La Xunta acumuló sobrecostes del 31% en obras durante 2010 y 2011
“Unidad, austeridad y eficiencia”. En el verano de 2011 el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, resumía de este modo los principios inspiradores de la política de su Gobierno en materia de infraestructuras, las grandes obras públicas dependientes de la Consellería entonces dirigida por el actual alcalde de Santiago, Agustín Hernández, y ese momento todavía gestionadas por la Dirección Xeral de Infraestruturas, que pasó posteriormente a integrarse en una agencia pública. Mientras el presidente exponía esta filosofía para la contratación pública en el departamento de Hernández se producían “desviaciones” en los precios de las obras que, según el Consello de Contas [Consejo de Cuentas], llegaron al 31%, con un perjuicio para las arcas públicas de casi 50 millones de euros en apenas dos años.
El ente fiscalizador acaba de entregar en el Parlamento un informe en el que analiza la contratación administrativa de la Xunta en los dos primeros años completos tras el retorno del PP al poder. En él ponen el foco en algunas de las consellerías más inversoras: Infraestruturas, Medio Rural y Mar -las dos últimas son, desde 2012, una sola-. En el caso de las infraestructuras Contas detecta “importantes desviaciones de carácter económico y temporal” y, para “analizar la significación económica” de las mismas, toma como referencia las obras finalizadas entre 2010 y 2011, cuyo “coste final supera sensiblemente el precio de adjudicación”. Concretamente, las diferentes actuaciones se adjudicaron por un precio total de 152,8 millones de euros y terminaron costando 200,4 millones.
Este sobrecoste, explica el Consello, tiene su origen en que “distintos conceptos” pasan a “formar parte del coste final de las obras”. Las desviaciones se materializan “a través de la firma de contratos complementarios o de modificaciones de los contratos existentes”. Lejos de ser una cuestión puramente burocrática, “estas variaciones supusieron un incremento de 47,61 millones de euros”, de los cuales 19,9 corresponden a modificaciones de contratos, 11,6 a contratos complementarios y 14,7 “al importe de las certificaciones finales de los contratos principales y complementarios”. De 71 obras recibidas por la Xunta en este período 31 tienen un modificado y 5, dos, detalla el informe.
A juicio del ente fiscalizador estas modificaciones contractuales “deberían ser previstas en el proyecto original” si el Gobierno “aplicara la diligencia requerida, de acuerdo con la buena práctica profesional, en la elaboración del proyecto y en la redacción de las especificaciones técnicas”. Del mismo modo, “los proyectos complementarios no se producirían si los proyectos originarios estuvieran bien estudiados y fueran completos”. No obstante, “en ningún supuesto consta que se exigieran responsabilidades a los autores del proyecto”. El perjudicado fue, únicamente, el erario.
Ocho de cada diez contratos de Medio Rural, 'a dedo'
Más allá de los sobrecostes, otra de las prácticas contractuales en las que se detiene el Consello de Contas es en la excesiva utilización de los contratos por procedimiento negociado, los popularmente conocidos como contratos 'a dedo'. Si bien este tipo de contratación es frecuente en el departamento que dirigía Hernández, en el período analizado era mucho más utilizada en la Consellería do Medio Rural, ese momento dirigida por el todavía delegado del Gobierno central en Galicia, Samuel Juárez. Dejando al margen los contratos menores, sólo en 2010 “el importe adjudicado por el procedimiento negociado representó el 61%” del importe total, lo que supone casi el 80% de los contratos, destaca Contas.
Aunque la ley concibe este tipo de procedimiento para reducir plazos de tramitación y ahorrarle dinero a la Administración el Consello de Contas detecta que, en general, estos beneficios no se obtuvieron y que el procedimiento fue “escasamente competitivo”, llegando a verse “vulnerada la concurrencia” entre empresas en varios expedientes. En lo referido al precio final, “las bajas obtenidas con la utilización de este procedimiento fueron mínimas”: en quince contratos fueron “iguales o inferiores al 1% y en dos expedientes resultaron ser iguales o inferiores al 5”. Entre los contratos de los que el Consello duda están algunos ligados a las brigadas contra incendios helitransportadas, duramente criticados por los profesionales del sector en los últimos años.
El Gobierno insiste en el desplazamiento de facturas al año siguiente
Los informes entregados esta semana por el Consello de Contas al Parlamento vuelven a revelar además el empecinamiento del Gobierno gallego en el desplazamiento de facturas para los siguientes ejercicios económicos, una práctica que ya habían detectado tanto el propio Consello como el Tribunal de Cuentas y que se concreta en el cierre anticipado de los Presupuestos de cada año.
Desde Cuentas ya se había advertido en 2010 que este tipo de “desplazamientos de deberes” por “insuficiencia de crédito” venía teniendo un “carácter residual en los años 2007 y 2008” pero “se volvió a incrementar en los años 2009, 2010 y siguientes”. En lo referido a la cuenta general de 2012 y a la espera de conocer el informe completo, Cuentas vuelve a advertir “diversas deficiencias con respecto a la regularidad contable y legal” de las que se “deduce” que “se dejaron de contraer presupuestariamente obligaciones que debieron reconocerse, por corresponder a gastos realizados en el ejercicio, posponiéndose su contabilización a ejercicios posteriores”.
Esta práctica, dice el Consello, “supone el incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria” que marca la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario y “supone, además, que anualmente parte de los créditos aprobados en el ejercicio corriente se encuentren comprometidos por gastos de años anteriores”. En este contexto, el organismo fiscalizador tiene claro que los resultados finales de los presupuestos pueden quedar “afectados” por estos “desplazamientos de obligaciones”. “Sin perjuicio del posible efecto neutro que puede deducirse de la compensación de este tipo de gasto a lo largo del tiempo -explica-, puede acabar distorsionando el resultado presupuestario” y “afectar negativamente a los presupuestos futuros al disminuir la capacidad para atender las necesidades previstas”.
