La Xunta admite que hay pacientes con seguro sanitario privado que están siendo tratados con máquinas de alta tecnología donadas al sistema público por la Fundación Amancio Ortega y que el Gobierno gallego cedió a una entidad privada. El director xeral de Asistencia Sanitaria de la Consellería de Sanidade, Jorge Aboal, reconoció que por el Centro Oncolóxico de A Coruña -un centro que depende de una fundación privada- pasan unos 400 enfermos que no proceden del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Sostiene que, en cualquier caso, el 90% sí entra por el sistema público. “Está claro que las máquinas no están en un hospital público”, indicó. Esto se debe, según sus explicaciones, a que no hay sitio en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Mientras no se construyen nuevas instalaciones a las que trasladarlas, justifica, “están dando servicio”.
Aboal, que respondió a una pregunta del diputado del PSdeG Julio Torrado en el Parlamento de Galicia, añadió que la fundación titular del Centro Oncolóxico abona a la Xunta una cantidad por tener disponibles las máquinas. Un informe del Consello de Contas que critica que las necesidades de una entidad privada se incluyesen en un contrato del Gobierno gallego como si fuesen públicas hace referencia también a esa compensación. Considera que hay un defecto de forma en la contabilización de los ingresos y también indica que “no se puede valorar si se está produciendo una ganancia o una pérdida para el Sergas como consecuencia de esta cesión”.
La cesión, como la describe el propio ente fiscalizador, no es tal, según el alto cargo del Sergas, que defendió que lo que hizo la Xunta fue “poner a disposición” del centro las máquinas. Aboal manifestó que la información publicada por este diario sobre el acuerdo y las declaraciones hechas por los grupos de la oposición a raíz de la misma son “rotundamente falsas”. Para defender que “la Xunta no cedió ningún equipo de alta tecnología a una entidad privada” empleó el argumento de que el convenio se firmó con un eslabón intermedio y no directamente con la fundación. El acuerdo se formalizó entre el Gobierno gallego y el Consorcio Oncolóxico, que es una entidad de derecho público, manifestó. Pero en esa entidad está, además de la Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña, la Fundación Centro Oncológico Regional José Antonio Quiroga y Piñeyro, que sí es privada y que es la que gestiona el Centro Oncolóxico en el que están instalados los aparatos.
Las críticas del diputado socialista se centraron en la decisión política de “mejorar el sistema privado y no el público” con unas máquinas que usan pacientes del Sergas, pero también de aseguradoras privadas, y en la inclusión de necesidades de un centro privado entre las del sistema público. Además, recordó que, sobre este asunto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dijo que las máquinas están en esas instalaciones mientras no estén listas las de su destino definitivo, un hospital público. “Van ocho años -desde que llegaron los aparatos-, igual cuando las quieran derivar al público ya no valen”, criticó. En su respuesta, el jefe del Gobierno gallego “asumió que las máquinas están en un centro privado”, recalcó Torrado, que censuró que el Ejecutivo autonómico esté “abaratando los costes de la sanidad privada para que traten a pacientes del sistema privado”.