La Universidad de Santiago, un polvorín
El proyecto de Presupuestos para 2013 va a suponer un recorte en la financiación de las universidades gallegas de casi 22 millones de euros y el consejero de Educación ya les ha advertido a las universidades que debían escoger entre recortar los salarios a los docentes o mantener las remuneraciones, pero despedir profesorado.
Los cálculos realizados por la CIG indican que el recorte salarial previsto del 5% no será suficiente, y dejará el desajuste presupuestario en nueve millones de euros, por lo que según el sindicato “tal desajuste se podría traducir en unos 250 despidos de PAS y PDI así como en mayores recortes salariales”. También se ha alertado de que los recortes en la financiación supondrán una muy importante subida de las tasas universitarias, unos ingresos que además no servirán para mejorar la calidad de la enseñanza, sino que serán destinados directamente al pago de la deuda.
Este miércoles nuevamente representantes de la comunidad universitaria han denunciado que la “no apuesta” de la Xunta “por la sociedad del conocimiento y por la I+D+I” va a provocar un gran perjuicio tanto a estudiantes, como a personal docente e investigador, como al personal de administración y servicios.
Han denunciado en este sentido que la política de la Xunta parece destinada a promover el desarrollo de un sistema universitario privado al elevar los precios de matricula de los centros públicos y rebajar su calidad hasta los niveles de la privada. También se critica “el desnorte” de algunas medidas apuntadas por la Xunta para reducir los costes, como por ejemplo la eliminación de los complementos autonómicos de los sueldos del profesorado, “con lo que se perjudica a aquellos docentes con mejor productividad”, señaló la profesora Alba Nogueira.
Los representantes de los trabajadores volvieron a alertar de que los recortes en la financiación podrían significar 115 despidos en la USC, pero recordaron a este respecto que desde 2010 la universidad ya ha prescindido de más de 600 trabajadores, entre la no renovación de contratos de investigación, jubilaciones no cubiertas o la supresión de puestos de profesorado asociado. Antonio Pérez Casas, del colectivo de PAS A Trabe, denunció que el trabajo de esas 600 personas tuvo que ser asumido por el resto del plantel y que significó un esfuerzo extra para todos ellos y también una merma de la calidad de la enseñanza y de la investigación en la USC. Añadió que “todos estos esfuerzos económicos sólo sirvieron para financiar a la Xunta de Galicia, y ni un solo euro sirvió para mejorar el servicio público o para reducir la deuda”.
Todos los colectivos que integran la comunidad universitaria de la USC son muy críticos con el rector Juan Casares y califican su actitud como “irresponsable”. Lo acusan de acatar el bloqueo presupuestario y de limitarse a negociar el lugar en el que efectuar los recortes, en vez de denunciar la posición de la Xunta y el incumplimiento del plan de financiación universitaria por parte del Gobierno gallego. Creen que estudiantes, profesorado, investigadores y PAS deben trabajar unidos en la defensa de la universidad pública y concienciar al conjunto de la ciudadanía “de que esta es una batalla que hay que dar ahora”. Y animan el rector a ponerse a la cabeza de esta reivindicación. “Podemos tener un conflicto e incluso problemas de tesorería”, dice Pérez Casas, que añade: “Bienvenidos sean si con eso conseguimos salvar la universidad pública”.
De momento los estudiantes siguen encerrados en la Facultad de Historia y alrededor de 200 PAS acaban de comenzar un encierro indefinido en el edificio de la Balconada, que acoge algunos servicios administrativos de la USC. El martes, cuando está previsto que el Parlamento apruebe los Presupuestos, llevarán la protesta hasta el Hórreo.
