La Xunta se ha comprometido a levantar en los próximos años 20.000 viviendas protegidas en Galicia y acaba de dar el primer paso en este sentido: aprobar una partida de algo más de 43 millones de euros para hacerse con los terrenos, concentrados en las siete principales ciudades y el área de Vilagarcía de Arousa. El Gobierno gallego va a expropiar las parcelas que considere adecuadas en cada ayuntamiento para que promotores privados y cooperativistas sean quienes construyan.
El plan forma parte de las promesas electorales de Alfonso Rueda durante la campaña para las autonómicas del pasado mes de febrero. Después de 15 años en los que la vivienda cayó entre las prioridades del Gobierno gallego -el propio Rueda admitió que era un problema que les había pasado desapercibido-. El presidente gallego prometió también duplicar en esta legislatura el número de viviendas públicas para que pasen de 4.000 a 8.000 e impulsar 5.000 viviendas libres en los próximos años.
La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, compareció junto a Rueda al término del Consello de la Xunta de este lunes para explicar la estrategia: la primera fase, hasta 2028, debe resolver la cuestión del suelo necesario para levantar los edificios. En la segunda, sin una previsión concreta de cuándo estarán listas las viviendas, será la de licitación y ejecución de las obras. La colaboración entre sector público y privado será, según Rueda, “crucial”.
Martínez Allegue indicó que la Consellería se ha basado en los datos del registro de demandantes de vivienda, que muestran que la demanda está concentrada en las siete principales ciudades y su área de influencia y en el entorno de Vilagarcía de Arousa. Las cifras más altas son las de las dos ciudades más pobladas, Vigo y A Coruña. La Xunta no prevé actuar en zonas rurales porque, dice, el 90% de la demanda está en las áreas urbanas.
El Gobierno gallego ha hecho un estudio de suelos urbanizables posibles y, desde el martes, empezará a ponerse en contacto con los ayuntamientos, a los que les pedirá también que aporten fondos. Para “acortar tiempos”, se van a aprobar proyectos de interés autonómico (PIA), indicó Martínez Allegue.
La conselleira aseguró que se van a determinar algunas zonas para construir vivienda protegida para menores de 35 años. Esta figura implica que hay unos precios máximos para la venta de los inmuebles y unos topes de renta para adquirirlos, recordó.
En esta primera fase de conseguir los terrenos para construir, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) va a expropiar los suelos. El cálculo es que son necesarios más de 3,3 millones de metros cuadrados.