El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hace un mes y medio la intención de su gobierno de crear una empresa con participación tanto pública como privada para desarrollar proyectos en materia de energías renovables y también otros de uso intensivo de agua o minería. Este jueves ha concretado que va a ser la iniciativa privada la mayoritaria en esa sociedad, un punto que hace unas semanas el Gobierno gallego no era capaz de concretar. A pesar de ello, asegura que podrá vetar los proyectos que considere que no sirvan al “interés público” y lo hará con lo que se denomina acción de oro, un mecanismo que permite a quien lo controla oponerse unilateralmente a cualquier decisión. El modelo, aclaró el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, quedará fijado “en el momento fundacional”.
La Xunta va a dar entrada a esta sociedad mixta a empresas que tengan centros de decisión en Galicia y que no sean ya del sector energético. También invitará a otras administraciones a integrarse. El modelo será constituir una empresa y que después se cree para cada proyecto otra específica que dependa de esta matriz. De este modo, según el Gobierno gallego, se permite la entrada de socios concretos para algunos desarrollos en los que se vean afectados, como ayuntamientos en los que se van a implantar.
El Consello aprobó este jueves el texto del anteproyecto de ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, que es la que crea esta empresa mixta. Desde mañana y durante 15 días, indicó Conde, estará en exposición pública. Entre los cambios que introduce está una valoración de los impactos sociales y económicos de los proyectos dentro de la evaluación de impacto ambiental. A pesar de ello, según el vicepresidente primero el trámite que valora los efectos sobre la naturaleza no varía con respecto a la tramitación actual.
El Gobierno gallego también va a establecer un nuevo impuesto: un canon sobre la energía eólica marina. Se aplicará a las líneas eléctricas para conectarlos con las subestaciones. Las que estén soterradas abonará 10.000 euros por cada kilómetro, mientras que las aéreas con una tensión igual o inferior a 30 kilovatios la cantidad será de 22.000 euros por cada kilómetro. En función de lo que vaya subiendo la tensión se establecen más tramos que llegan hasta los 58.000 euros por kilómetro para líneas entre 132 y 220 kilovatios hora.
El destino del dinero será crear un fondo similar al existente para la eólica en tierra y pensado para tareas de conservación y restauración del medio ambiente, pero también para “fortalecer” la sociedad mixta y dar una “contraprestación” al sector pesquero. Conde ha anunciado la creación de otro fondo para recuperar terrenos afectados por los incendios forestales que va a tener aportaciones de empresas privadas.