El pasado mes de noviembre el Consello de Contas hacía público un informe sobre la contratación pública de la Xunta en 2010 y 2011, los dos primeros años completos tras el retorno del PP al poder. En ese informe, el ente fiscalizador detectó “importantes desvíos de carácter económico y temporal” en obras dependientes de la Consellería de Infraestructuras, en aquel entonces dirigida por el actual alcalde de Santiago, Agustín Hernández, y cifraba el perjuicio para las arcas públicas en unos 50 millones de euros, toda vez que adjudicaciones por 152 millones acabaron costando 200. Pocos días después, los diputados del BNG Francisco Jorquera y Ana Pontón le preguntaban por escrito al Gobierno por las razones de esos sobrecostes y la repuesta acaba de llegar. La Xunta atribuye los desvíos, entre otras razones, a factores a priori tan previsibles en Galicia como la “geología” o el mal tiempo.
En un contexto en el que, en el propio 2011, Alberto Núñez Feijóo proclamó que la política de infraestructuras de su Gobierno estaría presidida por la “austeridad y la eficiencia”, la Xunta comienza justificando estos sobrecostes del 31% explicando que “todos y cada uno de los reajustes de gasto y de plazo” se “realizan conforme a derecho”. Al mismo tiempo, agrega, “el 47,6%” de los 85 expedientes que el Consello de Contas toma como muestra “fueron licitados antes de 2009” y el 52,38% restante, después. “Se trata –evidencia– de medidas recogidas en la ley de contratos del sector público para hacer frente a los imprevistos que surgen durante la ejecución de las obras” y “en el caso de Galicia, hay que tener en cuenta” algunos “condicionantes”, como “una geología muy compleja con un sistema hídrico muy abundante”, la “frecuente aparición de afecciones a elementos arqueológicos no inventariados” o “las circunstancias meteorológicas, que condicionan las obras”.
Si bien es cierto que Contas cita estos factores como causas de algunos de los sobrecostes, no lo es menos que en muchos de los expedientes las modificaciones en los contratos se produjeron por motivos bien diferentes. Así, por ejemplo, el precio del acondicionamiento de una carretera en Negreira se disparó un 50% para, entre otros aspectos, “adaptar las intersecciones a los criterios de la instrucción de accesos de la Dirección General de Obras Públicas, ”evitar un poste de Fenosa“ o ”ejecutar nuevos caminos para dar acceso a fincas particulares“. En otra obra, la construcción del enlace de Curro con la autovía del Salnés se desvió el coste un 36% por la ”necesidad de disponer de desvíos de tráfico por la presencia en los terrenos de una serie de industrias mineras“, y un 20% más por la variación del ”diseño del enlace para ajustarse a las condiciones de la actividad industrial de la zona“. Además, el precio subió un 4% a causa de la ”corrección“ de un ”error en las mediciones de los firmes“.
A pesar de todo, el Ejecutivo obvia estas circunstancias para centrarse en que “tal y como reconoce el Consello de Contas, desde el año 2009 la Xunta adoptó las medidas necesarias para reducir al mínimo los sobrecostes de las obras públicas”, tales como “endurecer las condiciones para el cálculo de las bajas temerarias”, esto es, evitar que las empresas hagan ofertas a precio reducido a pesar de saber que no podrán cumplir, o fijar un “indicador de obligado cumplimiento y que se está cumpliendo, cuyo objetivo prioritario es reducir las desviaciones presupuestarias positivas en el desarrollo de las infraestructuras”. De este modo, afirma, los sobrecostes se han reducido unos 20 puntos respecto al mandato del bipartito de PSdeG y BNG.
Aunque Contas admite la puesta en marcha de estas medidas, le lanza reproches a la Xunta que van más allá de su explicación. Buena parte de las modificaciones contractuales, razona el organismo, no responden a imprevistos y por lo tanto “deberían ser previstas en el proyecto original” de cada obra si la Consellería “aplicara la diligencia requerida, de acuerdo con la buena práctica profesional, en la elaboración del proyecto y en la redacción de las especificaciones técnicas”. “Los proyectos complementarios no se producirían si los proyectos originarios estuvieran bien estudiados y fueran completos”, agrega el informe, que destaca además que “en ningún supuesto consta que se exigieran responsabilidades a los autores del proyecto” por dichos desvíos.