La Xunta asegura que es “estricta” con los Franco por proponer multarlos tras año y medio de incumplimientos en la Casa Cornide

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, desconoce cuál es el contenido del convenio que la familia Franco ha propuesto al Gobierno gallego para la apertura de la Casa Cornide de A Coruña, un palacete declarado bien de interés cultural (BIC). Que existe esa petición por parte de los descendientes del dictador lo dijo la semana pasada el conselleiro de Cultura, José López Campos, que explicó que fue la respuesta a la propuesta de imponerles una multa de 3.000 euros por no cumplir con la obligación de abrir el inmueble al público.

El conselleiro no mencionó qué aspectos contiene la propuesta de la familia Franco ni tampoco lo hizo este lunes el jefe del Ejecutivo autonómico, que sí destacó que la apertura del expediente sancionador y el aviso de multa es muestra de que la Xunta es “muy estricta en la exigencia del cumplimiento de la ley a la familia Franco y a cualquier persona”. Consideró que está “acreditado de sobra” que “no hay ningún tipo de favoritismo” hacia los descendientes del dictador.

El inmueble es BIC desde hace algo más de año y medio -el decreto, fechado el 27 de abril de 2023, se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el 12 de mayo de ese año- y en nigún momento en este periodo se cumplió la obligación, recogida en la ley gallega de patrimonio, de que se abra al menos cuatro días al mes durante cuatro horas con un calendario comunicado previamente.  

Los herederos del dictador intentaron primero esquivar la obligación de abrir al público argumentando que la casa está habitada, puesto que ese es uno de los supuestos que la ley recoge para hacer una excepción. La propia Xunta confirmó lo que es una información de dominio público: que en la Casa Cornide no vive nadie. Consta en una carta enviada por la directora xeral de Patrimonio Cultural el 25 de abril de 2024. Ahí se refiere a que los técnicos que visitaron la casa el 7 de marzo de 2023 manifestaron que está “prácticamente vacía de muebles, por lo que no parece probable que sea domicilio particular de sus propietarios”. En el mismo documento reclamaba a los Franco que remitiesen una propuesta de calendario de apertura.

La situación se mantuvo sin cambios, con el inmueble cerrado, y la Xunta informó a finales de octubre de que había comunicado a la familia Franco una propuesta de sanción. Eligió la cuantía de 3.000 euros, una cifra intermedia entre los 300 y los 6.000 euros de horquilla que fija la ley para las infracciones leves, que es como está catalogado en la ley el incumplimiento de la obligación de permitir las visitas a un BIC. En el plazo de alegaciones, los herederos del dictador remitieron un escrito en el que piden a la Xunta firmar un convenio de colaboración. Ya había ocurrido en el caso del Pazo de Meirás, en el que el Gobierno gallego llegó a admitir que corría con los gastos de seguridad pese a que no estaba obligado por ley.