La ley con la que se creó la primera universidad privada de Galicia, en manos de Abanca, quedó aprobada hace algo más de un año en el Parlamento de Galicia, con la previsión de que comenzase su actividad en el curso 2022/23. Para abrir las aulas y empezar a recibir alumnos, le faltaba un último paso: la ley del sistema universitario de la comunidad requiere que se apruebe el inicio del funcionamiento mediante un decreto. El texto de ese decreto lo debatieron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y sus conselleiros en la última reunión de su Gobierno en el mes de julio. Pero en la rueda de prensa posterior el jefe del Ejecutivo gallego no hizo mención al documento que autoriza que comience la actividad en un proyecto que la Xunta defendió y el PP terminó sacando adelante en solitario, entre críticas de los rectores de las tres universidades públicas, de los grupos de la oposición, de plataformas en defensa de la educación pública e incluso del Consello Económico e Social, su órgano consultivo. Tampoco aparece ninguna alusión en la referencia de los temas abordados en el Consello que el Gobierno gallego distribuye a los medios tras cada reunión y que se pueden consultar en su web. Un portavoz de la Consellería de Educación lo atribuye, en conversación con este diario, a un error de comunicación.
La autorización no se ha difundido hasta dos semanas después, el 10 de agosto, al cumplir el trámite ineludible de publicarlo en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para que entre en vigor, una información adelantada por Nós Diario. El decreto aclara que el inicio de actividades de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) se autoriza a propuesta de la Consellería de Educación, con el informe preceptivo del Consello Galego de Universidades y tras la “deliberación del Consello de la Xunta en su reunión del 27 de julio de 2022”.
El permiso se da, añade el documento, tras haber comprobado que el proyecto cumple las leyes estatales y autonómicas vigentes en la materia. Sin embargo, algunos puntos colisionan con requisitos establecidos en la norma gallega sobre el sistema universitario. Entre las condiciones que pone para el reconocimiento de una nueva universidad está que el catálogo de titulaciones “deberá ser complementario y no reiterativo respecto a las titulaciones preexistentes y consolidadas” en el sistema universitario de Galicia. Entre los cuatro grados que la UIE prevé implantar está administración y dirección de empresas, una titulación que ya se imparte en los tres centros públicos gallegos.
La universidad prevé arrancar su actividad con cuatro grados, cuatro máster y dos doctorados. La oferta docente está por debajo de la que exige la norma estatal vigente para dar el visto bueno a la creación de una nueva universidad. El real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, que se aprobó el 27 de julio de 2021, pide un mínimo de diez titulaciones de grado, seis de máster y dos de doctorado. La UIE no llega a esas cifras, pero dado que la ley que la reconoce se aprobó en el Parlamento de Galicia unos días antes -el 13 de julio- de la entrada en vigor del real decreto, se puede acoger a la disposición transitoria primera, que señala que los centros ya reconocidos tienen un periodo de cinco años para adaptarse a los requisitos de la norma.
El proyecto de Abanca, el banco heredero de las antiguas cajas gallegas, levantó polémica cuando se presentó. Los rectores de las tres universidades públicas, la de Santiago, la de Vigo y la de A Coruña, se opusieron. Tanto BNG como PSdeG criticaron los planes, que consideraron que no respondían a un interés social y que duplicaban titulaciones ya existentes. En el Parlamento gallego, el PP se quedó solo en su apoyo y terminó aprobando la ley de reconocimiento solo con sus votos. Suso Bermello, el portavoz de la Plataforma en Defensa da Universidade Pública, que organizó una manifestación contra la creación de la UIE, dijo en una entrevista con elDiario.es que esta universidad privada “no es necesaria” por ser redundante su oferta formativa.