A principios del pasado mes de agosto un comunicado de la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais (AGISS) puso en alerta sobre un hecho denunciado sotto voce por trabajadores de este tipo de instalaciones desde hace años: alguien en la Xunta avisaba a los directores de las residencias de ancianos justo antes de que los funcionarios acudiesen a realizar una inspección sobre la calidad en el servicio. La consellería de Política Social no tardó en negar la existencia de chivatazos y ahora ha decidido iniciar una investigación. La intención inicial no trataba de aclarar las irregularidades sino de localizar a los funcionarios que pudiesen encontrarse detrás de la denuncia que en su día firmó una única persona: Marcelino Vidal Casas, presidente de la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais.
Fuentes de Política Social confirman a elDiario.es la apertura de un “expediente de investigación”. Para llevarlo a cabo el Gobierno gallego ha designado a un funcionario del cuerpo superior como instructor de la pesquisa. Según las mismas fuentes ese expediente puede derivar en la imposición de sanciones a los funcionarios que hubiesen podido participar en una denuncia pública que nunca pasó de ubicarse en un comunicado y que el Gobierno gallego negó desde el minuto uno.
Ante el lío de llamadas y preguntas de los periodistas, la Xunta ha variado, a lo largo de la mañana de este jueves, su postura inicial para decir que su investigación también pretende aclarar si esos chivatazos, que se negaron en inicio, tuvieron lugar o no. El razonamiento del ejecutivo gallego es el siguiente: si ha habido chivatazos cómo es posible que algunas residencias hayan sido expedientadas después de una inspección.
El presidente de Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias das Residencias (REDE), Paulino Campos asegura que la Xunta ha puesto en marcha una “caza de brujas” y recuerda la comparecencia de la conselleira de Política Social en el Parlamento de Galicia en la que aseguró que las denuncias “tendrían consecuencias”.
Fuentes del colectivo de inspectores aseguran a esta redacción que desde que se realizó la primera denuncia han recibido llamadas intimidatorias de sus superiores en la búsqueda de los funcionarios que pudieran haber participado en la redacción del comunicado de agosto que firmó una única persona. elDiario.es ha preguntado a Política Social si su investigación incluye el control de los ordenadores de los funcionarios, así como el acceso a sus cuentas de correo electrónico. La respuesta ha sido la siguiente: “Nosotros no podemos saber eso ya que esa información solo la tiene el instructor del expediente”.
Rueda lo defiende como un acto de transparencia
Preguntado al respecto de los motivos para abrir expediente a los funcionarios que hayan podido participar en la denuncia pública, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado que se trata de un acto de “transparencia e investigación” que se deriva de “querer saber lo que pasó”.
Ha dirigido a los funcionarios el mensaje de que no tienen de qué preocuparse si no han sido responsables de ninguna “conducta no adecuada a sus deberes como funcionario público”. En su opinión, los ciudadanos esperan que, ante una denuncia grave como la de que hay avisos a los directores de residencias de mayores antes de que se haga una inspección, el Gobierno gallego indague no solo si se han dado esos chivatazos, sino también quién ha hecho la denuncia de que eso ocurre. “La gente espera que investiguemos en sentido amplio”, argumentó.