El Tribunal Supremo aplaza sin fecha la votación sobre la legalidad de la prórroga de Ence en Pontevedra

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha aplazado la votación sobre la legalidad de la prórroga de la concesión de los terrenos que ocupa la fábrica de Ence en la ría de Pontevedra. Estaba previsto que el día 4 de octubre hubiese una reunión sobre el recurso de casación presentado por la empresa y asociaciones afines contra las sentencias de la Audiencia Nacional que tumbaron la prórroga hasta 2073, aprobada por un gobierno en funciones liderado por Mariano Rajoy en 2016.

La providencia del Tribunal Supremo, dictada el pasado 6 de septiembre, explica que el señalamiento se ha aplazado y todavía no hay nueva fecha para abordar la situación. El motivo es que aún está en tramitación otro recurso, “de contenido semejante” y consideran que debería señalarse para un único día la votación y fallo de los dos recursos.

La cita del 4 de octubre estaba prevista para revisar el recurso de casación presentado por la propia empresa, los trabajadores, la Autoridad Portuaria de Marín y dos asociaciones afines contra la primera de las sentencias de la Audiencia Nacional, en respuesta a la denuncia presentada por la organización ecologista Greenpeace. La decisión anulaba la prórroga de la concesión, al igual que una otra sentencia del mismo órgano que daba la razón al Ayuntamiento en el mismo sentido: que la fábrica no podía permanecer en su ubicación actual hasta 2073. Es el recurso contra esta segunda decisión el que está “aún en tramitación”.

Debido a que el contenido es “semejante” al del recurso sobre el que se iba a votar el 4 de octubre, la Sala Tercera, “deja sin efecto” la cita “para proceder a su señalamiento para votación y fallo de forma conjunta”.

Ambas sentencias de la Audiencia Nacional estimaron las demandas contra la prórroga a la concesión de Ence, aprobada por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy el 20 de enero de 2016, y fallaron su anulación. La decisión le valió al entonces presidente del Gobierno la declaración de persona non grata en su propia ciudad.