La UDEF investiga al director de 'El Correo Gallego' por blanqueo en relación a sus negocios con la Xunta de Feijóo

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) lleva meses investigando al director de El Correo Gallego, José Manuel Rey Novoa, por varios delitos que incluyen el blanqueo de capitales. La investigación, ordenada por la jueza Ana López-Suevos, pretende aclarar los manejos en la cúpula del periódico de la capital gallega para sortear una montaña de deudas y embargos mientras desviaba el dinero que conseguía de administraciones como la Xunta de Galicia, la Televisión de Galicia o el Ayuntamiento de Santiago. Los investigadores de la Policía sospechan que, mientras los trabajadores acumulaban impagos en sus nóminas de hasta 24 mensualidades, el periódico seguía recibiendo dinero público por la puerta trasera para beneficio de sus directivos y que casi nunca llegaba a la caja de la empresa.

Fue durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo cuando José Manuel Rey Novoa se hizo con la propiedad del principal periódico en la capital de Galicia y arrastró a la empresa a un caos financiero y ético que ahora está en el punto de mira del juzgado de instrucción número 1 de Santiago. A Rey Novoa se le investiga por un presunto delito de administración desleal y otro de blanqueo de capitales. En su barco de perseguidos por la justicia también viajan su mujer, Fátima Otero, y el todavía gerente del periódico, Ángel Remesar. Nadie de la Xunta ha sido imputado por el momento, aunque parte del grueso de la información que maneja la jueza pone en cuestión el papel de la Administración que presidía Feijóo y su empeño en seguir regando de dinero a un medio de comunicación afín al PP que tenía todas sus cuentas embargadas y convertido en un habitual de la lista de morosos de Hacienda.

La investigación de la UDEF se centra en cuatro puntos fundamentales: un crédito sospechoso de 2,5 millones de euros que la Xunta nunca debía haber concedido; la trama de empresas pantalla que el empresario usaba para esquivar los pagos tanto a su plantilla como a la larga lista de acreedores; una red familiar que se encargaba de comprar propiedades inmobiliarias para presuntamente poner el dinero a buen recaudo y un acuerdo incomprensible por medio del cual la Televisión de Galicia era cómplice de los regates que el empresario le hacía día sí y día también a Hacienda, o a cualquier otro a quien le debiese dinero.

elDiario.es ha tenido acceso a todos los informes que la UDEF ha ido elaborando a petición de la magistrada que lleva el caso. Otros aún están en proceso de redacción, como el que afecta a los pagos efectuados desde el Ayuntamiento de Santiago, que gobierna el Partido Socialista.

Dinero público para pagar deudas con Hacienda

En todos los movimientos que se están escrutando hay uno clave que tiene lugar el 25 de septiembre de 2018. Ese día la entidad pública de inversiones de la Xunta, XesGalicia, acordó por unanimidad conceder un préstamo de 2,5 millones de euros a la empresa que edita El Correo Gallego. Francisco Conde, actual vicepresidente de la Xunta, y Borja Verea, candidato del PP a la alcaldía de Santiago, estaban en esa reunión y votaron a favor. Para entonces, el diario acumulaba enormes retrasos en los pagos de las nóminas de sus trabajadores, debía 996.752 euros a la Seguridad Social y acumulaba impagos por 1.021.051 euros a Hacienda. La organización que puso el dinero es una sociedad pública que depende directamente de la consellería de Economía del Gobierno gallego. Su principal objetivo, según anuncia en su web, es “apoyar el crecimiento del tejido empresarial gallego, impulsar el desarrollo y fomentar el emprendimiento y la innovación”.

Sin embargo, el objeto fundamental de aquel préstamo era que Rey Novoa cumpliese con sus obligaciones tributarias, ya que solo así podría volver a contratar campañas publicitarias de administraciones como la Xunta de Galicia. Fue una maniobra desesperada para tratar de que la rueda siguiese girando. Las condiciones del crédito de la Xunta eran muy ventajosas para el empresario de los medios ya que durante los dos primeros años desde la concesión del mismo no tenía que abonar ni un solo euro. Pero esos dos años pasaron muy rápido y cuando, en septiembre de 2020, tocó pagar la primera cuota de 20.416 euros, Rey Novoa hizo mutis por el foro.

A los policías que investigan al empresario les ha llamado la atención la facilidad de este para conseguir dinero público y así lo han reflejado en sus informes. En ellos recogen el testimonio de Caetano Díaz, uno de sus informantes y que, en su día, ostentó el puesto de director adjunto en El Correo Gallego. Según declaró Díaz a los investigadores: “Las cúpulas de XesGalicia desaconsejaban la operación. Finalmente fructificó tras insistentes y reiteradas llamadas al conselleiro de Economía, Francisco Conde”, un hombre de la máxima confianza de Feijóo.

Conde es quien tiene en su poder la llave que abre el grifo del dinero de la Xunta para las empresas que piden ayuda. En el momento en el que firmó la entrega de aquellos 2,5 millones de euros a El Correo Gallego era conselleiro de Economía de Alberto Núñez Feijóo. El gabinete que ahora preside Alfonso Rueda le ascendió a vicepresidente primero de la Xunta. A su llegada a Madrid Feijóo le dio un puesto en Génova 13 como vocal del comité ejecutivo nacional.

