Hace dos semanas que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció en un foro privado que la Xunta va a aumentar la bonificación que aplica al impuesto sobre el patrimonio, un gravamen que afecta a quienes tienen más de 2 millones de euros -en Galicia, algo más de 8.000 contribuyentes, con un patrimonio medio de 6 millones de euros-. Pero ni él mismo ni otros miembros de su Gobierno habían concretado los objetivos de esa medida más allá del planteamiento general del PP, el partido al que pertenecen, en favor de rebajar los gravámenes. El jefe del Gobierno gallego aclaró este jueves cuál es el objetivo: “Entendemos que sirve no solo para atraer riqueza, sino también para retener a la que ya hay aquí y no se vaya a otros lugares donde este impuesto ya no existe”.
En un contexto en el que Andalucía -otra comunidad gobernada por el PP- se sumaba a la senda de Madrid -en la que el Ejecutivo es del mismo color- con una supresión en la práctica del impuesto sobre el patrimonio, el presidente gallego no quiso quedarse al margen de esta estrategia de crear un entorno acogedor para los grandes patrimonios. La bonificación, que en Galicia ya era del 25% para un tributo con un mínimo exento de 700.000 euros más la vivienda habitual hasta un valor de 300.000, se elevará hasta el 50%.
El presidente gallego ha repetido en que las medidas fiscales que está diseñando su gobierno están pensadas para “estimular sobre todo a las rentas más bajas, que es donde se concentran las mayores bajadas”. Se refiere a que la Xunta prevé también una rebaja en el tramo autonómico del IRPF a las rentas de hasta 35.000 euros. En concreto, se va a hacer por la vía de la deflactación -no se reducen los tipos, sino que se ensanchan los tramos de renta que tributan a los tipos más bajos-. Esto supondrá un ahorro de 46 euros anuales a cada contribuyente. En el caso del impuesto sobre el patrimonio, el desembolso que ya no harán es de unos 4.400 euros cada ejercicio.
Con la bonificación de este tributo que se aplica a grandes patrimonios, el impacto para las arcas públicas es de 15 millones de euros, dijo Rueda. Ese cálculo contabiliza solo lo que supone pasar de una rebaja del 25% al 50%. Si la Xunta no aplicase ningún descuento, recaudaría en torno a 34 millones de euros más.
La coexistencia con el impuesto a grandes fortunas
Rueda cargó contra el Gobierno central por su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y su previsión de implantar un impuesto temporal a las grandes fortunas. Considera que esta medida supone “hacer oposición” a las comunidades autónomas que han anunciado rebajas en el de patrimonio. Cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez comunicó su intención, la Xunta no había aclarado aún si bonificaría los tributos que pagan los más ricos en la comunidad.
Para el presidente gallego hay “caos y confusión” en torno a la política fisca en España y el Gobierno central está “contribuyendo” a ello: “No sabemos cómo se va a producir esa coexistencia -entre el impuesto a las grandes fortunas y las bonificaciones al de patrimonio-. Ha censurado también que los presupuestos del Estado hayan ”salido muy políticos“. En su opinión, ”están pensados para la supervivencia del Gobierno“.