La Xunta de Galicia va a revisar el acuerdo adoptado con Abanca y la distribuidora de supermercados Gadisa, en virtud del cual estas dos empresas tienen acceso a los datos de 81.000 gallegos adheridos al carné familiar que gestiona la Consellería de Política Social. La tarjeta, que no supone coste alguno para la administración gallega, funciona desde 2001 como un gran carné público de descuentos al que se pueden acoger las familias que ya cuentan con el reconocimiento de familia numerosa. Las condiciones para solicitar ese reconocimiento obligan a la cesión de los datos a las dos empresas.
Según explica un portavoz de la Consellería de Política Social a elDiario.es, en los 20 años de vigencia de la iniciativa “ninguna familia” se ha quejado por la cesión de sus datos. La polémica saltó, sin embargo, la semana pasada tras una denuncia pública del Sindicato Labrego Galego (SLG). “A la luz de las quejas planteadas por el SLG la Xunta analizará la situación y, de ser el caso, revisará las condiciones del programa”, aseguran desde el gobierno autonómico a esta redacción.
El carné familiar permite el acceso a multitud de descuentos en todos los ámbitos del comercio y los servicios. Ofrece rebajas en servicios médicos como dentistas o psicólogos y también en todo tipo de establecimientos comerciales como tiendas de muebles, jugueterías o alimentación.
De todas las empresas que participan en la iniciativa, solo Abanca y Gadisa tienen acceso a los datos de los usuarios. La administración asegura que en el caso de la entidad bancaria, se debe a que es quien se encarga de expedir la tarjeta. Con respecto a Gadisa, la Xunta explica que su acceso a la información se debe a que esta gran cadena de supermercados “envía semestralmente una bonificación económica a las familias que se acogen al programa”.
En la actualidad hay un total de 25.000 familias numerosas en Galicia y poseen el carné familiar un total de 81.000 gallegos. Pueden acceder al mismo varios miembros de la misma familia.
Samuel Parra, abogado especialista en protección de datos, considera que la información que la Xunta ofrece a los usuarios “es insuficiente”. “La normativa exige que en el formulario se explique quién es el responsable del tratamiento de los datos, cuáles son todas las finalidades de quien los recaba y que posibilidades hay para ejercer los derechos de protección de datos como consulta o rectificación”, asegura.
Según Parra, el acuerdo de la Xunta con Abanca y Gadisa ofrece a estas empresas “una información muy valiosa” que les permitirá “dirigir su política comercial con mucho acierto”. Según este letrado, tanto la administración como las empresas implicadas estarían cometiendo una infracción administrativa: “La Xunta por no informar y las empresas por no asegurarse de que la información a la que acceden les llega de manera lícita”.