Cuando este lunes alumnado, profesorado y padres y madres del CEIP Frei Luis de Granada de Sarria (Lugo) llegaron al centro encontraron que en varias de sus aulas y fachadas habían sido colocados puntales de obra. El apuntalamiento se había realizado “de forma preventiva”, debido a la intensificación de los defectos constructivos que desde hace años viene sufriendo el edificio: suelos inclinados en algunas zonas, aparición de grandes grietas en las paredes “por las que se podía meter una mano” o la imposibilidad de cerrar muchas de las puertas y ventanas, por culpa de la curvatura de los marcos.
Desde la dirección del centro se aseguró que no existía peligro alguno y que solo se tomaba esta medida como “precaución” mientras se realiza un estudio para diagnosticar el origen de los problemas. Unos problemas que no son recientes, pues ya en el año 2011 las aulas habían tenido que ser desalojadas ante la aparición de defectos parecidos a los actuales. En ese momento fue preciso intervenir sobre la infraestructura en unas obras que duraron diez meses y que obligaron a reubicar al alumnado en otro centro.
El lunes, tanto padres y madres como el profesorado se negaron a que los niños acudieran a las aulas en estas condiciones. El martes sí hubo clases, pero a ellas solo acudió un 20% de los 367 alumnos y alumnas totales (71 en Infantil y 296 en Primaria), una situación parecida a la vivida el miércoles.
El martes por la tarde una larga y multitudinaria asamblea de más de tres horas, a la que asistieron alrededor de 300 padres y madres, sirvió para que los progenitores preguntaran sus dudas a representantes de la Consellería de Educación, aunque una buena parte de los asistentes quedaron decepcionados con la falta de información recibida. Desde la Xunta se asegura que el edificio está “perfectamente” y que no existe riesgo alguno para sus ocupantes. Asimismo, se defiende que desde la aparición de los referidos problemas en el 2011, “de forma periódica” se realizan controles para comprobar la seguridad del inmueble.
Tanto la Consellería de Educación como la propia comunidad educativa del centro están a la espera de un informe que debe valorar el estado actual del edificio y guiar las actuaciones que se deben poner en práctica para solucionar sus defectos. De momento, según indican desde la Xunta, el inmueble permanecerá apuntalado solo en el exterior y se realizarán pequeñas obras durante alrededor de un mes. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, destaca que los técnicos consideran que las fisuras son leves y no entrañan riesgos de colapso de la estructura. Y reitera que la decisión de instalar los puntales en el colegio fue tomada “por una mera cuestión de prudencia en tanto se recababan todos los datos que permitan valorar la situación”.
Padres y madres llevaron a cabo el miércoles una concentración a las puertas del centro bajo el lema “con la seguridad de nuestros hijos no juega nadie”. Las familias se muestran muy críticas con la gestión de la Consellería de Educación y critican tanto la falta de información como el hecho de que las obras previstas se vayan a llevar a cabo con los propios niños y niñas en el interior del edificio.
“Dicen que no hay riesgo de que caiga el edificio, pero nos queda la duda de por qué se pusieron los puntales”, señala Daniel, uno de los padres, que añade que “no tenemos la seguridad de que no haya peligro para los niños”. Asegura que, de momento, va a seguir sin enviar sus hijos a las clases, al igual que estos dos días hicieron una parte importante de las familias.
“No sabemos si los padres y madres que sí están llevando a los niños al colegio lo hacen porque piensan que no hay peligro o porque no tienen opciones para dejarlos en otro lugar”, comenta. “Nosotros sí tenemos la opción de no llevar la niña al colegio. Y si algún día no tenemos opción, tendremos que llevarla, aunque no tenemos la seguridad de que no haya riesgo para ella”, añade.
Por su parte, José Luis (otro de los padres) pide esperar al informe de la situación, pero reclama que se adopten medidas para solucionar las causas que están provocando estos problemas y no se limiten a hacer “parches”. “Si ellos dicen que el edificio es seguro, será seguro, pero eso no significa que no haya que solucionar esto, no podemos estar así, con suelos curvados y puertas que no abren”, dice. “En el momento en que sepan lo que hay que hacer, veremos si las obras son compatibles con que los chavales sigan yendo a las aulas”, remata.
El BNG ha criticado públicamente esta situación señalando la diputada Olalla Rodil que “rodeados de cientos de puntales, las alumnas y alumnos no pueden recibir una educación pública de calidad”. La parlamentaria califica la actitud de la Xunta de “imprudente”. “Que se derive el problema a las madres y los padres de llevar a sus hijas e hijos al centro cuando la responsabilidad de garantizar las condiciones de impartir aulas es de la misma Xunta es una irresponsabilidad por parte de este gobierno”, ha afirmado Rodil.
De momento, a pesar de las buenas palabras de los representantes del Gobierno gallego parece que continúa la preocupación en la comunidad educativa del centro. Tanto es así que este jueves la propia consejera de Educación, Carmen Pomar, se vio obligada a personarse en colegio para comprobar los trabajos previos a la elaboración del proyecto de obra para el refuerzo estructural del edificio. Una forma, a buen seguro, de aplacar el malestar generado entre las familias.