A las pocas horas de ocurrir el accidente de tren de Santiago del 24 de julio de 2013, con 80 muertos y 144 heridos, los responsables gubernamentales insistieron en un mensaje: no era un accidente del AVE sino un error humano de su maquinista que no había frenado a tiempo antes de la curva de Angrois. Como posteriormente explicitaría el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, detrás de esa insistencia estaba el temor de que el siniestro afectara a los importantes contratos internacionales a los que aspiraban las empresas públicas y privadas españolas de la alta velocidad. Sin embargo, en su informe sobre el accidente de Angrois desvelado la semana pasada, en el que descalifica la investigación técnica del siniestro realizada en España, la Agencia Ferroviaria Europea insiste en que lo que se accidentó fue un “tren de alta velocidad” (“high-speed train”, en el original). Lo dice 21 veces en 15 páginas a pesar de que desde España se la intentó convencer del contrario.
El informe sobre el accidente de Santiago elaborado por la agencia europea fue firmado por su responsable de seguridad el 26 de enero pasado. El 2 de marzo le fue trasladado a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el órgano del Ministerio de Fomento encargado de analizar el siniestro y cuyo trabajo fiscalizó la agencia europea. La CIAF intentó replicar a varias de las críticas que se le formulaban desde Bruselas a través de un documento con fecha de 7 de abril ahora colgado en su web sin firmar por nadie. Una de las primeras cuestiones de las que discrepa el órgano de Fomento es el empleo que la agencia europea hace del término “tren de alta velocidad”. La CIAF dice que “de acuerdo con la normativa y la autorización del tren accidentado, este no era un tren de alta velocidad” y destaca que por eso en su investigación sobre el siniestro “tal denominación no aparece en ningún momento”. A pesar de esa alegación, la Agencia Ferroviaria Europea mantuvo intacta su calificación de “tren de alta velocidad” en el documento que le entregó a las víctimas el pasado jueves, después de que el Gobierno español consiguiera que no se divulgara antes de las pasadas elecciones generales.
En la causa judicial aún abierta por el siniestro, todos los peritos participantes, tanto independientes como de parte, coinciden en que el lugar en el que se produjo el accidente forma parte de una línea de alta velocidad, aunque no entraron a calificar si el tren Alvia S-730 accidentado se puede denominar “tren de alta velocidad”, como lo llama la agencia europea. El propio perito designado por ADIF concluyó que la Ourense-Santiago “es en toda su longitud una línea de alta velocidad” e indicó que el tren estaba autorizado a circular hasta 240 kilómetros por hora con sus máximas medidas de seguridad activas, o hasta 200 si no podía emplear por algún motivo el sistema de control constante de la velocidad propio del AVE, el ERMTS. Con ese sistema desconectado entre Ourense y Santiago desde un año antes del accidente, el Alvia circulaba aquel día a 200 por hora.
Por otra parte, en sus alegaciones a Bruselas la CIAF ya avanzaba que, con independencia de lo que había opinado la Agencia Ferroviaria Europea, “no se encuentra justificada la apertura de una nueva investigación”. La CIAF también decía que nada tenían que ver las mejoras de seguridad que implantó Fomento en toda la red ferroviaria española tras el siniestro con la posibilidad de que este no se debiera exclusivamente a un error humano sino a otras causas profundas que Bruselas pedía investigar. “Las oportunidades de mejora detectadas no se pueden considerar causas subyacentes ni profundas del accidente”, le respondió la CIAF a la agencia europea.
Las víctimas piden una reunión con la ministra
Por otra parte, después de recibir el pasado jueves el informe europeo en el que se dice que la investigación de la CIAF sobre Angrois no fue independiente, este lunes la plataforma de víctimas del siniestro dirigió una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, solicitándole formalmente una reunión. En la misiva avanzan que le pedirán explicaciones sobre sus “mentiras” al asegurarles que la investigación había sido independiente. Del mismo modo, las víctimas le recuerdan a Pastor que en su momento conocieron el informe de la CIAF por los medios de comunicación y “jamás nadie nos preguntó o nos informó absolutamente nada”, como la agencia europea dice que tienen derecho. “Esas conductas que se le exigen a los gobiernos forman parte de algo que se llama democracia y justicia”, dicen las víctimas, y finalizan pidiéndole a Pastor que les explique “si el motivo de sus mentiras ha sido tapar las múltiples vergüenzas de su Gobierno y del anterior, o en realidad es que usted no se enteraba de lo que ocurría a su alrededor”.
Esa mala atención a las víctimas es una de las cuestiones que la CIAF intentó refutar sin éxito en abril del informe de la Agencia Ferroviaria Europea. El ente comunitario critica en él que en la investigación de la CIAF sobre Angrois “no hay ni descripción, ni pruebas de si, cuándo y cómo se informó a las víctimas y sus familiares durante el proceso de investigación y si les da la oportunidad en la medida de lo posible de hacer comentarios”, como obliga la normativa europea. La CIAF contestó a Bruselas qué era “conocedora” de la atención que el Ministerio de Fomento les estaba dando a las víctimas y añadió que “la CIAF disponía (y dispone) de un buzón de correo electrónico que permite que cualquier persona, física o jurídica, se pueda poner en contacto con la comisión”. Este diario escribió a dicha dirección para conocer qué cargo o cargos de la CIAF suscriben, si es que lo hacen, tanto las alegaciones remitidas a Bruselas en abril como el comunicado público emitido el pasado jueves. Aún no hay respuesta.