La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente en funciones, Ángeles Vázquez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno gallego va a llevar al Gobierno central a los tribunales para que reclame a la armadora del Toconao los 2,4 millones de euros en los que cuantifica el coste de la limpieza de los pellets a las arcas gallegas. Asegura que la Xunta envió el 19 de enero una carta pidiendo que se iniciase el procedimiento para exigir responsabilidad medioambiental a la empresa y la respuesta, el 25 de enero, fue que se estaba estudiando la solicitud.
Pasado este tiempo, Vázquez dice que se puede entender que hay “silencio negativo” del Gobierno central porque han transcurrido más de los 10 días hábiles que asegura que tenían para responder. “No tenemos que pagar este desastre”, señaló y apeló al principio de quien contamina, paga. El Ministerio para la Transición Ecológica remitió este mismo miércoles una respuesta a la carta que la Consellería de Medio Ambiente le envió con fecha del 8 de febrero, recibida el día 15 de ese mes. En el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, le dice a la Xunta que debe dirigirse al Ministerio de Transportes, que está tramitando “de manera ordenada todas las peticiones de indemnización, reuniendo las reclamaciones y documentación que la justifique de cada administración” para enviarlas de forma conjunta al armador.
El propio Ministerio para la Transición Ecológica señala que ya ha remitido al de Transportes la información sobre los gastos en los que ha incurrido tras el vertido de pellets, que es necesaria para la reclamación de responsabilidad al causante de la contaminación.
El balance que hace la Xunta tras desactivar, hace cinco días, el plan de respuesta ante episodios de contaminación en el mar (el Camgal), es que se han retirado más de cinco toneladas de los arenales gallegos, además de 20 toneladas de otros residuos, principalmente plásticos de otro tipo, según informa Europa Press.
El Gobierno gallego ha retirado ya el dispositivo de limpieza porque, según la conselleira, con “los escasos pellets” que llegan en la actualidad, intervenir para retirarlos causa “más perjuicio que beneficio”.
Vázquez ha indicado que el dispositivo de la Xunta trabajó en 633 playas, el 65% de los arenales gallegos, pertenecientes a 66 de los 77 municipios en línea de costa. Hubo, aseguró, hasta 450 personas recogiendo residuos. En total retiraron 3.650 kilos de pellets, que se suman a los 1.384 kilos que ya habían recuperado los voluntarios y los ayuntamientos. En conjunto, superan las cinco toneladas, lo que equivale a unos 201 sacos. En el contenedor cargado de pellets que perdió el Toconao había algo más de 26 toneladas.
La conselleira ha apuntado que se han hecho análisis a los pellets retirados que indican que parte de los que se han retirado no proceden de la carga perdida por este buque, aunque sí la mayoría.
El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, también participó en la rueda de prensa para hacer balance. En su intervención volvió a atacar, como Vázquez, al Gobierno central. El esfuerzo de respuesta de la Xunta, dijo, “contrasta con los [medios] utilizados por el Estado, muy por debajo de los solicitados”. “Lo que no había era voluntad de arrimar el hombro”, criticó. Lo cierto es que los registros de Salvamento Marítimo, que contienen las anotaciones de los movimientos de barcos y medios aéreos, demostraron que la Xunta no desplazó ni la mitad de los barcos y helicópteros que anunciaba cada día.
Villares ha insistido en acusar al Gobierno central de “ocultación” de la información. El barco perdió la carga y lo transmitió el 8 de diciembre, repitió, pero la Xunta considera que no hubo una comunicación oficial a la administración autonómica gallega hasta el 3 de enero. En realidad, había recibido avisos sobre la presencia de los microplásticos desde el 13 de diciembre, tal y como lo han registrado las conversaciones del servicio del 112, dependiente del Goberno gallego, y Salvamento Marítimo. Solo el 5 de enero se activó el plan anticontaminación de la Xunta.