Pacientes psiquiátricos menores de 65 años están ingresando en las residencias de mayores de la Xunta de Galicia. Los deriva el Servizo Galego de Saúde, pese a que estos centros carecen de personal especializado –ni médicos ni enfermería– en enfermedades mentales. Tampoco existen protocolos específicos. La situación es, según alertan trabajadoras del sector, explosiva. La convivencia resulta difícil, las instalaciones no están adaptadas y carecen de profesionales adecuados para la labor. “Una residencia de mayores no es una alternativa a un hospital psiquiátrico”, denuncia Olalla Rodil, diputada del BNG, que ha llevado la cuestión al Parlamento gallego. El Gobierno autonómico se limita a responder que trabaja “en una mayor especialización de los servicios y los recursos”.
“El personal y los usuarios de las residencias tienen incluso miedo”, relata a elDiario.es una trabajadora de una residencia pública, “no hay medios ni preparación específica”. Las necesidades de pacientes con patologías psiquiátricas a menudo menores de 65 años –aunque hay algunas de más edad– y la de los mayores usuarios de estos centros son completamente diferentes. También sus modos de vida. Y su salud. “Si hubiese un proceso de adaptación de las residencias no habría problema. Pero no lo hubo ni lo hay”, explica a este periódico Manuel Gallardo, de la CIG. Este sindicato ya criticó esta política de ingresos hace unos meses. Calcula que sucede en unas 20 residencias públicas, todas las dependientes del Gobierno gallego, y en las concertadas. De cuántas personas se trata no está claro.
El director general de Maiores e Atención Sociosanitaria del gabinete de Alfonso Rueda, Antón Acevedo, dio por buenas las cifras que este jueves adelantaba el diario Faro de Vigo –el BNG las solicitó de la administración en noviembre pero no le respondieron. Son 1.097 usuarios los que han accedido a plazas de residencia por la vía de la emergencia social. Estos se deben principalmente a dos casuísticas, tal y como desgranó en la Cámara gallega Olalla Rodil: la soledad no deseada y la del riesgo para su integridad física o psíquica. Es esta última la que engloba a los pacientes psiquiátricos. Acevedo no concretó cuántos son. “Sería discriminación hacerlo”, dijo. Rodil se remitió a la hipótesis de la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais, que lo cifró hace unos meses en el 40% de esos 1.097.
“Estas personas están entrando en las residencias de mayores porque no hay donde meterlas”
La vía de la emergencia social es un procedimiento de acceso a una plaza pública de atención residencial. Acevedo se extendió sobre los fundamentos legislativos de la actuación de la Xunta de Galicia, el decreto 15/2010 por el que se regula el reconocimiento de la situación de dependencia. Para ello es necesario un informe social y otro de salud, y un dictamen del órgano de valoración de la dependencia. Pero a las preguntas concretas de la diputada del BNG no respondió más allá de lo genérico. “No vamos a dejar a ninguna persona en desamparo sin un recurso público”, adujo, y de manera implícita dio la razón a los trabajadores que alertan sobre la situación en las residencias: “Estamos trabajando, junto al Servizo Galego de Saúde, en la mayor especialización de los servicios y los recursos”. Sobre los riesgos de los que avisan los empleados de los centros, nada. Tampoco sobre la ausencia de médicos especialistas en psiquiatría en los centros. Este periódico preguntó específicamente a la Consellería de Política Social pero no hubo comentario. “No se ven capaces de atender a estas personas, que están entrando en las residencias de mayores porque no hay donde meterlas”, replicó Rodil. La diputada nacionalista también se refirió a “conflictos y graves problemas de convivencia”. “Los pacientes psiquiátricos no deberían estar con los mayores, tienen necesidades totalmente distintas”, corrobora a elDiario.es una trabajadora, “convivir no les proporciona nada bueno ni a unos ni a otros”.
Olalla Rodil recurrió incluso a la última ley de acompañamiento de los Presupuestos, que el Gobierno gallego suele utilizar para introducir modificaciones legislativas sin que haya excesivo debate. El artículo 36 de la aprobada junto a las cuentas de 2023 modifica el decreto sobre promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia. Y en él, la Xunta del PP expone que los servicios de atención residencial “se prestarán a personas con edad igual o superior a 65 años” y que solo de modo excepcional podrán dirigirse a menores de 65 pero que “tengan unas condiciones asistenciales equiparables a las del resto de usuarios de estos servicios”. Esto, según todas las fuentes consultadas por este periódico, no se cumple.
Los representantes laborales de los trabajadores de las residencias de mayores se reunirán el lunes con la cúpula de la Consellería de Política Social. Le trasladarán al departamento que encabeza Fabiola García su preocupación por “el internamiento de residentes con patologías psiquiátricas” en centros de mayores “al cuidado de personas no formadas y sin protocolos para su asistencia”.