La Xunta evita discutir que la familia Franco sea la legítima propietaria de la Casa Cornide, un palacete del siglo XVIII ubicado en una plaza del casco histórico de A Coruña. El inmueble está en venta. Los herederos del dictador buscan un comprador que se quede con una edificación en trámites de ser declarada bien de interés cultural (BIC) y sobre la que el Ayuntamiento de la ciudad anuncia desde hace dos años una demanda, aún no presentada, para reclamar que la propiedad vuelva a manos públicas. El proceso judicial no ha arrancado, pero el presidente gallego, Alfonso Rueda, se escuda en la previsión de que empiece en el futuro para no pronunciarse sobre quién debe ser el titular del edificio.
“Es un tema que está judicializado y supongo que mucho más se judicializará”, dijo en respuesta a una pregunta sobre quién considera la Xunta que es el legítimo propietario de la Casa Cornide. Dado que da por hecho que “la última palabra” la tendrá la Justicia, ha evitado tanto cuestionar que ese patrimonio siga en manos de los Franco como respaldar que se reclame que sea público. “Veremos en qué términos se judicializa”, añadió Rueda.
No es la primera vez que el Gobierno gallego, con el PP al frente, espera acontecimientos antes de adoptar iniciativas en lo que se refiere al patrimonio de los Franco. En el caso del Pazo de Meirás, entregado por una sentencia judicial hace dos años al Estado, la Xunta se personó en el proceso judicial en 2019. Cuando la justicia decidió que el inmueble debía ser público, el Gobierno gallego abrió un enfrentamiento con el central, al que le reclamó la gestión exclusiva del pazo y sobre que el quiso atenuar la huella franquista ensalzando la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán, primera propietaria de la edificación.
La Casa Cornide sigue en manos de los Franco a la espera de que se culmine la declaración de bien de interés cultural -que no cambia la propiedad, sino que obliga a abrirla determinado tiempo al público y a preservarla- y de que una demanda reclame su vuelta a manos públicas. El Ayuntamiento de A Coruña, que cuenta con un informe jurídico que concluye que la adquisición del palacete por parte de Carmen Polo fue fraudulenta, argumenta que necesita que se concluya la declaración BIC para que el proceso judicial tenga más visos de ser exitoso. La Xunta, que empezó en mayo de 2021 los trámites para dar esa protección al inmueble, todavía no ha entrado en la propiedad para inspeccionarla y completar el expediente. Señala que dispone de plazo hasta mayo de 2023 para hacerlo.
La propiedad terminó en manos de la esposa del dictador después de una operación en la que su precio se redujo bruscamente. En los años 60 el edificio pasó a manos municipales y, poco después, fue subastado. Lo adquirió Pedro Barrié de la Maza, empresario, conde de Fenosa y figura cercana a Franco. Pagó 305.000 pesetas por él, pero se deshizo en cuestión de días de la propiedad. La nueva dueña era Carmen Polo, que, a cambio, desembolsó 25.000 pesetas.