El Parlamento de Galicia acoge desde este martes el segundo debate de política general de la segunda legislatura de Alberto Núñez Feijóo como presidente. En el del pasado año, el primero tras las elecciones autonómicas de 2012, el jefe del Gobierno gallego desplegó todo un abanico de llamamientos al “diálogo”. “Colaboren en algo”, “el diálogo es posible”, proclamó hacia las bancadas de la oposición. Este convite duró algo menos que el propio debate: en el momento de discutir las propuestas de resolución, esto es, las medidas más o menos concretas que surgen de esta sesión anual, los conservadores tumbaron el 98% de las propuestas del resto de grupos, a los que les achacaron una “estrategia premeditada” por incluir “coletillas” en forma de “plazos y cantidades imposibles de cumplir”. Así, en aquella ocasión solo salieron adelante las 50 propuestas del PP y dos de la oposición. Casi un año después, alrededor del 60% de ellas permanecen incumplidas.
No todas las resoluciones aprobadas incluían un mandato explícito para el gobierno que permita evaluar su cumplimiento. Así, es preciso excluir de este cálculo las resoluciones de contenido puramente político o declarativo, como las condenas a las declaraciones a favor del franquismo o a los actos violentos. También cabe incluir en este grupo iniciativas más bien inconcretas cuyo cumplimiento o incumplimiento es difícil de medir, como las encaminadas a promover la “sostenibilidad” del Sergas o a “potenciar” la actividad de la Agencia Tributaria de Galicia. Una vez excluidas, quedarían 42 iniciativas cuya realización es más o menos mensurable. Si fueran incluidas en el cálculo, las propuestas cumplidas apenas llegarían al 40%.
Los incumplimientos
Entre las resoluciones incumplidas figuran varias que incluían, precisamente, la concreción de plazos que criticaba el PP, así como iniciativas que acumulan meses e incluso años en la agenda del partido del Gobierno. Este es el caso, por ejemplo, de la reforma electoral para recortar el número de escaños del Parlamento, que sigue en tramitación pero que aún no ha sido aprobada. Lo mismo ocurre con la ley de control de calidad de los servicios públicos, que ya vio la luz en forma de anteproyecto pero que ni siquiera ha iniciado la tramitación parlamentaria.
Tampoco hay grandes novedades respecto a la financiación autonómica, aunque el PP se comprometió a que el Gobierno fijara una posición clara en relación con un debate que el Estado mantiene congelado. En el capítulo de medidas anunciadas pero no aprobadas está también la nueva Ley de Finanzas, el canon de la minería, la nueva ley de economía social o la Estrategia Gallega de Atención a la Cronicidad.
Entre las medidas aprobadas hace un año hay incumplimientos que son, si cabe, más claros que los anteriores. Los populares aprobaron sacar adelante el nuevo Plan Director de Cooperación avalado por “consenso” y fue aprobado entre duras críticas de las organizaciones del sector. También le dieron luz verde a “actualizar y simplificar” el Plan Estratégico de la Economía, pero este, al menos en su portal oficial, permanece inalterado. Al mismo tiempo, el grupo que sustenta al gobierno se comprometió a lograr una coordinación entre los aeropuertos que sigue sin llegar, a reforzar el desarrollo de unas energías renovables que siguen en caída libre, a construir el dique flotante de Ferrol o a consolidar más personal investigador en las universidades gallegas. Asimismo, votaron también retornar al “consenso” en materia lingüística.
Los acuerdos cumplidos
En el lado contraria de los incumplimientos están los acuerdos que el Gobierno ha cumplido o, por lo menos, da por cumplidos. En este último caso está, por ejemplo, el despliegue de un “plan de promoción de Galicia” entre las comunidades gallegas del exterior, que el Ejecutivo asegura que ha llevado a cabo con un espacio expositivo que está rotando por diversos centros de la diáspora gallega. También culminó, como se aprobó en aquella sesión parlamentaria, la apertura del Centro de Recuperación Integral para mujeres víctimas de violencia de género y está primando en las convocatorias de subvenciones a los ayuntamientos que se unan entre sí para optar a esas ayudas. Del mismo modo, el Ejecutivo ya há impulsado las modificaciones legales para dotar a la conocida como Policía Autonómica de más capacidad sancionadora ante los incendiarios
El Gobierno gallego también puede incluir en el apartado de acuerdos cumplidos la aprobación de la Estrategia de Especialización RIS3, la consecución del objetivo de déficit para el pasado año o la aplicación de una reducción parcial en el impuesto sobre la renta. El gabinete de Feijóo también ha continuado erradicando puntos de vertidos de residuos, como marcaba un plan previo y desarrollando el conocido como pacto local del agua con la Fegamp; y les ha remitido a los grupos en plazo su propuesta de reforma de ley del suelo. También está en marcha lo que el Gobierno presentó como “relanzamiento” de la marca Galicia Calidade y el plan para la gestión de la biomasa, y se aplica, como se aprobó, la difusión de determinados contenidos digitales en las aulas. Igualmente, continúa la difusión publicitaria del plan demográfico y se han dado los primeros pasos para una futura ley de estructura agraria.