La Xunta de Galicia abre una guerra con el Gobierno central por las competencias sobre el litoral

La Xunta ha dado un paso más en el enfrentamiento con el Gobierno central por las competencias sobre el litoral. El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez se ha negado a transferirlas en los últimos meses, una petición habitual de la izquierda gallega que el PP ha hecho suya tras la aprobación de la ley estatal de cambio climático. Hasta el momento, el conflicto se mantenía en el ámbito de las declaraciones, pero el Gobierno gallego ha decidido empezar a elaborar una ley propia para regular la gestión de la franja de costa. Argumenta que un informe del Consello Consultivo concluye que el Gobierno gallego puede asumir plenas competencias en la materia sin modificar el Estatuto de Autonomía -un requisito que ha señalado el Ejecutivo estatal- y que se han pronunciado en el mismo sentido juristas y los asesores de la propia Xunta.

“Se trata de una normativa que nace con el objetivo principal de buscar el autogobierno pleno y la ordenación de la franja costera y de asumir el papel de gestión que le corresponde en el ejercicio de sus competencias exclusivas más significativas e identitarias”, sostiene la Xunta. El presidente, Alfonso Rueda, explicó este jueves que su gobierno ha aprobado en su reunión semanal dar inicio al proceso de consultas públicas previas, que estará abierto durante un mes. Las reformas del Gobierno central, ha protestado, “están frenando inversiones en el litoral”.

La que sería la primera ley de ordenación del litoral de Galicia concretará, según Rueda, la franja sobre la que la comunidad tiene “competencia exclusiva”, ordenará actividades e identificará cuáles considera estratégicas. Además, establecerá los criterios para nuevas concesiones y simplificará trámites administrativos para autorizar actividades. “Damos un paso adelante para ordenar nuestro litoral al amparo de las competencias que tenemos”, añadió. El año pasado una iniciativa reclamando la transferencia de estas competencias fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia.

La intención con la nueva norma, dijo el presidente de la Xunta, no es buscar “conflictividad jurídica”, aunque sí es una consecuencia posible. El presidente gallego recalcó que ahora comienza la elaboración del texto y que, si el Gobierno central se opone tendrá que esperar a que haya una ley como tal si quiere actuar contra ella. “En cualquier momento de la elaboración se puede abrir una comisión bilateral”, dijo y aseguró que la Xunta tiene “la mano tendida” para negociar. “Espero el mismo respeto que tiene -el Gobierno central- con otras comunidades”, insistió, en alusión a que otras autonomías gestionan competencias en el litoral.

La Xunta ha atacado reiteradamente la ley de cambio climático y la recurrió ante el Tribunal Constitucional, que desestimó la iniciativa del Gobierno gallego. Entre sus críticas están la de limitar la permanencia de Ence en su emplazamiento en la ría de Pontevedra, pero también los efectos sobre industrias tradicionales relacionadas con la pesca y el mar. Este jueves ha insistido en que los cambios normativos introducidos generan incertidumbre entre las empresas y también para algunas viviendas. Rueda aseguró que están “en riesgo” proyectos estratégicos para la comunidad y “el modo de vida de muchos gallegos y gallegas”. La regulación, afirmó, tendrá una perspectiva económica, social y ambiental. Afirmó que el objetivo es dar “seguridad jurídica” a los titulares de instalaciones ya existentes o proyectadas en el dominio público marítimo-terrestre y definir las actividades y usos permitidos con una planificación “por tramos” en función de las características de cada área. Tras el periodo de consulta pública previa sobre la elaboración, la Xunta hará una ronda de reuniones con los sectores implicados .