En el capítulo de conclusiones de uno de los informes que la UDEF ya ha entregado a la magistrada se puede leer lo siguiente: “Rey Novoa habla de 'voluntad política' para rebajar el peso de 'la mochila financiera' o de 'haber movilizado toda su capacidad de influencia' con el objeto de conseguir el préstamo público de 2,5 millones de euros concedido en 2018”.

Entre la documentación aportada a la causa figura una carta que el director de El Correo Gallego envió directamente al director general de XesGalicia, Fernando Guldrís en junio de 2018. La misiva arranca con un “Querido Fernando” y en ella Rey Novoa pide que se acelere la concesión de su préstamo. Para apoyar su petición anuncia que tiene previsión de conseguir 1,6 millones de euros alquilando oficinas en poco más de dos años y otros 400.000 euros por la organización de un máster de periodismo online “dirigido por catedráticos de Santiago con la colaboración de todos los países latinoamericanos”. Los contratos de alquiler no se llegaron a firmar y del máster de periodismo nunca más se supo. En uno de sus informes la UDEF asegura que ninguna de aquellas promesas se cumplió lo que, a juicio de los investigadorres, “confirmaría que esos convenios o contratos no tenían contenido real alguno”. Solo tres meses después de aquella carta, el dinero de la Xunta llegó a manos de Rey Novoa.

El caso de XesGalicia no es el único en el que la administración gallega comprometió el patrimonio público en beneficio del propietario de uno de sus periódicos más afines. En noviembre de 2018 el Instituto Galego para a Promoción Económica (IGAPE) también dependiente de la Xunta avaló el 40% de un préstamo que Abanca concedió a Think First S.L., una empresa de la que Rey Novoa es administrador único y que en aquel momento carecía de personal contratado ya que había sido constituida solo dos meses antes de la operación. En total el IGAPE puso sobre la mesa garantías sobre 1,2 millones de euros que acabaron en manos de una compañía a la que la UDEF considera parte de la red de empresas pantallas con las que el empresario manejaba dinero sin atender a las deudas que lo asediaban.

La cuota de la TVG

Otro de los puntos en los que la investigación policial observa la capacidad de Rey Novoa para seguir ingresando dinero pese a tener todas sus cuentas bloqueadas por embargos entronca directamente con la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) que sufraga el Gobierno gallego. La corporación de medios públicos que Alberto Núñez Feijóo gobernó con mano de hierro durante sus 14 años al frente de la Xunta practica un mecanismo de reparto de contratos para producción externa que en el sector es conocido como “la cuota”. Se trata de una distribución no escrita por la que empresas como El Correo Gallego, La Voz de Galicia, La Región de Ourense o El Progreso de Lugo, entre otros medios de comunicación, realizan programas para la televisión pública gallega y cobran un fijo anual por ello. Según calcula la Policía “la cuota” de El Correo Gallego con TVG era de 2 millones de euros anuales pero Rey Novoa en 2019 ya no podía tomar su parte del pastel sin que Hacienda y los empleados cobrasen primero. Como no disponía de dinero para pagar las producciones que después emitía el canal público, el investigado decidió buscar empresas limpias a las que vender su trozo de la tarta. A la CRTVG la operación le pareció bien hasta que la Policía descubrió el juego.

La referencia a esta parte de la historia que la UDEF incluye en sus informes dice así: “Dentro de las dinámicas de interés se ha observado la pignoración de derechos de cobro futuro, en especial con CRTVG”. Dicho en otras palabras, los agentes descubrieron varios contratos por los que El Correo Gallego vendía su “cuota” de dos millones de euros con la TVG por la cuarta parte de ese valor a empresas del sector audiovisual. Esas compañías se mostraron dispuestas a un acuerdo en donde compraban a precio de saldo opciones de cobro que adelantaban discretamente a alguna de las empresas de José Manuel Rey Novoa que todavía operaban sin la vigilancia de Hacienda, de los empleados y de otros acreedores. Con esa financiación alejada del punto de mira de sus acreedores, el director de El Correo Gallego podía seguir ejerciendo como productor audiovisual para el canal que se sustenta con fondos de la Comunidad Autónoma.

Entre la documentación obtenida por los investigadores figura un documento de 2019 firmado ante notario y en el que la empresa del audiovisual CTV S.A. concedió a Think First S.L., propiedad unipersonal de Rey Novoa, un préstamo de 300.000 euros garantizados por los derechos de cobro que el segundo tenía apalabrados con la televisión pública de Galicia para la realización de una comedia “sobre gallegos que necesitan un abogado” titulada Do dereito e do revés. Estaba comprometida la grabación de 26 capítulos pero el canal autonómico apenas llegó a emitir media docena. Dos años después, el 30 de diciembre de 2021, Rey Novoa repitió la operación con un nuevo socio. Consiguió 484.000 euros que aportó la empresa Visualiza Business SLU para producir un reality de bodas titulado 24 horas para o si.

