La Fundación Amancio Ortega va a donar a la Xunta de Galicia siete residencias de mayores, una en cada una de las principales ciudades. Pero, aunque los edificios serán de titularidad pública, la gestión no va a hacer la administración autonómica. El Gobierno gallego anunció a finales de 2023 que se la adjudicaría a alguna entidad privada, aunque sin ánimo de lucro. Los dos primeros centros, el de Santiago y el de Lugo, con 120 plazas cada uno, van a estar en manos de la Fundación de Estudios y Análisis (Fesan), que nació orientada a dar cursos, pero que ha terminado incluyendo en sus actividades varias pequeñas residencias y viviendas comunitarias para mayores. Su oferta, como adelanta Praza.gal, es la que presentó un precio más bajo por plaza.
Según consta en la documentación de la adjudicación, la mesa de contratación propone que las residencias de Santiago y Lugo (120 plazas cada una) sean gestionadas por Fesan por el peso de la oferta económica. Propuso un coste de 55 euros al día por cada plaza, por debajo de los 62,4 de máximo que fijó la Consellería de Política Social. Las otras dos entidades que se presentaron ofrecieron costes más altos: la Fundación Gerón incluyó un coste de 60 euros, que con el IVA se situaba en el tope dado por el Gobierno gallego; y la Fundación Valdegodos, ofreció 59 euros por plaza.
Este coste era un elemento de peso en el proceso, puesto que decantaba 40 de los 100 puntos de valoración posibles. La de Fesan no era la opción mejor posicionada en el resto de cuestiones a valorar. En la metodología de intervención (que incluye las medidas hacia los mayores, las familias, la comunidad y aspectos de organización), la mejor puntuación era la de Valdegodos. La mejor ratio de personal era, sin embargo, la ofrecida por Gerón. Ninguna de las tres tuvo puntuación por sus planes de conciliación porque ninguna los presentó.
Con estas evaluaciones, la mesa de contratación comunicó el miércoles de esta semana que la adjudicación será para Fesan. Esta fundación ya tuvo en el pasado relación con la Xunta mediante la adjudicación de contratos. En 2012 se le adjudicó la gestión de tres escuelas infantiles de la red pública gallega en medio de críticas del sindicato CIG, que aseguraba que tenía vínculos con el Opus Dei. Aunque en el registro de la administración autonómica consta que tiene ocho residencias y viviendas comunitarias en Brión, Vilagarcía de Arousa, Ordes y Santiago, el sitio web de la fundación no contiene información sobre estas actividades y recoge únicamente sus servicios de formación.
La Xunta ha celebrado la iniciativa de la Fundación Amancio Ortega de pagar siete residencias que entregará a la administración pública y lo ha presentado como un éxito, pese a que ni la construcción ni la gestión de los centros va a estar en sus manos. En la justificación para adjudicar la gestión a una entidad privada, Política Social señala que la Xunta “dispone de la financiación necesaria para la prestación del servicio objeto del contrato, pero no dispone de medios personales y materiales adecuados para llevar a cabo las distintas prestaciones.