No lo dice ni la oposición ni los sindicatos, sino el Consello de Contas, el ente independiente fiscalizador de las cuentas públicas gallegas equivalente al estatal Tribunal de Cuentas: “Aunque el primer objetivo del Plan Forestal [de la Xunta] era la estructuración y capitalización de los espacios forestales, transcurridos más de 20 años desde su aprobación los esfuerzos presupuestarios se siguen concentrando en el programa de prevención y extinción de incendios”. Así lo acaba de decir en plena precampaña de las autonómicas y con la temporada de máximo riesgo de incendios ya iniciada, en un informe que hizo público hace ahora justo un mes, el pasado 15 de julio, pero que, desvelado en un fin de semana de verano entre otros muchos informes sobre las cuentas públicas, no tuvo hasta ahora ningún eco mediático.
El informe de Contas es el correspondiente a la evaluación del cuarto quinquenio del vigente Plan Forestal de Galicia 1992-2032, un documento impulsado tras el desastre ambiental de 1989, cuando ardieron en toda la comunidad 200.000 hectáreas (como comparación, en 2006 fueron 96.000 y en la última semana 7.000). El ente fiscalizador recuerda que el plan preveía dedicar al total de políticas forestales “en torno a un 3% del total” de los presupuestos autonómicos, pero que “en el cuarto quinquenio de ejecución del Plan (2008-2012) las políticas forestales se contemplaban en el presupuesto inicial con un peso que ronda el 1,55%”, cifra que al analizar su ejecución real cae al 1,44%.
Contas admite que los años analizados son los de la recesión económica, aunque dice que lo mismo pasaba antes y sigue pasando ahora y lamenta que la contracción en el presupuesto forestal fuera mayor que en otras áreas autonómicas y que en él siga primándose la lucha contra el fuego frente a la mejora de los montes: “En lo que se atiene al período 2008-2012, mientras el plan forestal contemplaba como porcentaje de inversión en prevención de incendios un 13,20% del total frente a un 86,80% de la inversión para fomento de las políticas forestales, la realidad presupuestaria del quinquenio muestra cómo se invierte ese porcentaje”, dice. Según el ente fiscalizador, la Xunta viene gastando, en el quinquenio analizado y también en los años posteriores, incluido el actual, unos 150 millones de euros al año en políticas forestales, de los que unos 100 millones (más del 60%) van destinados a actuaciones contra los incendios frente a menos de 50 millones anuales destinados a la ordenación de las producciones forestales.
El informe de Contas, de 80 páginas, fue remitido a la Xunta antes de su publicación para que formulara las alegaciones que considerara oportunas. Lo hizo el director general de Ordenación y Producción Forestal, Tomás Fernández-Couto, en el cargo desde la llegada de Feijóo a la Xunta en 2009 y anteriormente con Manuel Fraga entre 1996 y 2005. En su escrito, de cuatro folios, el principal responsable de la ordenación forestal de Galicia durante las dos últimas décadas justifica que los propietarios de los montes no invertirían en ellos si la Xunta no gastara tanto en el servicio de extinción: “De qué sector forestal estaríamos hablando, si el éxito en la lucha contra los incendios forestales no hubiese devuelto a los gallegos la confianza de las potencialidades del monte, frente al desánimo que reinaba en los propietarios forestales en el arranque del Plan Forestal de Galicia por el convencimiento de que el fuego daría al traste con todos sus esfuerzos. El despliegue del dispositivo que sostiene el programa [de prevención y lucha contra el fuego] permite que estemos hablando de Galicia como la mayor potencia forestal del Estado”.
Contas desechó las alegaciones del director general por considerarlas “opiniones” y no datos contrastables, y mantuvo su análisis en base a indicadores que le permiten criticar el excesivo peso presupuestario de la lucha contra el fuego frente a la ordenación forestal. El ente fiscalizador también censura que, más de 20 años después de iniciarse el plan forestal, el departamento autonómico iniciase la revisión de esa planificación sin haber analizado hasta ahora sus resultados.
Obstáculos para mejorar la gestión
El tribunal de cuentas gallego analiza en su informe diversas dificultades existentes en la gestión de los montes gallegos. Según el ente fiscalizador, “la ausencia de seguridad jurídica en la delimitación de la propiedad forestal origina conflictos de deslinde tanto entre montes privados como entre montes vecinales comunales o entre montes privados y vecinales; estas circunstancias dificultan la agrupación de la propiedad y la gestión conjunta de los montes”. En esa mejora de la gestión conjunta, Contas analiza uno de los instrumentos que viene impulsando el Gobierno gallego, las Sociedades de Fomento Forestal (Sofor). Los presupuestos autonómicos para los años 2012 y 2013 contemplaban la inscripción de 50 de esas sociedades con 5.000 productores beneficiados, “sin embargo, en ninguno de los ejercicios se ejecutaron esos indicadores”, dice el informe. Según sus datos, “en la actualidad hay en Galicia 5 Sofor constituidas, con un total de 800 hectáreas y 300 propietarios en conjunto”. El ente fiscalizador concluye que las líneas de ayudas destinadas por la Xunta para promover esas figuras de gestión son ineficaces.
Otro de los análisis que hace Contas sobre la gestión forestal de la Xunta se centra en el personal autonómico dedicado a esa área. “La dedicación del personal del distrito [forestal] a lo largo del año a trabajos propios de prevención y extinción de incendios dificulta la dedicación a tareas propias de extensión forestal que permitan estar en contacto con los propietarios de los montes para intercambiar ideas, conocimientos y técnicas que contribuyan a mejorar los montes”. Según el ente fiscalizador, hay una “escasa planificación de las actividades del distrito [forestal] e insuficiente coordinación entre los servicios de los que dependen: servicio de montes y servicio de prevención y extinción de incendios”.
El informe de cuentas concluye con diversas recomendaciones a la Xunta, entre ellas la de “primar las inversiones para la estructuración y capitalización de los montes con el fin de que cara al futuro no se tengan que destinar los cuantiosos recursos que se ejecutan en la actualidad en medidas de prevención y extinción de incendios”.