La Valedora do Pobo reprende a la Xunta de Galicia por ocultar datos sobre vivienda pública nueva o rehabilitada
La opacidad domina los datos sobre vivienda pública de la Xunta de Galicia. Pese a que, tras de años de desatención y desmayadas políticas en la materia, el asunto por fin ha entrado en su agenda política, las cifras que ofrece el gabinete de Alfonso Rueda distan de aclarar la situación. El presidente presume en el Parlamento de haber construido 2.403 pisos desde 2009 -el año en que Feijóo recuperó el poder para el Partido Popular-, pero se niega a explicar qué parte de ellas pertenecen en realidad a proyectos del Gobierno bipartito de PSOE y BNG. Su Consellería de Vivenda, dirigida por María Martínez Allegue, tampoco lo dice. La Valedora do Pobo, equivalente autonómico a la Defensora del Pueblo, acaba de emitir una resolución en la que reprende al Ejecutivo gallego por ocultar información.
El organismo da al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente del departamento de Martínez Allegue, 10 días para que responda a la petición realizada por elDiario.es. En el dictamen, recuerda que “resulta difícil de imaginar que el IGVS no tenga informes o aplicaciones informáticas en las que figuren [los referidos datos] o los pueda obtener con relativa facilidad”. Fue la diputada Alexandra Fernández, del BNG, la que criticó a la Xunta por arrogarse las iniciativas del bipartito sin tan siquiera admitirlo. El gabinete presidido por Emilio Pérez Touriño entre 2005 y 2009 mantuvo una política de vivienda, impulsada por la conselleira nacionalista Teresa Táboas, mucho más activa que la de los siguientes 15 años bajo gobiernos del PP, primero con Feijóo y desde 2022 con Alfonso Rueda.
La Valedora do Pobo añade que la respuesta negativa de Vivenda respecto a la solicitud, realizada primero vía gabinete de prensa de la consellería y, ante ese silencio, más tarde por el Portal de Transparencia, de desglose por años de esos 2.403 pisos “carece de toda motivación”. Y menciona la necesaria observación del “principio de 'máxima transparencia” en el acceso a la información público. “Las restricciones deben ser las mínimas y sometidas a un escrutinio severo”, añade.
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