Vigilias, embargos y pisos para la familia

Los investigadores de la UDEF han centrado buena parte de sus pesquisas en aclarar el flujo de dinero que circulaba entre las empresas que orbitan en torno a El Correo Gallego y, particularmente, alrededor de José Manuel Rey Novoa en los años en los que este dejó de atender al pago de nóminas y obligaciones fiscales en el periódico que posee y dirige. El informe elaborado a petición de la magistrada Ana López-Suevos alerta de la existencia de una “distinción artificiosa de sujetos jurídicos” que tenía por objeto eludir el pago de las deudas contraídas por la matriz del grupo que edita el periódico compostelano.

La existencia de esa maraña de empresas satélite (Think First S.L., Código Televisión SLU, Anova Multiconsulting S.L., ...) permitía a los investigados mover el dinero que entraba en la caja de las compañías endeudadas hacia cuentas corrientes que no estaban bajo la vigilancia de embargos o cobros pendientes. Esa operativa obligó durante meses al gerente de El Correo Gallego, Ángel Remesar, a realizar guardias nocturnas para vigilar las aplicaciones bancarias y desviar el dinero que entraba a la mayor velocidad posible para evitar perderlo a manos de un acreedor. Esta práctica era sobradamente conocida entre la plantilla del periódico. Según relata la UDEF en uno de sus informes fue el propio director quien durante una reunión “les comunicó que el gerente, Ángel Remesar, realizaba todas las noches una vigilia para controlar los ingresos en las distintas cuentas para bloquearlas y evitar los embargos judiciales”.

La mecánica funcionó con relativo éxito, tal y como sufrió en sus carnes el primer trabajador que denunció las maniobras de la empresa. Se llama Ángel Arnaiz y tras un año sin cobrar su sueldo decidió formular una demanda solicitando la extinción de la relación laboral. Una sentencia le dio la razón y condenó a El Correo Gallego a pagarle cerca de 80.000 euros de los que solo pudo cobrar la mitad. Todos los intentos del juzgado por ejecutar esa sentencia fueron en vano y de todo el dinero pendiente de pago solo consiguieron recuperar la cantidad de 58,82 euros por medio de embargos que no sirvieron para nada.

Los investigadores alertan también de que cuando la debacle de El Correo Gallego se presumía inminente los principales investigados empezaron a desprenderse de propiedades inmobiliarias lo que, según la policía, “podría interpretarse como una posible preparación para no responder con bienes en un futuro concurso”. “Los compradores –asegura la UDEF en uno de sus informes– son en ocasiones personas relacionadas con Rey Novoa o familiares directos”.

Pero no solo había ventas, también se produjeron adquisiciones como la que la Policía subraya en octubre de 2021. En esa fecha Fátima Otero, mujer de Rey Novoa, consiguió que un importante empresario del sector del aluminio de Padrón (A Coruña) le prestase 300.000 euros. Solo unas semanas después de esa operación, Otero entregó a cada una de sus dos hermanas 170.000 euros en préstamos sin intereses. Unos días después de aquello las hermanas de Fátima Otero “adquieren una vivienda en A Coruña por 500.000 euros sin solicitar otra financiación añadida”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con José Manuel Rey Novoa que como respuesta a la petición de una versión versión alternativa ha señalado lo siguiente: “Es un absurdo jurídico. No voy a realizar declaraciones hasta que se archiven las diligencias”.

Pendientes del concurso

Además de la investigación judicial que debe aclarar si su cúpula directiva cometió los delitos de administración desleal y blanqueo, El Correo Gallego, con más de 140 años a sus espaldas, está inmerso en un proceso judicial que debe ordenar la inmensa lista de acreedores que reclaman deudas pendientes por importe superior a 20 millones de euros. El rotativo le debe dinero a sus trabajadores, a los bancos, a la Xunta, a Hacienda y hasta al Arzobispado de Santiago. La lista es interminable.

Con apenas 2.500 suscriptores y una difusión de 1.000 ejemplares en quioscos sobre todo de Santiago, El Correo Gallego ha encontrado ofertas de dos grupos empresariales interesados en quedarse con la empresa y mantener al diario en los quioscos.

El Correo Gallego ha sido tradicionalmente uno de los principales apoyos editoriales a las políticas del Partido Popular durante los gobiernos de Manuel Fraga y Alberto Núñez Feijóo. Sin disimulo, ha compatibilizado una línea editorial de crítica inmisericorde contra la izquierda con el juicio amable de las políticas de derechas. Pero su capacidad de influencia en la política autonómica ha sido escasa y es en el ámbito municipal en donde el rotativo ha reclamado su derecho a dictar los debates y preocupaciones de los habitantes de Santiago de Compostela.

Además de lo anterior, el Correo Gallego es un periódico local que forma parte del paisaje de Santiago de Compostela. Se comparte en los bares y en sus páginas hay información de comarcas, sucesos, una nutrida agenda cultural y, en ocasiones, reportajes de bodas y bautizos. Los encargados de repartirlo tienen las llaves de los portales de media ciudad y dejan, cada mañana, los ejemplares cerca del ascensor o en los buzones de los edificios. Todo eso, ahora, está en el aire.