La Xunta va a obligar a todas las personas registradas en las listas del paro, estén o no cobrando una prestación económica, a firmar un acuerdo explícito para plasmar su intención de buscar activamente trabajo. De lo contrario, serán excluidas de esa lista. Perderán el derecho a las prestaciones económicas, si las estaban percibiendo, o descenderán en la prioridad para ser llamadas para un posible puesto.
La figura a la que recurre la Xunta, los acuerdos de actividad, está recogida en las normas estatales. El conselleiro de Emprego, José González, indicó que hasta ahora, quienes reciben una prestación tienen ya un compromiso de aceptar los puestos de trabajo que sean adecuados a su perfil o acudir a las citas de orientación y aceptar las actividades formativas para mejorar su situación en el mercado laboral. De hecho, incumplir estos requisitos puede conllevar sanciones y la retirada de la prestación económica. Lo que busca ahora el Gobierno gallego, dijo, es aplicar estos acuerdos de actividad, que son explícitos, a todas las personas anotadas como demandantes, cobren o no cobren. Defendió la medida como “una cuestión de eficacia y ética” y aseguró que el objetivo es que dejen de figurar como paradas personas no tienen “un compromiso inequívoco de búsqueda de empleo”.
Para respaldar la idea de que hay personas en las listas del paro que no deberían figurar en las mismas, hizo un balance de un plan que la Xunta puso en marcha en junio de 2023 para hacer un seguimiento de 47.500 personas paradas. Como resultado, casi 10.400 dejaron de ser demandantes de empleo, es decir, el 22% de los casos revisados. El conselleiro manifestó que ese porcentaje no es extrapolable al total de la lista. Otras 7.000 personas de las que se sometieron a ese seguimiento “intensivo” consiguieron un trabajo.
González, que compareció junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Consello, expuso que, si no se firma ese acuerdo, la administración entenderá que esa persona en realidad no busca trabajo y la eliminará de la lista. Si cobra una prestación, la perderá durante los días que tarde en estampar su firma en el documento. Mientras no se selle el acuerdo, perderá el derecho a que, por ejemplo, los servicios públicos desarrollen un itinerario especializado para su búsqueda de empleo. Si firman pero no cumplen, habrá la posibilidad de aplicar sanciones que recoge la legislación estatal.
Además, la Xunta va a aplicar un criterio de antigüedad para acceder a un empleo a través de los servicios públicos. Si hay alguna vacante adecuada, quienes no firmen el acuerdo perderán su antigüedad y, por tanto, la prioridad para ser llamados para el puesto.