El Congreso tramita por cuarta vez desde 2016 el traspaso de la AP-9 a Galicia: “Es un expolio interminable”

En los últimos ocho años se ha repetido un esquema: acuerdo unánime en el Parlamento de Galicia para reclamar la transferencia de la autopista AP-9 y bloqueo, de uno u otro tipo, en el Congreso de los Diputados. La infraestructura, de más 200 kilómetros, traza un recorrido en el que se encuentran cinco de las principales ciudades gallegas, sus peajes son de los más altos en el Estado y su concesión, de 75 años, va a llegar hasta 2048. La solicitud, de nuevo respaldada por PP, BNG y PSOE, ha llegado otra vez a la Cámara Baja, que aprobó este martes tramitarla con los votos a favor de todos los grupos, salvo el de Vox.

El texto, una proposición de ley, fue consensuado y aprobado en el Parlamento de Galicia en diciembre de 2023-. En esta ocasión, la iniciativa partía del PP, que había sido protagonista en el fracaso en los últimos años de los intentos de lograr el traspaso de la infraestructura. En el debate de toma en consideración en el Congreso, el portavoz del PP, el gallego Francisco Conde, aseguró que le darán impulso a la iniciativa para evitar que se quede en el limbo de nuevo. Es una cuestión de “igualdad de trato de los territorios”, dijo. La postura del PP en Madrid no siempre fue esta.

El primer intento de transferencia a Galicia data de 2016. Aquel año la Mesa de la Cámara Baja vetó ya no solo la propuesta, sino el propio debate sobre ella. La presidenta del Congreso era, en aquel momento, la gallega de adopción y cabeza de lista popular por Pontevedra, Ana Pastor. El año siguiente, volvió a darse la misma circunstancia de unanimidad en el Parlamento gallego y veto en el Congreso. La diferente postura del PP en Santiago y en Madrid era, según el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, debida a motivos técnicos y económicos. Pero la explicación también estaba en que, a meses del referéndum del 1 de octubre en Catalunya, el Gobierno central lo veía como el inicio de un proceso que iba a acabar en “un desmantelamiento de las infraestructuras del Estado”.

En octubre de 2018, con Pedro Sánchez ya en Moncloa, el Parlamento gallego insistió en su petición. Sin el freno del PP, el Congreso admitió la solicitud y los diputados autonómicos fueron a defenderla, como ocurrió de nuevo este martes. El adelanto de las elecciones impidió entonces que se tramitase. Sánchez volvió a ser investido presidente –tras repetir los comicios– y, en su acuerdo con el BNG, el compromiso de transferencia aparecía negro sobre blanco. Pero una vez entró en la Cámara Baja, el proceso encalló. “Pidieron prórrogas hasta junio, hicieron enmiendas para boicotearla y la metieron en un cajón”, se lamentaron después fuentes nacionalistas. Cuando Sánchez convocó elecciones en mayo de 2023, la petición estaba en el limbo y decayó. Y hubo que empezar otra vez.

Como representantes del Parlamento gallego acudieron al Congreso el portavoz del PP, Alberto Pazos; la del BNG, Ana Pontón; y el del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Este último fue el primero en tomar la palabra. Lo hizo para defender que los socialistas reclaman la transferencia, pero “lo más importante es la gratuidad”. De hecho, esa fue una de sus promesas en la campaña de las elecciones gallegas del pasado mes de febrero. Besteiro ha manifestado que “por muchas dificultades que el proceso tenga” es necesario un esfuerzo “por gestionarla y que no suponga un coste a los ciudadanos”. “Ya está pagada, ya debería ser nuestra”, reclamó, después de recordar la prórroga acordada en el año 2000 por el gobierno que presidía José María Aznar. La concesión iba a terminar en agosto del 2023, pero con aquella decisión -por la que Bruselas abrió expediente- no lo hará hasta 2048.

El Gobierno central aplica desde 2021 bonificaciones a los peajes, algo que reivindicó Besteiro. Pero la autopista sigue siendo un tema espinoso. Las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, no fueron optimistas sobre el asunto. Ni la transferencia ni rescate de la AP-9 son sencillos, dijo. Esto último costaría unos 4.000 millones de euros, una cantidad “inasumible” para el Estado, añadió. Besteiro sostuvo este martes que es necesario “resolver una situación injusta” y “anómala” entre las autopistas construidas en la misma época en otras partes de España.

Ana Pontón calificó la situación directamente de “estafa legalizada” a los gallegos. Recordó que hubo una primera ampliación de la concesión -por diez años- mientras gobernaba Felipe González. Luego se aprobó la del 2000, que extendía el periodo otros 25 años y, “como guinda”, se privatizó en 2003. La líder del BNG defendió el acuerdo de su formación para la investidura de Pedro Sánchez que implicaba nuevas bonificaciones en el peaje. Este, dijo, es “el único respiro” para quienes transitan con frecuencia por la Autopista do Atlántico. Después de repasar los dos bloqueos del PP al debate en el Congreso y los procesos iniciados en 2018 y 2021 que terminaron decayendo, pidió a los diputados que no conviertan de nuevo el asunto en “una burla a los gallegos”.

El último de los representantes del Parlamento gallego en intervenir fue Alberto Pazos, del PP, que consideró “paradójico” que a Galicia “se le niegue la posibilidad de gestionar un camino de apenas 200 kilómetros, pero que vertebra al 60% de la población” cuando es “el destino final de las rutas que han vertebrado Europa”.

En el debate, Manuel Lago, de Sumar, consideró que la transferencia de la AP-9 es “una medida necesaria pero insuficiente para resolver la gran distorsión de que sea explotada por una empresa privada”. Es, dijo, “la historia de un expolio interminable”. Y el hecho de que el Gobierno aplique bonificaciones lo complica todo, añadió, pues a los ingresos de la empresa (Audasa) por la concesión se suma el incremento del tráfico al abaratarse el precio con una compensación que sale de las arcas públicas.