarían encendidas 32, que son solo una pequeña parte de las 512 totales. Añade que, en caso de que esos PPA permitiesen activar más, habría todas las que cubriesen esos contratos de suministro de energía. Otro de los cambios afecta a la protección contra ERE o ERTE de la plantilla: si inicialmente Alcoa se comprometió a no aplicar ningún tipo de expediente hasta el 31 de diciembre de 2025, ahora amplía ese plazo un año. Sin embargo, el cambio de la redacción ha hecho desconfiar a los sindicatos porque especifica que se refiere a Aluminio Español, es decir la parte de aluminio primario, pero no la de la alúmina.

Este es uno de los puntos por los que la CIG rechaza el nuevo acuerdo. Xosé Paleo, uno de los representantes de este sindicato, explica que la parte de la alúmina estaba dando beneficios cuando se cerró el pacto de 2021, pero en los últimos meses ha hecho recortes de producción y hay una “amenaza velada de un ERE o un ERTE”. Cree que con la nueva redacción, esta unidad queda desprotegida y también quedan expuestas las empresas auxiliares. Con las cubas ya paradas, admite, los trabajadores tienen menos fuerza para presionar a la empresa. Y la propuesta de Alcoa implica que los empleados se comprometen a mantener la paz social hasta que termine 2026. “¿Qué pasa si hay un ERE o un ERTE en la alúmina? Vamos a ir todos a la puerta, o eso creo, y se va a romper la paz social”, dice Paleo, que reflexiona que “las garantías” para la plantilla van a ser “las de la planta que menos garantías tenga”.

El sindicalista de la CIG cree que Alcoa sabía que no iba a poder cumplir el calendario del primer acuerdo, pero lo propuso porque en aquel momento necesitaba parar las cubas para cortar las pérdidas y tenía una decisión judicial que se lo impedía y una huelga de los trabajadores. Considera que la empresa era consciente de que los PPA no iban a permitir estar funcionando ya totalmente a mediados de 2024 con precios lo suficientemente bajos. Ahora, señala, el compromiso pasa a ser encender 32 cubas de 512, que “no es nada”, hasta finales de 2025, con lo que se retrasa la recuperación de la actividad al cien por cien en más de un año.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, de CCOO, también ha sido crítico con la actitud de Alcoa, de la que ha dicho que no ha dado “pie a más negociación” tras presentar sus condiciones. Reprochó, según recoge Europa Press, que no aceptase “entrar a valorar meter a la planta de alúmina y a las empresas exteriores, tanto transportes como suministros”, como reclamaban los sindicatos.

Alcoa sostiene que su propuesta significa “una mayor protección laboral” para la plantilla y destaca que se incrementa la inversión prevista en San Cibrao, que sumaría 88 millones de dólares a los 103 comprometidos en el acuerdo de 2021. En un encuentro con Gobierno central y Xunta, que hacen un seguimiento de los acuerdos, la empresa presentó el pasado 27 de enero su postura. El abogado del Estado avaló entonces su legalidad. El Gobierno gallego criticó posteriormente a través del vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, que “lo que pasa en Alcoa no era lo comprometido” y le pidió que cumpla. Los trabajadores deberán ahora votar y comunicar la decisión a la empresa antes del 6 de febrero.