La Xunta de Galicia dice que no tiene suficientes medios, ni en cuanto a personal sanitario ni en cuanto a instalaciones, para asumir 800 interrupciones voluntarias del embarazo al año hasta la semana 14 y que no impliquen riesgo para la mujer. Acaba de licitar un contrato para derivarlas por el que va a pagar al menos 1,37 millones de euros para tres años, es decir, cerca de medio millón en cada anualidad. Según la información adelantada por Praza.gal y que consta en los pliegos de condiciones y la justificación de la medida, al valor estimado del contrato se le suman otros 916.000 euros por posibles prórrogas de hasta dos años y 275.000 euros más para posibles modificaciones. La cantidad total puede llegar a 2,56 millones.
El Servizo Galego de Saúde (Sergas) argumenta que es necesario garantizar la prestación “de forma eficiente y en los plazos establecidos por la normativa vigente”, pero la situación actual es de “imposibilidad de que los servicios sanitarios públicos del Sergas puedan prestar dicha asistencia con los recursos humanos, materiales e infraestructura con los que cuenta”. Añade que “hay que tener en cuenta que los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia”.
El contrato está dividido en dos lotes, uno para las áreas sanitarias de la mitad norte de Galicia y otro para las del sur. En sus cálculos, el Sergas prevé que la mayor parte de las interrupciones voluntarias del embarazo que no podrá asumir serán en la de A Coruña y Cee (estima 343 del tipo instrumental en un año). Prevé 126 en Ferrol; 91 en Santiago; 120 en la de Lugo; 76 en la de Pontevedra; 40 en la de Ourense y solo nueve en la de Vigo Las tarifas para una interrupción farmacológica son de hasta 350 euros y para una instrumental, de hasta 570.
El Sergas indica en su justificación que hasta ahora contrataba estos servicios mediante resoluciones de autorizaciones de uso basadas en la urgencia vital y excepcional de estas situaciones. Pero “ante el incremento y continuidad de esta prestación asistencial” y con lo que admite como una “falta de recursos” materiales y humanos, señala que recurre a la contratación del servicio para que las interrupciones se realicen en plazo y no superen las 14 semanas.
En Galicia, como en España, la mayor parte de los abortos se realizan en centros privados. El año pasado el número total de interrupciones voluntarias del embarazo fue de casi 3.000 en la comunidad. En el último año para el que se han publicado cifras por tipo de centro, el 2021, el 78% se habían hecho en la privada y el 22% restante, en la red pública. Los datos recopilados por el Ministerio de Sanidad indican que ese año constaban 2.284 interrupciones voluntarias del embarazo en Galicia. Del total, 504 fueron en centros públicos -69 en hospitales y 435 en centros extrahospitalarios- y 1.780 en clínicas privadas.